SIP repudia campaña de desprestigio del gobierno contra El Nacional

18 agosto 2016 | Política, Todas las del inicio

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que es una forma de corrupción utilizar medios públicos para hacer propaganda y promover campañas de difamacion

La Sociedad Interamericana de Prensa repudió hoy la campaña de propaganda negativa y desprestigio contra varios medios venezolanos, que asegura llevan a cabo la televisión pública y el gobierno de Nicolás Maduro.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que la utilización de «medios públicos como órganos partidarios para hacer propaganda y hacer campañas de desprestigio en esos espacios, que son pagados con los recursos de todos los venezolanos, no es otra cosa que corrupción».

El diario El Nacional acusó recientemente al gobierno venezolano de hacer una campaña de desprestigio contra el periódico con un video difundido por Venezolana de Televisión.

El video de 26 segundos de duración, titulado «¡El Nacional NO es un medio, es un laboratorio de guerra!», afirma que el periódico promueve el caos en el país, a través del «financiamiento imperial, del fascismo, amarillismo y un toque de racismo».

Tanto esta grabación como otra similar contra el portal de noticias La Patilla, ambas firmadas por «Tuiteros por la verdad», se encuentran en el canal de Youtube de la Vicepresidencia de Venezuela.

Para Paolillo, estas campañas forman parte de la «estrategia comunicacional del gobierno, que emplea políticas restrictivas a la libre circulación de la información, acceso al papel y motiva medidas judiciales contra los propietarios y directivos, entre otras limitaciones destinadas a estrangular a los medios independientes».

En agosto de 2015 el expresidente de la Asamblea Nacional y diputado Diosdado Cabello inició una demanda civil por daños morales contraEl Nacional, La Patilla y el semanario Tal Cual y sus directivos, a los que exigió una indemnización millonaria. Una acción que, según dice hoy la SIP, obligó al exilio a varios de ellos o a permanecer en el país con prohibición de salida.

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