Raúl Alegrett : Alerta Roja

1 noviembre 2016 | Economía, Política, Todas las del inicio

Venezuela se encuentra en una situación de guerra anunciada. Demasiados elementos se conjugan para no concluir con rigor lógico que el país se aproxima a un conflicto de suma gravedad. El examen del escenario presente y de las perspectivas en el futuro próximo, así lo evidencian. Veamos.

Conflictividad socio-económica

Existe escasez aguda de: a) la mayoría de los alimentos básicos (cereales y pan; leche y lácteos; carne de bovino, ave, porcino, pescado; aceite; huevos, entre otros; b) medicinas de uso frecuente e insumos médicos en general; c) productos para higiene personal y productos para la limpieza; d) materiales y repuestos para vehículos y unidades de transporte público.

Los índices de inseguridad personal y de la propiedad se encuentran entre los más altos del mundo. La cifra de homicidios en relación a la población lidera las estadísticas en nuestro continente.

La pobreza se hace cada vez más extensa e intensa. El salario mínimo beneficia sólo un porcentaje de la población y se requieren más de ocho salarios mínimos para satisfacer el costo de la canasta básica familiar. La clase media se ha empobrecido significativamente y la indigencia entre los pobres se acentúa día a día.

Al mismo tiempo la población va conociendo del enriquecimiento ilícito de numerosos funcionarios, con señalamiento de cifras mil-millonarias y sin ningún tipo de investigación ni sanciones.

Lo anterior, aunado al deterioro de los servicios públicos (agua, electricidad, salud, transporte, etc.) y otros elementos que afectan la calidad de vida de la población, ha generado una creciente situación de malestar y angustia colectiva que va llevando a la desesperación.

Manifestaciones claras de las penurias que sufre la población son las filas generalizadas de gente pretendiendo adquirir al menos uno de los alimentos esenciales, el comercio ambulante ilícito y especulativo de bienes primarios, la peregrinación y filas de personas en procura de medicamentos, el cese de actividades de comercio, sociales y de recreación apenas oscurece y el refugio temprano en los hogares, las inhibiciones de desplazamiento dentro y fuera de las ciudades por temor a la delincuencia, la falta de recursos en clínicas y hospitales para atender enfermos y heridos, los frecuentes cortes del servicio de agua y electricidad, los asaltos en el transporte público, la impunidad delictiva…

Crisis económica

La consecuencia de una equivocada y dispendiosa política económica de más de tres lustros, sustentada y mimetizada por los elevados precios del petróleo, nuestra principal y hoy casi exclusiva fuente de divisas, ha irrumpido dolorosamente, agravada con la fuerte caída de los precios y disminución de la producción de esa fuente de ingresos, sin que se hayan implementado medidas adecuadas para enfrentar y moderar la situación. Antes por el contrario, las intervenciones han contribuido con excesiva frecuencia, a acentuar la gravedad.

La economía del país se ha venido contrayendo significativamente en los últimos años, el crecimiento del PIB fue negativo en los últimos tres años y se estima que estará en menos 10% al finalizar el presente año; la tasa anual de inflación es la más alta en el mundo, y lo ha venido siendo en los últimos cuatro años; la convertibilidad de la moneda nacional refiere al menos a tres diferentes precios, dos de los primeros con fuertes restricciones y discrecionalidad para acceder. El precio al cual debe convertir el ciudadano común en el mercado negro es 100 veces más alto que el precio del primer mercado preferente. La deuda externa del país se ha multiplicado varias veces en 15 años y el pago de compromisos (10057 millones de dólares este año) ha incidido en la reducción de las reservas internacionales, llevándolas a su monto más bajo desde el año 2003, y en la caída de las importaciones que se han venido reduciendo en los últimos años a una tasa interanual de menos 16,9% en 2014; menos 22,3%  en 2015 y un estimado de menos 45% en 2016, repercutiendo drásticamente en el abastecimiento.

La reducción obligada de importaciones, aunada a la desaparición de varios miles de industrias y a la fuerte caída de la producción agrícola nacional, es la causante de la escasez extrema que padece el país. Sin embargo las medidas adoptadas para enfrentar la escasez y la carestía van decididamente en dirección opuesta. Controles irreales de precios, expropiaciones de empresas y de campos productivos, restricciones voluntarias o involuntarias a la importación de materias primas e insumos de producción, inseguridad jurídica, monopolio oficial y trabas en la distribución de productos, amenazas y sanciones discrecionales a empresas eficientes, entre otras; constituyen medidas que conducen a la paralización y cierre de unidades productivas o a un funcionamiento ineficiente. La crítica situación tiende por tanto a agudizarse.

Por otra parte, la emisión de dinero inorgánico para sostener un presupuesto deficitario; el aumento compulsivo del salario; la dificultad de encontrar financiamiento externo; el mal manejo de las empresas públicas básicas, incluyendo las relacionadas con la producción y distribución del petróleo, y de las empresas productivas expropiadas; la caída de las inversiones extranjeras por restricciones y falta de confianza; la corrupción generalizada, todo ello contribuye a sostener el fracaso económico con graves repercusiones en el ámbito socio económico.

No existe pues una perspectiva de mejoramiento de las condiciones económicas, ni siquiera con un improbable incremento significativo de los precios del petróleo. Al contrario, la situación parece no tender sino a agravarse.

Crisis política y de gobernabilidad

 La sociedad venezolana está conmocionada. La persistencia de la crisis que está viviendo el país y su probable agudización, irá  llevando al país hacia una explosión social. Tanto más factible en la medida en que la sociedad perciba que no hay esperanzas de mejoramiento y que la situación tiende a empeorar. En esta condición la gobernabilidad se va perdiendo día a día. La desesperación y las protestas se multiplican, la represión y el acoso se acentúan.

Existe un claro y enconado enfrentamiento cada vez más polarizado entre dos sectores de la población. Los sectores vinculados al gobierno central, hoy muy minimizados, apelan a todo tipo de artilugios para mantenerse en el poder con la esperanza de que en el tiempo mejore la economía (los precios del petróleo), se logre algún mecanismo que permita incrementar la disponibilidad de alimentos y medicinas y mejorar su distribución; la oposición se desgaste, el pueblo se resigne y la organización represiva se perfeccione. Su objetivo inmediato es llegar al final del periodo presidencial y en el entretanto maniobrar para destruir la unidad de los opositores y construir algún esquema que les permita vencer la elección presidencial. En el sector gubernamental existen serios cuestionamientos al presidente Maduro y no pocas intrigas y ambiciones personales, sin embargo el temor a perder el poder y con él la impunidad que lo acompaña, es el elemento determinante que unifica, al menos por el momento. En cuanto a la adopción de un cambio racional en la política gubernamental, existen actores hasta ahora predominantes, con posiciones dogmáticas e intransigentes que lo impiden.

La oposición consciente del descontento mayoritario de la población con el gobierno, manifiesto en las últimas elecciones parlamentarias que la favorecieron ampliamente y ratificado en mayor o menor grado por todas las encuestas de opinión y consciente además del creciente rechazo que a nivel internacional y particularmente en el continente, está sufriendo el actual gobierno, se comprometió con un mecanismo previsto en la Constitución vigente, el referendo revocatorio, aplicable en este caso al presidente en ejercicio; pero el gobierno aprovechando la sujeción que ejerce sobre los poderes nacionales no electos por el voto popular, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo  Nacional Electoral, logró primero retrasar su convocatoria para hacerlo inoperante y finalmente, cancelarlo. Adicionalmente el TSJ entró en abierto conflicto con la Asamblea Nacional, máximo organismo de representación popular, suspendiendo algunos de sus representantes, desconociéndole atribuciones y anulando la casi totalidad de las leyes que ha  aprobado.

Mientras tanto, la crítica situación del país continúa y se agudiza. La población espera un cambio radical que le permita vislumbrar una mejora, una recuperación. El referendo revocatorio aparecía como la opción concreta, pero al gobierno no permitirla mientras la crisis avanza, como todo parece indicar, las posibilidades de enfrentamiento se acentúan.

Ante una real y gravísima amenaza como la que se cierne sobre el país, es necesario romper el marco existente. Para los gobernantes una derrota más que probable en el revocatorio, significaba mucho más que una derrota electoral. Representaba la pérdida de 18 años de dominio casi absoluto, la probabilidad de tener que rendir cuentas, algunas muy altas, renunciar a la aplicación de dogmas y teorías y perder el respeto de preceptores y seguidores dentro y fuera del país. Estaban en juego elementos vitales de supervivencia. Por eso hicieron de todo por evitarlo. Era previsible.

Para la oposición, el revocatorio significaba la liberación del pueblo de la opresión a que se le ha sometido, la oportunidad de recuperar al país, su democracia, sus valores, sus instituciones, su economía, su bienestar. Se reconoce que la crisis que vive la nación no puede alargarse en el tiempo, que hay peligro de un estallido social o de una insurgencia militar. Es necesario cambiar y ahora.

Sin embargo el referendo revocatorio en 2016 ya no será posible. La maquinaria gubernamental así lo sentenció. Frente a esta perspectiva se levanta la bandera de «la insurrección» que muchos opositores reclaman. ¿Cuáles son sus posibilidades de éxito? ¿A qué costo? ¿Una matanza?¿Una guerra civil? ¿Un golpe militar ?

Una opción válida que se debe intentar y agotar es la de una transición concertada implicando la renuncia del presidente y la convocatoria inmediata a elecciones. Un acuerdo de esa magnitud no es fácil ni puede darse sin concesiones de las partes. Se requiere diálogo con alto nivel de mediación, con interlocutores capaces, experimentados y serenos; con la mirada puesta en la conveniencia del país y en su más pronta  recuperación, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables.

Pero mientras tanto y paralelamente, existe otro ámbito en el que actualmente se puede estar jugando el futuro del país. El del enfrentamiento de los poderes Ejecutivo-TSJ con el poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Comenzando por el desconocimiento de la mayoría calificada de la oposición al impedir la incorporación de los diputados del Estado Amazonas proclamados por el CNE; siguiendo con la invalidación de todas las leyes y acuerdos de la Asamblea en sesiones donde estos diputados han estado presentes y decretando estados de emergencia y  dictando el presupuesto sin la aprobación de la Asamblea. Ante el total desconocimiento por parte de los otros poderes y con permanentes amenazas de invalidación y disolución ¿qué se plantea la Asamblea? Ésta no puede ser una lucha menor o secundaria, están en juego fundamentales principios, no sólo de la constitución sino que de la misma democracia. ¿Cómo se dará esta lucha y con qué consecuencias?

Haber dejado pasar la convocatoria a elecciones de autoridades y representantes regionales, centrándose exclusivamente en el revocatorio, puede llegar a revelarse como un costoso error. La movilización que ellas representaban, el fortalecimiento de la institucionalidad opositora en todo el país y una nueva manifestación del rechazo al gobierno por la mayoría de la población, habrían constituído elementos determinantes en cualquier negociación o transición. Sin embargo, se permitió al gobierno evadir la obligación constitucional casi inadvertidamente y sin protesta.

Es necesario insistir en la importancia de adelantarse a la desesperación de todo un pueblo  y encontrar una solución eficaz sin pasar por el drama de un enfrentamiento armado (con un pueblo desarmado) y las consecuencias de una división de los venezolanos que podría tardar mucho tiempo en dejar de ser irreconciliable.

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