Los responsables directos de los hechos en los que murieron al menos 38 migrantes por un incendio ocurrido el lunes por la noche en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, informó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Aunque Ebrard refirió esa información, no precisó la cantidad ni la identidad de los presentados ante la FGR.
En una serie de mensajes en Twitter, Ebrard indicó además que en el transcurso del día estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela «para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a víctimas y familias afectadas».
Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores «ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados.
«Les he compartido (a los gobiernos) que según se nos ha informado por esas dependencias, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la FGR», expuso.
Además, dijo que les transmitió «la profunda indignación de México por lo acaecido y la voluntad del gobierno y pueblo de México por esclarecer los hechos y sancionar a los responsables».
«Es una gran tristeza lo ocurrido. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora», apuntó Ebrard.
La tarde de este martes, el gobierno mexicano había elevado a 40 el número de migrantes muertos por un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y situó el de heridos en 28, pero horas más tarde corrigió la cifra de fallecidos en 38.
Por la mañana, la FGR indicó en un comunicado que los migrantes identificados «son de las siguientes nacionalidades: 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos», aunque sin precisar fallecidos y heridos.
La presencia de migrantes en la frontera México-Estados Unidos se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el Título 42.
El gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.
ONG y defensores de DD HH señalan al Estado por muerte de migrantes
Varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron este martes el incendio en la estación fronteriza de Ciudad Juárez que acabó con la vida de 39 migrantes y señalaron al Estado como responsable de las muertes, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad.
«Es muy difícil explicar cómo mueren 39 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas», dijo Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) México en declaraciones a EFE.
Por ello, Mattiace instó a que se lleve a cabo una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios y oficiales que se encontraban en el centro custodiando a los migrantes.
Los 39 migrantes, cifra oficial, murieron la noche del lunes producto de un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y 29 resultaron heridos.
En su rueda de prensa diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes al asegurar que el incendio se inició cuando, al enterarse de que iban a ser deportados, prendieron fuego a colchonetas.
Además, se refirió al lugar de los hechos como un albergue de migrantes, cuando en realidad se sucedió en un centro migratorio del Estado.
Migrantes estaban privados de su libertad
«Las personas migrantes estaba privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban’», denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su cuenta de Twitter.
En la misma línea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas señaló en un comunicado que las instalaciones estaban custodiadas por autoridades migratorias y pidieron que se realice «una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades».
La ONG International Comitee Rescue (IRC) definió la noticia como «devastadora». Asimismo, exhortó a garantizar de manera urgente «sistemas para brindar seguridad a las personas que necesitan protección internacional».
En tanto, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) fue más allá y demandó la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comisionado del INM, Francisco Garduño, por lo que consideraron un «crimen de Estado».
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que la «irresponsabilidad e ineficiencia del gobierno sigue costando vidas. Exigió que se depuren a quienes por acción u omisión resulten responsables.(EFE)
