Recientemente el país ha comenzado a percibir señales de una posible modificación en la política económica oficial, dando lugar a diversas interpretaciones y comentarios en medios de comunicación y redes sociales. Algunos asesores y representantes de grupos empresariales, así como articulistas de opinión, han expresado favorables expectativas y muchos se confiesan optimistas y dispuestos a participar activamente en la que sería una nueva política económica.
Entre las medidas ya adoptadas que estarían evidenciando el cambio, destaca la eliminación de controles y regulaciones a las actividades económicas, así como facilidades e incentivos al comercio exterior. Además de liberar precios y tasas de cambio, se permite y hasta estimula, el uso de moneda extranjera en transacciones comerciales y en operaciones de financiamiento, y se ha propiciado un proceso de diálogo con representantes de organizaciones del empresariado nacional. Pero el elemento de mayor densidad corresponde a la promulgación de la ley denominada “Antibloqueo” que favorecería medidas de estímulo a la actividad privada y abriría puertas a la privatización de empresas públicas.
La renuncia del régimen a su política económica estatista e intervencionista no estará exenta de discrepancias en el seno de las agrupaciones que le dan sostén, por cuanto representa el abandono de orientaciones y líneas de política mantenidas por veinte años y que forman parte del bagaje ideológico del proceso iniciado por Chávez. Su imposición revelaría el predominio de una posición pragmática, que asigna prioridad a la supervivencia y a la consolidación del poder. La alta dirigencia del régimen y sus asesores internacionales, están conscientes de la amenaza que la crisis económica, con sus efectos catastróficos sobre la población, les representa. La continuación y probable agudización de la crisis, tendría un alto costo político con pérdida de gobernabilidad, disminución de la capacidad de maniobra, escasez de recursos para la aplicación de medidas populistas y el mantenimiento de lealtades, profundización y extensión del descontento popular, necesidad de acentuar la represión y mayor rechazo en la comunidad internacional.
Para justificar la adopción de un viraje en su política económica, el régimen culpa a las sanciones aplicadas por Estados Unidos, los paises de la Unión Europea y otros, de la crisis económica que vive el país; a sabiendas de que más de tres años antes de la aplicación de sanciones a partir del 2017, ya la economía venezolana había entrado en recesión y que la caída de precios del petróleo precipitó la crisis, pero no fue su causa. El levantamiento de las sanciones económicas es seguramente una condición necesaria para la reactivación de la economía nacional, pero no es suficiente. Internamente el régimen, y quienes lo asesoran, reconocen la inevitabilidad de una modificación sustancial al esquema que ha regido la política económica hasta el presente.
En la reactivación de la economía nacional se plantea como primera exigencia, la recuperación de la industria petrolera, hoy en colapso. Ello implica grandes inyecciones de capital, una gerencia eficiente y concentración de la industria en el logro de los objetivos que le son propios. La actual dependencia de capital y de experticia del extranjero para el desarrollo de la explotación del petróleo, lleva a recordar la situación existente en el país en los años treinta del siglo pasado.
Paralelamente a la industria petrolera, otras industrias básicas y diversas empresas hoy propiedad del estado, serían objeto de un rescate similar. Al tiempo que se otorgarían facilidades e incentivos para la operación de empresas privadas, particularmente de aquellas que contribuyen al abastecimiento de la población en bienes y servicios básicos, tal como como parecen indicarlo las medidas y correctivos que se han comenzado a aplicar.
Sin embargo, la reactivación enfrenta serias dificultades y restricciones. Sin el levantamiento de las sanciones económicas, a pesar de las modificaciones que se adopten, serían muy reducidos sus efectos y beneficios. Pero, aún superado el tema de las sanciones, la posibilidad que tiene el país de acceder a los recursos financieros que la reactivación exige, es bastante limitada. Incrementar la deuda externa es prácticamente inviable. Venezuela detenta ya calificación de “alto riesgo” y presenta situaciones de incumplimiento en su deuda, lo que la obliga antes que nada, a tramitar el refinanciamiento o cualquier otro arreglo con sus acreedores. El financiamiento de organismos multilaterales hace tiempo que dejó de ser opción para el régimen, y el bilateral, que llegó a ser muy elevado por parte de China, se encuentra paralizado y sin perspectivas de reactivación.
La captación de inversiones, sea por venta o arrendamiento de bienes públicos, como por ampliación de la participación privada en empresas mixtas para la explotación de hidrocarburos y de minerales y el incremento en el número de las ya existentes, aún cuando viable, debe considerar que, en el contexto de la grave crisis económica, social y política que sufre el país, unida al intervencionismo oficial, la inseguridad jurídica y pública, la deficiencia en los servicios básicos, los altos costos de intermediación, la pérdida de recursos humanos calificados y las dificultades para desarrollar procesos y transacciones económicas; los potenciales inversores pretenderán precios muy por debajo de los valores reales, así como el otorgamiento de amplias facilidades y garantías. Debe cuidarse por tanto que las operaciones en el marco de “la apertura” no representen el “saqueo” de los activos nacionales, y que la adquisición de los mismos responda más a un objetivo especulativo que productivo. No puede tampoco ignorarse la posibilidad de que en algunos casos, estén implicados capitales provenientes de actividades ilegítimas.
La privatización de activos nacionales es un proceso muy delicado que presenta diversos riesgos, como se desprende de las experiencias en numerosos países. A los riesgos que son propios a toda negociación, es necesario añadir aquellos relacionados con la intervención dolosa con fines políticos o en el beneficio de particulares. Un caso paradigmático, ampliamente difundido, es el de la privatización en Rusia durante el período de la transición que siguió al derrumbe del sistema comunista, cuando se favoreció intencionalmente a personas y grupos cercanos a los miembros del gobierno, dando lugar al surgimiento de una oligarquía plenamente identificada con la cúpula en el poder.
En Venezuela, la opacidad implícita en la “Ley Antibloqueo” constituye una señal que debe preocupar. La nueva política económica podría otorgar protección, facilidades y estímulos a empresarios, a grupos y a empresas consideradas amigas y, particularmente, a quienes establezcan vínculos y compartan intereses con autoridades civiles y militares; mientras que se aplicarían múltiples restricciones a empresas independientes o calificadas de “no colaboradoras”. La mayor parte de los capitales provendrían del exterior, casi exclusivamente de entidades de países políticamente afines, sin descartar la participación de fondos originados en actividades ilícitas como el narcotráfico.
Pero no se limitan a los procesos de negociación y contratación de inversiones, los manejos que pudieran implicar graves perjuicios al interés nacional. A ellos se añade el destino y utilización de los capitales y rentas que derivan de los contratos. Los cuantiosos ingresos extraordinarios que percibió la nación por más de una década, condujeron a la crisis económica de los últimos años. Un millón de millones de dólares se desvanecieron dejando al país en condiciones mucho peores en infraestructura, servicios públicos, abastecimiento, salarios, alimentación y salud con respecto a las existentes a comienzos de siglo y, por sí fuese poco, con una deuda externa cinco veces mayor. La desviación y el derroche de recursos, el gasto improductivo e ineficiente, la malversación y la corrupción, fueron causa evidente de tales resultados.
Corresponde a la sociedad venezolana y a la Asamblea Nacional legítima, con el apoyo de instancias internacionales competentes y de países comprometidos con principios democráticos, exigir condiciones de total transparencia en las operaciones de financiamiento al país, sean ellas vía endeudamiento o resultado de la venta de activos nacionales y, más aún, en los casos de concesiones para la explotación de recursos naturales. El empresariado nacional, así como los empleados y trabajadores organizados, deben mantenerse vigilantes en la defensa de sus genuinos intereses, sus libertades y derechos económicos y sindicales, evitando el riesgo de convertirse involuntariamente, en cómplices de procesos cuestionables y, en ciertos casos, abiertamente contrarios al interés nacional.
Anteriormente se ha señalado que la existencia de sanciones económicas constituye una fuerte restricción para la implementación de la política de reactivación económica, pero que el solo levantamiento de las mismas no garantiza el logro del objetivo, por cuanto ello exige decisiones acertadas, normas, medidas y procedimientos idóneos y operadores eficientes. En este sentido, el levantamiento de las sanciones pudiera resultar de un acuerdo, entre quienes ejercen el poder y representantes calificados de la ciudadanía, estableciendo los lineamientos y las normas que deberán regir todo el proceso.
