06/12/16.Con esa sentencia los magistrados del TSJ demuestran que son cómplices de la corrupción que azota todos los niveles del Estado venezolano. Es lamentable e inaceptable que el máximo tribunal de la República, llamado a sancionar a los corruptos que han saqueado el erario público, sea el que avale la impunidad y siga permitiendo casos como el del Contralor General de la República, que además de ocupar ilegítimamente ese cargo, es un vergonzoso ejemplo de nepotismo y corrupción”, enfatizó Guevara.
Igualmente rechazó que la sentencia del TSJ declare la inconstitucionalidad de la ley alegando que la materia es competencia exclusiva de la Contraloría General de la República.
“Esta decisión forma parte del conjunto de medidas que el gobierno ordena ejecutar al TSJ para intentar proteger sus privilegios, tal como ocurrió con la sentencia del caso Rafael Ramírez sobre su gestión en PDVSA, en la cual se nos pretendía privar de nuestras competencias contraloras como Poder Legislativo. Esta sentencia es otra aberración jurídica que busca proteger a los corruptos”, recalcó.
En este sentido, Guevara recordó que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal consagraba el delito de nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano; además de establecer agravantes sobre el peculado de uso de bienes y vehículos del sector público con fines políticos o electorales.
“Esta Reforma introduce elementos realmente importantes en el ordenamiento jurídico venezolano para la lucha contra la corrupción. Además del nepotismo y el peculado de uso, se establecen obligaciones en materia de rendición de cuentas; declaración jurada de patrimonio e intereses; cooperación eficaz para sujetos involucrados en la comisión de delitos como los testaferros; así como aumento de las penas, multas y restitución del 100% del lucro obtenido en actos de corrupción”, explicó Guevara.
El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional señaló que la sentencia, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.043, de fecha 1 de diciembre de 2016, constituye la mejor muestra de que la corrupción es política del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que insistió en la necesidad de que el Parlamento venezolano avance en los mecanismos constitucionales con los que cuenta para el cambio de gobierno y la restitución de la democracia y el Estado de Derecho.
“Estamos en presencia del régimen más corrupto en la historia de Venezuela, y uno de los más corruptos del hemisferio occidental. Desde la Comisión de Contraloría seguiremos avanzando en nuestras leyes, investigaciones y determinación de responsabilidades políticas, con la finalidad de dejar sentado quiénes han sido los culpables del desfalco de los últimos 18 años. Pero es igualmente necesario que ante el fracaso del diálogo y el revocatorio, la Asamblea Nacional retome la reactivación del juicio político a Nicolás Maduro y la declaratoria de abandono del cargo, ya que no es posible lograr acabar con la corrupción en Venezuela mientras este régimen siga en el poder”, declaró.
