La represión en Venezuela se intensificó contra sindicalistas y la sociedad civil. En menos de 48 horas, dos líderes sindicales fueron detenidos mientras Nicolás Maduro llamó a “trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional”, en un discurso dirigido a maestros el 14 de agosto.
Esa misma noche, Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, fue arrestado en su vivienda en Turmero por funcionarios que no presentaron orden judicial y confiscaron pertenencias personales. Un día antes, también detuvieron a la abogada Rusbelia Astudillo, integrante de la Federación de Jubilados y Pensionados.
Así lo señaló La Hora de Venezuela, una alianza informativa desarrollada por Connectas y reseñada por diversos medios.
Para Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, estas acciones reflejan una “represión inaudita” que abarca a todos los sectores. Asimismo, José Elías Torres, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, denunció que existe una “satanización” contra los trabajadores por reclamar derechos.
Esas acciones arbitrarias, afirmó Torres, violan convenios internacionales como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical.
Al menos nueve sindicalistas detenidos desde marzo
Desde marzo, han detenido a al menos siete dirigentes sindicales, sin contar los casos recientes.
A ellos se suman denuncias de hostigamiento y persecución contra otros cuatro sindicalistas que cuentan con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los detenidos se encuentran representantes de sectores como la salud, la educación, la siderurgia y la industria petrolera. La mayoría acusada de “incitación al odio” y “asociación para delinquir”.
Desapariciones forzadas, restricciones y cobros ilegales
El sociólogo Rafael Uzcátegui, codirector del Laboratorio de Paz, señaló que las detenciones contra sindicalistas reproducen el mismo patrón aplicado a activistas de la sociedad civil.
Señaló las desapariciones forzadas de corta duración, restricciones al acceso a abogados y a visitas familiares, así como cobros ilegales para garantizar condiciones mínimas de reclusión.
Los familiares, en muchos casos, prefieren guardar silencio por miedo a represalias. Otros han denunciado públicamente la situación, aunque con pocas respuestas de las instituciones.
A nivel internacional, los casos se han presentado ante la OIT y la CIDH, pero los procesos de respuesta suelen durar mucho tiempo.
Mientras tanto, organizaciones sindicales insisten en continuar con la protesta pacífica y el reclamo de derechos laborales. “No nos rendimos, vamos con las herramientas que tenemos en la mano, que no es otra cosa que la institucionalidad”, sostuvo José Elías Torres. (EN)
