Un grupo de 34 legisladores estadounidenses, del Partido Demócrata y Partido Republicano, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le solicitan aumentar la presión sobre el gobierno venezolano, que preside Nicolás Maduro, sancionando a funcionarios responsables de corrupción y violación de los derechos humanos.
En la misiva señalan su especial preocupación por el nombramiento de Tareck el Aissami como vicepresidente de la República, debido asus presuntas vinculaciones con el narcotráfico y respaldo a grupos terroristas del Medio Oriente.
“Una acción decidida y basada en principios, en respuesta a los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela como una de las primeras acciones de política exterior de su administración, enviaría un poderoso mensaje al régimen de Maduro y al pueblo venezolano”, dice el documento firmado por losrepublicanos Marco Rubio, Ted Cruz, Mario Diaz-Balart, Mia Love, Ileana Ros-Lehtinen, y los demócratas Robert Menéndez, Bill Nelson, Debbie Wasserman Schultz y Norma Torres.
Con respecto a El Aissami, los parlamentarios citan en la carta investigaciones periodísticas de diferentes diarios estadounidenses que han denunciado lassupuestas actividades delictivas del nuevo vicepresidente. «Teniendo en cuenta estos informes, el deterioro de la situación humanitaria en el país y su importancia en el régimen, instamos a los organismos correspondientes investigar a fondo la conducta y las actividades de Tareck el Aissami», expresaron con especial atención.
En concreto, los legisladores piden a Trump que sancione a funcionarios responsables de beneficiarse de la seria situación humanitaria y que estén involucrados en corrupción.
«Un extenso informe de investigación de la Associated Press en diciembre de 2016 revela lo que muchos supusieron que era cierto, que los corruptos funcionarios venezolanos se benefician de la lucha humanitaria en el país», señalan en la carta.
También pidieron al Departamento del Tesoro que emita reglamentos clarificadores para asegurar que las compañías de Estados Unidos no estén, sin saberlo, colaborando con este tipo de corrupción y reciban favores del pago excesivo por contratos de alimentos en violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Los legisladores también llamaron a buscar un mayor financiamiento de Estados Unidos para el trabajo en pro de la democracia y la sociedad civil en Venezuela.
“Justicia está politizada”
El presidente Donald Trump arremetió nuevamente contra la justicia y acusó a los tribunales de su país de estar politizados y a los jueces que evalúan su decreto antiinmigratorio, de momento suspendido, de poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. A la espera de que tres jueces de una corte federal de apelaciones de San Francisco se pronuncien esta semana sobre la orden presidencial que prohibió la entrada al país a inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes, Trump aumentó el tenor de su conflicto con la rama judicial. «Jamás quiero decir que un tribunal es parcial, por tanto no voy a decir que es parcial y aún no tenemos una decisión. Pero los tribunales parecen estar muy politizados», dijo el presidente republicano en una reunión en Washington con la asociación de comisarios policiales.
Expresó estupefacción con respecto a las preguntas hechas por los jueces sobre su decreto en una audiencia telefónica el martes. Afirmó que lo que escuchó fue vergonzoso.
Aunque analistas esperan un fallo contrario al gobierno en San Francisco, la Casa Blanca se mostró confiada de un triunfo a la larga sobre la justificación de la prohibición migratoria. «La Constitución claramente da al presidente toda la autoridad para impedir la entrada a cualquiera que no venga a este país de manera pacífica», dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.
