Los números son escalofriantes. Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al menos 27 uniformados, entre policías y militares, fueron asesinados entre el 15 y el 27 de abril por distintos grupos armados.
El mandatario, así como expertos y centros de análisis, explican este rebrote de violencia en parte a un «plan pistola», una estrategia contra la fuerza pública recurrida por grupos armados que se remonta a fines de los 80, cuando Pablo Escobar lanzó una ofensiva contra el Estado colombiano que mató a cientos de uniformados.
Colombia, a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales, ve cómo se agota el tiempo para la ambiciosa estrategia de «paz total» que prometió Petro y que arroja resultados decepcionantes para los colombianos.
Solo en este 2025, crisis de violencia en regiones como el Catatumbo, el Cauca y Valle del Cauca encendieron las alarmas sobre el deterioro de la situación seguridad en el país, que continúa agravándose con esta última embestida mortal contra policías y militares.
La ofensiva, según investigadores, es perpetrada fundamentalmente por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, a la que se han sumado otros ataques de disidencias de las Farc y la guerrilla ELN.
«No es un plan coordinado de estos grupos, sino una respuesta coincidental de los mismos ante el viraje hacia una política más confrontativa por parte del gobierno de Petro», le dice a BBC Mundo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
Rebrote de ataques
A comienzos de abril, medios colombianos reportaron cómo una operación conjunta entre la policía colombiana y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acabó con la vida de José Miguel Demoya Hernández, alias «Chirimoya», señalado como uno de los principales líderes del EGC, a la que el Estado considera la organización criminal más grande de Colombia y les atribuye delitos como el narcotráfico y la extorsión.
Según Bonilla, la última arremetida contra la fuerza pública por parte de este grupo sucede en respuesta a esta baja.
Es desde entonces que se contabilizan las al menos 27 muertes de uniformados, la mayoría en ataques supuestamente orquestados por el EGC.
Datos del Ministerio de Defensa muestran una situación más grave.
De acuerdo a esta entidad, 41 miembros de la fuerza pública fueron asesinados en actos de servicio entre enero y marzo de 2025, la peor cifra en este mismo lapso de tiempo desde el primer trimestre de 2018.
Petro llegó al poder en agosto de 2022. Tanto en campaña como durante su mandato prometió un enfoque distinto a muchos de sus predecesores para lograr la paz en Colombia.
Dijo que se sentaría a la mesa negociadora con todos los grupos armados posibles, incluyendo al EGC, herederos del paramilitarismo y al que gran parte de la opinión pública colombiana considera deslegitimados para acordar cualquier paz.
A casi tres años de su posesión presidencial, los resultados de la estrategia de Petro no cumplen con las expectactivas.
Hoy los diálogos con el ELN están suspendidos, la ofensiva del Estado contra el EGC y otros actores se intensifica y recientemente fue nombrado como ministro de Defensa el militar Pedro Sánchez.
Este hecho fue interpretado en Colombia como una confirmación del giro hacia una postura más combativa y de mano dura del gobierno contra los grupos armados.
«Esto provoca un cambio en la expectativa de los grupos, que ahora presionan al Estado, pero no porque se hayan coordinado entre sí. A las acciones del Clan del Golfo se unen otros atentados contra miembros de la fuerza pública por parte de otros grupos armados, más pequeños, rurales y territoriales, que también tienen relación con el crimen organizado», refleja Bonilla. (BBC Mundo)
