Avanzando otro paso en el proceso de enfrentar el cisma por las exorbitantes tarifas cobradas por Fospuca, que han generado el cierre de más de 400 empresas, esta semana la Asamblea de Ciudadanos solicitó ante el Ministerio Público una averiguación administrativa de todos los entes públicos y privados involucrados en el caso, ante los firmes indicios de irregularidades de diverso tipo.
La información fue suministrada este miércoles en rueda de prensa realizada por la Asamblea en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Ciudad Guayana, en la vocería de Simón Yegres, asistido por Pedro Acuña y María Álvarez, quienes señaron que el escrito introducido por los abogados Félix Istúriz y José Gregorio Meignen pide la averiguación del alcalde de Caroní, de Elarba Hadad, presidente de Fospuca, de la Superintendencia de Tributos Municipales, de la Contraloría y la Sindicatura del municipio, de la vicepresidente de la Cámara, además de la gerencia de Corpoelec regional y otras instancias que puedan estar involucradas en el caso, como por ejemplo la Gobernación del Estado con lo referente al cobro de un servicio de relleno sanitario.
Esta nueva acción legal de la Asamblea de Ciudadanos, busca como dijo Simón Yegres, ir al fondo de una modalidad de servicio convertida en irregularidad, y más que ir contra las instituciones lo que busca es determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios públicos que las conforman, que tienen por ley una serie de competencias, funciones y atribuciones que cumplir y de no hacerlo el mismo instrumento legal establece las penalizaciones o sanciones que pueden recibir. Amén de quienes desde el sector privado incurran en hechos irregulares que violen los derechos de los demás.
Extorsión y coacción contra la ciudadanía
Y precisamente en el caso de Fospuca en Caroní, según los voceros, se ha dado un proceso de contratación que tiene una serie de responsables, documentos y además una larga lista de medidas y acciones punitivas aplicadas a numerosas personas y comercios con una discrecionalidad, autoritarismo y hasta abuso, como ocurre con las tarifas, tasas y hasta la reserva legal, manejadas a voluntad y en detrimento de la ciudadanía. Pues entre otras cosas no se respetado la estructura de costos que es norma en el país y en mundo, lo que configura cobros indebidos e ilegales, que han generado la angustia de todos en Guayana que se han sido extorsionados, coaccionados y obligados a pagar un servicio que viola lo establecido.
Según Yegres los embargos son una extorsión, mientras que la amenaza de cortes eléctricos es una coacción que viola flagrantemente los derechos de todos y configura otros hechos irregulares como el de cobros de impuestos y tasas por medios no autorizados, evidente en el cobro de aseo y relleno sanitario en la factura de Corpoelec.
Solicitada investigación anticorrupción
Además en el documento entregado a la fiscalía que consta de 44 folios y 63 anexos, se solicitó al Ministerio Público oficiar a la Superintendencia Nacional, a la Intendencia Nacional y a la Policía Anticorrupción para que tome cartas en el asunto e investigue el caso a fondo, pues consideran que hay sobrados indicios de irregularidades. De la misma manera la Asamblea anunció que a título grupal ya oficiaron por igual a los entes anticorrupción pidiendo la investigación del caso.
Daños deben ser resarcidos
Pedro Acuña por su parte acotó que tienen seis meses ya solicitando el contrato de convenio entre Fospuca y la Alcaldía y a la fecha Tito Oviedo no ha entregado nada y la ciudad no conoce los términos ni condiciones del mismo, simplemente se ha visto obligada a cancelar las tarifas que cobran sin importar que sean montos desmesurados, quedando todos los que han firmado convenios para recibir descuentos en las tarifas amarrados a un contrato que ni siquiera conocen.
En virtud de ello solicitan la cancelación inmediata del contrato de Fospuca, la revisión y discusión abierta de las tarifas en el seno de la Cámara Municipal y más allá de eso, ante los múltiples elementos que muestran vicios en el proceso, deberían resarcirse los costos y daños a la colectividad, si bien hay algunos como el cierre de más de 400 empresas que no se pueden pagar de ninguna forma, pero que si deberían al menos acarrear responsabilidades públicas para los causantes de esa daño a Ciudad Guayana.
Amenaza de corte eléctrico por factura de Fospuca a la clínica Razetti
Los miembros de la Asamblea concluyeron su rueda de prensa con la palabras de la ingeniero María Álvarez que destacó que la fuerza de los ciudadanos debe estar en la acción, y hoy más que nunca parecen cobrar vigencia luego que ayer miércoles Corpoelec amenazara con una medida de corte contra la sede de la clínica Razetti en Altavista y el propio edificio por la no cancelación de la factura de Fospuca, mientras que extraoficialmente se está hablando de entre 9 y 12 nuevas demandas de cobro de la empresa de aseo, luego de la extensión de la tregua entre partes del mes pasado.
Hoy supuestamente a partir de las 10 de la mañana Corpoelec se presentará a cortar la electricidad a una clínica y un edificio, lo que a todas luces es un abuso que viola los derechos de muchos y atenta contra un centro de salud. Por ello se está convocando a la ciudadanía a hacer acto de presencia en las inmediaciones de la clínica para documentar el atropello y levantar la voz de protesta de Guayana contra un nuevo abuso que tiene como causa los cobros desmedidos de Fospuca. (Gustavo Montaña)
