Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos falló a favor de la empresa Helmerich & Payne (H&P), con sede en Tulsa, Oklahoma, en un caso que se remonta a 2009, cuando el gobierno venezolano, entonces bajo la presidencia de Hugo Chávez, tomó por la fuerza el control de 11 plataformas petroleras que la compañía operaba en el país.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la decisión de un tribunal de distrito que rechazó las reclamaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), al considerar que la empresa estatal actuó como filial del Estado venezolano en una confiscación que violó el derecho internacional.
El conflicto se originó por una deuda acumulada de aproximadamente 90 millones de dólares que Pdvsa mantenía con la filial venezolana de Helmerich & Payne por servicios de perforación. En 2009, tras años de incumplimientos, la empresa estadounidense anunció el cierre de sus operaciones en Venezuela y comenzó a desmontar sus equipos.
Poco después, funcionarios de Pdvsa y la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon las instalaciones e impidieron el retiro de las plataformas, en un operativo que incluyó presencia armada.
El entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, defendió la medida, alegando que las compañías que paralizaban sus equipos formaban parte de “un plan para debilitar al gobierno de Chávez”.
Expropiación de instalaciones de Helmerich & Payne
El tribunal estadounidense señaló en su decisión que Pdvsa nacionalizó 11 plataformas de perforación pertenecientes a Helmerich & Payne y las pasó a operar directamente, lo que configuró una expropiación indirecta.
El juez Greg Katsas, al resumir el caso, indicó que Venezuela “tomó la propiedad de Helmerich en violación del derecho internacional, Pdvsa posee y opera esos bienes, y desarrolla actividades comerciales en Estados Unidos”, por lo que se aplicó la excepción de expropiación prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés).
La defensa de H&P se basó en la llamada Segunda Enmienda Hickenlooper, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1964, que limita la doctrina del acto de Estado y permite a los tribunales estadounidenses examinar casos de expropiación extranjera cuando violan el derecho internacional.
Gracias a esta enmienda, empresas estadounidenses afectadas por nacionalizaciones, como Helmerich & Payne, pueden acudir a la justicia estadounidense para reclamar sus derechos de propiedad frente a gobiernos extranjeros. (EN)
