Cualquier intento de reconstrucción económica y social en Venezuela será
superficial y efímero si no se fundamenta en el restablecimiento pleno de la
seguridad jurídica. Durante décadas, el país ha navegado en un mar de
incertidumbres donde las reglas del juego han cambiado al capricho del poder
político, asfixiando la iniciativa privada y ahuyentando los capitales que tanto
necesitamos para modernizar nuestra infraestructura y generar empleos de
calidad.
La seguridad jurídica no es un concepto abstracto reservado para los anaqueles
de las facultades de derecho; es la confianza básica que permite a un ciudadano
saber que su esfuerzo, su propiedad y sus contratos serán respetados por el
Estado y protegidos por tribunales independientes. Sin este pilar, no hay inversión
posible, pues nadie arriesga su patrimonio en un terreno donde el árbitro puede
cambiar el marcador a mitad del partido según su propia conveniencia.
La erosión de la confianza institucional en nuestra nación ha sido un proceso
sistemático que acompañó al modelo rentista y autoritario. Cuando el Estado se
siente dueño de todo por el simple hecho de controlar el flujo de divisas petroleras,
tiende a ver el derecho como un obstáculo y no como un marco de convivencia.
Esta visión distorsionada llevó a una era de expropiaciones arbitrarias, controles
de precios asfixiantes y una burocracia discrecional.
Esta gestión convirtió el acto de producir en una carrera de obstáculos legales y
extorsiones solapadas. El resultado está a la vista: una industria diezmada y un
campo abandonado porque el riesgo de producir superó con creces el beneficio de
invertir. La enfermedad holandesa nos quitó la competitividad, pero la falta de
seguridad jurídica nos quitó la voluntad de apostar por el país, dejando a la
economía venezolana en un estado de parálisis total.
De este bache solo saldremos con un compromiso inquebrantable con el Estado
de Derecho. Para que Venezuela vuelva a ser un destino atractivo para la
inversión nacional y extranjera, debemos entender que el capital es cobarde por
naturaleza; huye de la arbitrariedad y busca refugio donde las leyes son claras,
estables y de aplicación universal. Restablecer la seguridad jurídica implica mucho
más que aprobar nuevas leyes; requiere una reforma profunda.
Esta reforma debe garantizar que los jueces respondan a la Constitución y no a
las directrices de un partido o de un ministerio. Un sistema judicial probo y
eficiente es el mejor incentivo para el desarrollo, pues actúa como un seguro de
vida para la propiedad privada y para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Cuando un empresario sabe que tendrá un juicio justo y una
sentencia basada en derecho, se atreve a soñar en grande y a invertir.
Al proyectar su negocio a diez o veinte años, se genera el horizonte temporal que
requiere el progreso real. Asimismo, la seguridad jurídica es la herramienta más
poderosa para combatir la corrupción que ha corroído nuestras instituciones. La
discrecionalidad del funcionario público es el caldo de cultivo para la irregularidad;
allí donde las normas son ambiguas o donde el permiso depende de la "voluntad"
de quien firma, florece siempre el tráfico de influencias.
Al simplificar los trámites y darles un marco legal rígido y transparente, le
devolvemos al ciudadano su autonomía y le quitamos al poder la capacidad de
chantaje. Una Venezuela moderna debe aspirar a ser un país de leyes y no de
hombres fuertes. El respeto a la propiedad privada debe dejar de ser visto como
una concesión del gobierno para transformarse en un derecho sagrado, protegido
por el Estado como base fundamental de la libertad individual.
El impacto de recuperar la certeza legal se sentiría de inmediato en todos los
estratos de la sociedad. Para el pequeño comerciante de barrio, significa que su
local no será cerrado por una inspección punitiva sin base legal. Para el agricultor,
significa que la cosecha que sembró con tanto sacrificio no le será arrebatada por
una interpretación antojadiza de la función social de la tierra. Y para las grandes
empresas, significa que somos socios confiables.
La seguridad jurídica es, en esencia, la paz económica; es la garantía de que el
mañana es predecible y de que las reglas que rigen nuestra vida económica no
dependen del humor del gobernante de turno ni de las urgencias fiscales de un
Estado quebrado. En Venezuela debemos discutir y acordar un gran acuerdo
nacional que blinde las garantías económicas y que devuelva al Poder Judicial su
majestad y su autonomía en el ejercicio de sus funciones.
La reconstrucción de Venezuela no vendrá de un nuevo milagro petrolero, sino de
la confianza que seamos capaces de generar en el mundo y en nosotros mismos.
Debemos demostrar que hemos aprendido la lección y que estamos listos para ser
una nación seria, donde se cumple lo que se firma y se protege lo que se trabaja.
Solo sobre este cimiento de piedra, que es la ley igual para todos, podremos
levantar el edificio de una economía diversificada.
Este nuevo modelo debe ser moderno y resiliente para permitirnos dejar atrás, de
una vez por todas, las sombras del rentismo y la improvisación. La seguridad
jurídica es el camino hacia la dignidad ciudadana y el motor indispensable para
que Venezuela vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las
naciones prósperas. Solo así garantizaremos que el esfuerzo de cada venezolano
se traduzca en progreso real y duradero para todos.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
Noelalvarez10@gmail.com
