La organización Transparencia Venezuela reveló que el gobierno venezolano ha avanzado en su intención de convertir el ecosistema de criptomonedas en una herramienta para la corrupción, el control político y la evasión de sanciones internacionales.
Según el reporte publicado en su página web, entre 2017 y 2025 el Estado venezolano utilizó el fallido criptoactivo Petro “como fachada” para desviar fondos públicos y comercializar petróleo de forma opaca, en lo que se conoció como la trama Pdvsa–Cripto, que habría generado un desfalco estimado en 16.950 millones de dólares.
“El Petro, presentado como ‘criptoactivo soberano’, se pareció más a un token, y sirvió de fachada para el desvío de fondos públicos y la comercialización opaca de petróleo. Tras su colapso en 2024, el Estado impulsó una nueva etapa de uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) que hoy favorece el lavado de dinero y el arbitraje cambiario a través de empresas privadas vinculadas al poder”, agregó en el informe.
Durante ese período, indicó la organización, Tareck el Aissami concentró todo el poder sobre el sistema cripto venezolano, por lo que las instituciones creadas para manejar el Petro (Sunacrip, Tesorería de Criptoactivos, VEX, Registro de Minería) estaban subordinadas a su figura.
“Las normas cambiaban a discreción, lo que permitió la manipulación del sistema y el desvío de recursos. Esta arquitectura institucional fue clave en la trama conocida como Pdvsa–Cripto, que entre 2019 y 2023 desvió más de 16.000 millones de dólares mediante operaciones petroleras pagadas en criptomonedas como Bitcoin, sin control fiscal ni financiero”, agregó Transparencia Venezuela.
Las billeteras digitales del Estado fueron usadas para pagar comisiones, bonificaciones y operaciones internacionales sin trazabilidad.
Tras el colapso del Petro, el gobierno abrió una nueva fase (2024–2025) de uso de criptos con fines de lavado y control cambiario.
La organización detalló en su informe que las empresas privadas con licencias oficiales son Kontigo y Crixto Pay, que realizan operaciones masivas de compra y venta de stablecoins (USDC y USDT) sin controles de origen de fondos, facilitando el arbitraje cambiario y potencial lavado de dinero.
Ante ello, el gobierno promueve el uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) para sostener el mercado cambiario y suplir la falta de divisas, «mientras los bancos privados involucrados operan como intermediarios sin regulación efectiva ni transparencia».
Transparencia Venezuela concluyó que el sistema cripto venezolano ha pasado de ser un experimento fallido de “soberanía digital” a convertirse en un mecanismo institucionalizado de corrupción financiera, con nuevas marcas, actores y justificaciones tecnológicas, pero con la misma lógica de opacidad y desfalco. (EN)
Ver completo en:
https://elnacional-uploads.nyc3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/11/03124410/Nuevas-formas-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero.pdf
