Un grupo de profesores universitarios y abogados señalaron que la reforma del Código de Procedimiento Civil debe ser fruto de la discusión y el debate, convocando a todos los sectores para que participen, sin exclusión.
En un comunicado indicaron que el proyecto del denominado Código Orgánico Procesal Civil, al cual no han tenido acceso, fue entregada el pasado 24 de febrero de 2021 a la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento chavista por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, Maikel Moreno.
“No discutimos la necesidad de una reforma del proceso civil, que materialice la modernización del sistema de justicia, con fundamentos actualizados e implantación de la tecnología. Pero esto debe ser producto de la discusión pública y serena reflexión, y para ello debe convocarse a todos los interesados, sin exclusiones”, manifestaron.
“Como miembros del sistema de justicia exigimos se haga público el proyecto que fue presentado para su discusión ante la Asamblea Nacional y se convoque especialmente a las academias, colegios de abogados, Federación de Colegio de Abogados y universidades, para que se discuta y se hagan propuestas que optimicen tan trascendente documento”, agregaron.
Debatir la reforma del Código de Procedimiento Civil
“En Venezuela ya tenemos la experiencia positiva de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que fue discutida con amplitud y transparencia. En esa oportunidad no operó una conducta excluyente y de opacidad sino la consulta abierta y democrática. Los patrocinadores de la reforma expusieron sus planteamientos y lo discutieron vigorosamente con los miembros de la comunidad jurídica. En ese sentido recordamos el trabajo participativo y sin descanso de los magistrados Omar Mora, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena”, subrayaron.
Advirtieron que no es la primera vez que se anuncia una reforma del Código de Procedimiento Civil. “En el primer semestre del año 2016 una mesa técnica, integrada por profesores universitarios, abogados y conformantes de todos los sectores políticos y profesionales, elaboró un proyecto de código procesal en la Asamblea Nacional, pero, desafortunadamente, no fue discutido. Allí se encuentra un valioso trabajo, el cual siempre será perfectible y ante la nueva realidad requiere su actualización”, explicaron.
Señalaron asimismo que se hace necesario señalar que antes de la reforma de los códigos y las leyes hay que mejorar la situación del Poder Judicial. “Nada se logra con un buen texto legal si los funcionarios que deben interpretarlo y aplicarlo están sometidos a trabajar en sedes físicas deficientes, carecen de la información y preparación adecuada, tienen bajos sueldos, precisan de estabilidad laboral y tampoco cuentan con el indispensable apoyo tecnológico tanto en equipos físicos como en capacitación para utilizarlos, y así poder acometer los retos de la justicia digital. Una reforma procesal sin estos cambios previos estaría destinada al fracaso”, subrayaron.
Cambio digital
“Asimismo, consideramos que se estaría perdiendo la gran oportunidad de asumir la verdadera reforma procesal, al no plantearse la consolidación constitucional de un código modelo procesal común a todas las competencias que incluya la transformación digital del proceso judicial, lo cual estamos conscientes requiere el aporte de los recursos correspondientes”, indicaron.
“Es necesario discutir el tema y entender que el método utilizado actualmente, bajo la emergencia del covid-19 no es confiable, ya que depende de un sistema de correo electrónico que opera una empresa extranjera y no cuenta con una plataforma digital apropiada que proporcione condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y transparencia, que nos conduzca a la completa y absoluta instalación y operación de los tribunales virtuales en nuestro país”, agregaron.
Procedimiento civil
Los docentes universitarios y abogados explicaron que su interés es colaborar en la optimización de un proyecto de reforma del procedimiento civil que actualice nuestro sistema y, a la vez, reconocer nuestras limitaciones en materia de infraestructura física y tecnológica. “Tampoco hay que descuidar el fundamental derecho a la defensa de cada ciudadano como garantía constitucional y la igualdad de las partes e, incluso, la indispensable imparcialidad del juez, así como la necesidad de adecuar los procedimientos con el avance técnico y tecnológico y la inserción del país en la comunidad internacional”, manifestaron.
“Es fundamental una justicia eficaz e imparcial para todos, como los venezolanos aspiran y demandan. No es tarea fácil, pero hay que acometer el reto”, afirmaron.
El comunicado está firmado por:
ABOU-HASSAN, ALFREDO
ANGRISANO SILVA, HUMBERTO
BADELL MADRID, ALVARO
BADELL MADRID, RAFAEL
BALLESTEROS OMAÑA, PATRICIA
BENAIM AZAGURI, SALVADOR
BRICEÑO LABORÍ, JOSÉ ANTONIO
CAMERO CAMERO, CARLOS
COTTIN, LEÓN HENRIQUE
DUQUE CORREDOR, ROMÁN JOSÉ
ESCOVAR LEÓN, RAMÓN
GORRÍN FALCÓN, GUILLERMO
GUERRERO QUINTERO, GILBERTO
GUTIERREZ CARRERO, MARÍA AUXILIADORA
HUNG CAVALIERI, ROBERTO
LOVERA DE SOLA, IRMA
MELO LÓPEZ, LUIS EMILIO
MORALES VERA, PEDRO ADOLFO
NÚÑEZ ALCÁNTARA, EDGAR DARÍO
OCHOA MUÑOZ, JAVIER
RENGEL NÚÑEZ, PEDRO
RIERA LIZARDO, RAYDA
RIVERA MORALES, RODRIGO
RODRÍGUEZ CARRERA, LUIS ERNESTO
RONDÓN HAAZ, PEDRO RAFAEL
ROSELL SENHENN, JORGE
ROVERSI THOMAS, RAFAEL ERNESTO
RUEDA, ANÍBAL JOSÉ
SALAVERRÍA LANDER, JOSÉ GETULIO
SÁNCHEZ NOGUERA, ABDÓN
SARMIENTO SOSA, CARLOS
VADELL GRATEROL, JUAN VICENTE
VILLALBA RODRÍGUEZ, VLADIMIR
YANNUZZI RODRÍGUEZ, SALVADOR
ZERPA APONTE, ÁNGEL (Agencias)
