La normativa contempla penas de 12 años de cárcel a quienes se involucren o promuevan actos asociados al fascismo. Los expertos advierten sobre la imprecisión de sus conceptos. Temen que sea un nuevo instrumento para censurar y castigar a la disidencia.
La Ley contra el Fascismo promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y que está a punto de ser aprobada por el parlamento es una ley de corte “penal” que puede usarse para censurar y sancionar a la disidencia política, de acuerdo con expertos en derechos humanos.
Esta semana, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, recibió de manos de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el borrador de ley contra el fascismo y lo aprobó en primera discusión. En cuanto se apruebe en una siguiente fase, Maduro la sancionará.
La norma consta de 30 artículos y define el fascismo y el neofascismo como “métodos de violencia de acción política”, explicó Rodríguez a los parlamentarios, citando como ejemplos de ello a las protestas de calle contra el chavismo en 2014 y 2017.
