La carretera que une al estado Bolívar con Monagas es un trayecto de paisajes vastos, pero para las familias de los presos políticos, es un camino marcado por la angustia y el asfalto del destierro. En algún punto de esa ruta, el recuerdo de Ramón Bejarano permanece intacto: el hombre de la coral que le cantó al Papa Juan Pablo II, el activista que no sabía decir «no» a un jubilado en busca de justicia, el vecino de Ciudad Guayana que un 17 de diciembre de 2024 fue «borrado» de su cotidianidad.
Hoy, Ramón no está en su Bolívar natal. Está tras los muros de uno de los 5 o 6 centros de detención de Monagas, entre los que se incluye la célebre cárcel de La Pica, formando parte de una estadística fría que oculta una tragedia humana: la de los cientos de venezolanos cuya libertad se ha convertido en una ficha de negociación.
Cuando lo detuvieron, Ramón comenzó un ruleteo en las sombras, pues su apresamiento fue del tipo “secuestro” que tanto se ha puesto de moda en los años del Madurismo. Nadie sabía donde estaba, de un comando lo llevaron a otro y de allí a una sede del Dgcim y luego en medio del proceso judicial oscuro que caracteriza a la gran mayoría de casos de presos políticos, le llevaron a Caracas con su respectivo ruleteo y asiento final en el celebérrimo Helicoide, donde al menos – según los comentarios de varios de los liberados – tuvo el consuelo de toparse con la mayoría de los dirigentes nacionales apresados y brindarse el tan necesario apoyo mutuo. Al final su recorrido lo llevó a Maturín, donde se encuentra ahora. Esperando que el beneficio de la liberación le alcance, como lo anhelan todos los presos políticos y los comunes.
Monagas y Bolívar: El mapa del encierro
La situación en el oriente del país es un reflejo del sistema nacional. Según registros de organizaciones como Foro Penal y comités de familiares, Monagas alberga cerca de 86 presos políticos, una cifra que ha fluctuado dolorosamente entre excarcelaciones selectivas y nuevos arrestos. Muchos de ellos, como Bejarano, han sido trasladados lejos de sus jueces naturales y de sus afectos, una práctica que profundiza el aislamiento.
Por su parte, el estado Bolívar ha sido un foco de persecución debido a su intensa actividad sindical y política. Los informes indican que la región mantiene un número significativo de detenidos, muchos vinculados a las protestas postelectorales de 2024 y a la defensa de los derechos laborales en las empresas básicas. La situación en Bolívar es poco clara en cuanto a la cantidad de presos políticos y las cifras fluctúan de una fuente a otra, por lo que en aras de no complicar más el panorama, mejor es no suministrar ningún número.
El caso de Ramón Bejarano es el puente entre ambos estados: un dirigente de Bolívar que padece el encierro en Monagas. Como tantos otros presos políticos que simplemente han sido trasladados a otros estados y centros de detención, donde terminan encerrados con presos comunes, quien por cierto, se han portado con solidaridad y hermandad con la gran mayoría de presos políticos, demostrando que la humanidad y comprensión sobreviven hasta en las peores circunstancias.
El «muro» del retardo procesal
Si las rejas son de acero, el retardo procesal es de concreto armado. Este fenómeno no distingue entre «políticos» y «comunes», aunque se ensaña con los primeros al negarles el derecho a la defensa privada y diferir sus audiencias indefinidamente. La verdad es que afecta por igual y desde hace tiempo a cualquier persona sin recursos que caiga en el sistema judicial.
Y si, es de destacar el “sin recursos económicos”, pues como dice un viejo adagio criollo, “por la plata baila el mono”, que en esto aplica como anillo al dedo, pues si el detenido tiene como pagar, el asunto se mueve en tribunales en la gran mayoría de los casos, exceptuando el tema de los presos políticos que están en otra categoría. Ya en la cuarta República el retardo procesal era un problema común en el sistema judicial venezolano; en la quinta, el problema creció en dimensiones y además se enriqueció con la lista de miles de presos políticos en los años transcurridos, más de 15 mil según las cifras del Foro Penal.
El retardo procesal ha sido y sigue siendo una de las peores taras del sistema judicial venezolano, una que no ha sido enfrentada seriamente nunca y que lamentablemente se ha ido agravando en el tiempo. Las causas son múltiples, sin embargo hay tres que merecen ser destacadas dentro de las más comunes:
Audiencias diferidas: Es común que los traslados no se realicen porque «no hay unidades» o el tribunal «no dio despacho».
Vulneración de plazos: Personas que deberían estar en juicio pasan años en «fase preparatoria».
Hacinamiento y salud: La falta de celeridad judicial condena a los presos a condiciones de salud precarias. En el caso de Bejarano, sus 13 meses de detención representan más de 400 días de una vida pausada sin una sentencia que justifique el encierro.
El factor humano: Una silla vacía
Detrás de cada cifra hay una madre que recorre terminales de buses con una bolsa de comida fría, una esposa que explica a sus hijos por qué papá no llega, y un país que se desangra en su capital humano. La detención de Ramón Bejarano no solo afectó a Vente Venezuela, su organización política; desmanteló un soporte comunitario para los jubilados de Guayana.
«No se trata solo de política, se trata de humanidad. Cada día que pasa sin una amnistía es un día que la democracia venezolana sigue en cuidados intensivos», comentan defensores de derechos humanos.
¿Amnistía o transición?
Para que Venezuela pueda hablar genuinamente de una transición democrática, la liberación de los más de 800 presos políticos actuales no puede ser a cuentagotas. Los analistas coinciden en que una Ley de Amnistía o un decreto de liberación inmediata es el único camino para sanar la herida institucional. Sin el regreso de los Ramón Bejarano a sus hogares, cualquier diálogo corre el riesgo de ser solo una «retórica vacía», como han señalado mandatarios de la región.
En su política tradicional del doble discurso, el Gobierno por un lado clama sobre el secuestro del presidente Maduro, despliega una costosa campaña comunicacional global, y arma eventos exigiendo su liberación, y por otro lado niega la existencia de presos políticos en Venezuela, habla sin embargo al día de hoy, sábado 24 de enero, de más de 600 liberados, Cifras que lamentablemente no coinciden con las múltiples ONG encabezadas por el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones que monitorean y documentan el problema hace años.
La libertad no debería ser un gesto de magnanimidad, sino el cumplimiento de la ley. Debería ser un paso obligatorio y urgente para que realmente se pueda creer que existe un proceso de transición y que los actores del gobierno que la protagonizan, actúan de buena fé. Son el gran paso para armar un verdadero proceso de reencuentro, reconciliación y unificación del país.
Mientras tanto, en una celda de Monagas, un hombre que alguna vez cantó para un Papa y se esforzo hasta el cansancio por los jubilados de las empresas básicas de Guayana, hoy guarda silencio, orando y esperando que la justicia, por fin, tome el camino de regreso a casa. Mientras tanto, sigue siendo el mismo Ramón de siempre, ayuda a los demás en todo lo que puede, desde compartir su comida con los otros presos, hasta trabajar en proyectos que benefician al centro carcelario donde se encuentra hoy día. Brindándole a todos apoyo emocional y solidaridad, y sobre el refugio en la fé inquebrantable en Dios, que ha sido en este duro proceso, su mayor fortaleza. (Gustavo Montaña – CNP 8235)
Fuentes verificables:
Foro Penal Venezolano: Reportes actualizados de detenciones por motivos políticos (enero 2026).
PROVEA: Informes sobre condiciones carcelarias y retardo procesal en Venezuela.
Swissinfo/EFE: Cifras de excarcelaciones y negociaciones políticas recientes.
Medios de comunicación del estado Bolívar.
Entrevistas con varios presos políticos liberados.
