La familia del preso político Josnars Baduel denunció la suspensión, por tiempo indefinido, de las visitas y la entrega de paquetería en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.
“Mi hermana Margareth llegó hasta El Rodeo I cumpliendo con cada protocolo, pero le informaron que las visitas están suspendidas sin explicación ni motivo, y que si quería entregar la paquetería debía hacerlo a través de otro familiar de un recluso que estuviera dentro”, relató su hermana Andreina Baduel a través de redes sociales.
Falta de atención médica para Josnars Baduel
Andreina Baduel agregó que, además de los impedimentos de visita, la semana pasada se solicitaron medicinas para su hermano, pero la familia no tiene certeza de que le hayan sido entregadas.
“Negar el contacto familiar, restringir la entrega de insumos médicos y mantenerlo bajo estas condiciones es tortura, tanto para él como para nosotros”, afirmó.
La hermana del preso político también señaló que la salud del joven se deteriora cada día más por la falta de atención médica y denunció que las condiciones de reclusión en El Rodeo I son inhumanas.
Baduel enfatizó que la situación no es un caso aislado, sino que afecta a miles de familias de presos políticos en Venezuela.
“Seguiremos levantando la voz y denunciando cada irregularidad, porque no es justo que ninguna familia venezolana tenga que vivir esta situación. No van a quebrarnos”, manifestó.
Hace unos días, la organización Un Mundo Sin Mordaza denunció que Josnars Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Isaías Baduel, se encuentra en condiciones críticas.
“60 meses de tortura, incomunicación y abandono médico. ¡Lo están matando lentamente!”, denunció la ONG a través de su cuenta en X.
A Baduel lo arrestaron el 4 de mayo de 2020 en la localidad de Chuao, estado Aragua, durante la fallida incursión marítima conocida como Operación Gedeón. Desde entonces enfrenta cargos por traición a la patria, terrorismo, conspiración, tráfico de armas y asociación para delinquir. En mayo de 2024 lo condenaron a 30 años de prisión, la pena máxima establecida en el país.
Su familia y organizaciones de derechos humanos denuncian que el joven ha sufrido torturas físicas y psicológicas durante su detención. Entre los abusos documentados se incluyen golpizas, asfixia por inmersión, descargas eléctricas y suspensión prolongada por los brazos, lo que habría provocado lesiones graves. (EN)
