El viaje del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a Mongolia, Estado parte de la Corte Penal
Internacional (CPI), pone a prueba la política de neutralidad del pequeño país asiático y el
alcance de las instituciones internacionales.
El desplazamiento de Putin, que llegó a Mongolia el 2 de septiembre, se produce en el
marco de la conmemoración de una victoria militar de Rusia y Mongolia en la Segunda
Guerra Mundial (el 85º aniversario de la batalla del río Khalkh, en la que tropas soviéticas
y mongolas se enfrentaron a fuerzas japonesas).
Es la primera vez que el presidente ruso visita un país miembro de la Corte Penal
Internacional (CPI) desde que el organismo emitió una orden de arresto en su contra en
2023.
Orden de arresto de la CPI contra Putin
El 18 de marzo de 2023 la CPI emitió una orden de arresto contra el presidente ruso como
«presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de
zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado
de este tribunal, el Estatuto de Roma.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el
«territorio ocupado de Ucrania», según la CPI, que considera que hay «motivos
razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen
de guerra que supone la deportación de menores.
Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitado los países
que habían ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen de la CPI.
Mongolia firmó el tratado de la CPI en 2000, lo ratificó en 2002 y es un Estado miembro
desde 2003.
El pasado junio, el país reafirmó su apoyo «inquebrantable» a esa corte, junto con otros
92 miembros.
La CPI y la Unión Europea han recordado al país asiático que está sujeto a las obligaciones
que impone ser miembro de ese tribunal.
Qué dice el Estatuto de Roma
El Tratado de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establece que los Estados
miembros del mismo deben actuar si una persona que es objeto de una orden de arresto
entra en su territorio.
La CPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la «obligación» de
detener a los individuos contra los que existe una orden de detención.
Posibles reacciones de la CPI
En la práctica, la Corte Penal Internacional carece de un mecanismo de ejecución eficaz, y
los Estados miembros pueden estar exentos de realizar detenciones si hacerlo entra en
conflicto con ciertas obligaciones del tratado o con la inmunidad diplomática.
Si Mongolia no reacciona, la CPI podría remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes.
Esa asamblea, que se reúne una vez al año, a su vez podría condenar la violación de
Mongolia a través del llamado «procedimiento de incumplimiento».
Sin embargo, las eventuales sanciones de la asamblea se limitan esencialmente a una
amonestación verbal.
Otra opción sería que el tribunal lo remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSNU), lo que implicaría consecuencias desde el punto de vista jurídico, diplomático y de
reputación.Reacción de Rusia
El Kremlin dijo la semana pasada que no temía que el presidente Putin fuera detenido en
Mongolia durante su visita oficial debido a la orden de arresto de la Corte Penal
Internacional (CPI) en su contra y que el país asiático debía ejecutar.
«No, no estamos preocupados (…) Tenemos un magnífico diálogo con nuestros amigos de
Mongolia», zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado si
existían temores al respecto.
Qué dicen las ONG
La organización Amnistía Internacional alertó de que cualquier viaje a un Estado miembro
de la CPI que no termine en un arresto alentará la actual línea de acción del presidente
ruso y debe considerarse parte de un esfuerzo estratégico para socavar la labor de la CPI
para procesar a los presuntos criminales de guerra.
«Proteger a un fugitivo de la justicia internacional no solo equivaldría a obstruir la justicia.
Si Mongolia proporciona al presidente Putin un refugio seguro, aunque sea temporal, se
convertirá en la práctica en cómplice de la garantía de la impunidad para algunos de los
crímenes más graves según el derecho internacional», dijo Altantuya Batdorj, directora
ejecutiva de Amnistía Internacional Mongolia.
Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos recordó en una carta
abierta que Mongolia está «legalmente obligada» a detener a Vladimir Putin. (EFE)