La situación reportada en diversas instituciones educativas del estado Trujillo mantiene en alerta a la comunidad escolar y a los habitantes de la región, ante la presencia de presuntos casos de intoxicación aún no esclarecidos.
En el estado Trujillo, diversas denuncias han encendido las alarmas durante el inicio de 2026 debido a presuntos casos de intoxicación que han afectado no solo a niños, niñas y adolescentes, sino también a docentes y trabajadores obreros en múltiples instituciones educativas de la región andina.
El caso más reciente se registró en la Escuela Manuelita Sáenz, ubicada en la parroquia Santa Apolonia del municipio La Ceiba, donde varios miembros de la comunidad educativa presentaron síntomas asociados a intoxicación, lo que generó preocupación entre representantes y autoridades escolares.
En una entrevista concedida a El Nacional, una fuente vinculada a la zona relató la crudeza de lo vivido en los centros de salud: «Yo conozco a una profesora que llegó al hospital donde yo estaba con mi tío. Ella no podía caminar ni respirar; se quejaba mucho y tenía algo extraño en el ojo”, explica.
“También estuvo aquí una enfermera cuya sobrina, que también es profesora, resultó herida. Ella dice que la vio muerta, que no se explica cómo volvió; se puso a llorar porque fue algo horrible. La gente tiene mucho miedo».
Muchos docentes afirman estar siendo amenazados para no hablar sobre el tema y que, además, son obligados a continuar con sus labores, pese a lo ocurrido. Las personas afectadas reportan síntomas como dificultad para respirar, debilidad muscular y pérdida del conocimiento. Asimismo, describen una intensa sensación de «estar muriendo» y aseguran que las secuelas pueden prolongarse durante varios días.
Según diversas denuncias, estos hechos estarían vinculados con las protestas que las comunidades han sostenido en los últimos meses, en las que exigen mejoras salariales y denuncian el deterioro de las infraestructuras en la región. Ante esta situación, ciudadanos solicitan explicaciones al gobierno nacional, a la encargada interina Delcy Rodríguez, y piden que se determinen responsabilidades. En el estado Trujillo, también exigen respuestas al gobernador Gerardo Márquez, insistiendo en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
Por su parte, en los municipios aledaños donde aún no se han reportado casos masivos, se están llevando a cabo reuniones para analizar la situación. En este contexto, a través de las publicaciones de la Alcaldía Bolivariana del municipio Monte Carmelo, se conoció que se han realizado encuentros en las instituciones Hugo Rafael Chávez y María Concepción Graterol.
Sin embargo, el clima en la zona es de absoluta incertidumbre. Un habitante de Monte Carmelo detalló que el temor se ha extendido por los rumores sobre el origen de la afección, puesto que «hay mucha preocupación por ese líquido que están echando. Dicen que en La Victoria tiraron ese tóxico y había maestros y mucha gente hospitalizada en el ambulatorio. La mayoría de la gente tiene temor; la bodega la iban a cerrar y las escuelas suspendieron clases ayer o anteayer. Dicen que la situación también está pasando en Buena Vista y Albarico por el mismo tóxico».
A pesar de estos testimonios, durante las jornadas oficiales se informó que las clases no han sido suspendidas formalmente en el municipio. No obstante, se acordó implementar medidas preventivas, como el uso de tapabocas, evitar la permanencia en los alrededores de las instituciones y mantener un monitoreo constante. Asimismo, se exhortó a la comunidad a mantenerse alerta ante la presencia de personas sospechosas. En estas actividades participaron Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el CMDNNA y la PNC.
La situación no es aislada
De acuerdo con reportes difundidos por la activista y profesora Viviana Save, los casos se han presentado en distintos municipios, sugiriendo un patrón que requiere atención urgente. Entre las instituciones señaladas se encuentran:
Municipio Valera:
Colegio José Luis Faure (parroquia La Puerta).
Unidad Educativa Juan Germán Roscio y Unidad Educativa Antonio Nicolás Briceño (parroquia Mercedes Díaz, sector Barrio Nuevo).
Municipio Boconó:
Reportes en la parroquia Burbusay.
Municipio La Ceiba:
Escuela Fabricio Ojeda y Liceo Antonio José de Sucre (parroquia 3 de Febrero).
Escuela Manuelita Sáez y Liceo Bolivariano Santa Polonia (parroquia Santa Polonia).
Liceo Simón Bolívar (parroquia El Progreso, sector Kilómetro 17).
Municipio Miranda:
Escuela Enrique Flores y CEI Francisco de Miranda (parroquia El Dividive, sector El Mamón).
Municipio Bolívar:
Escuela Cristóbal Mendoza y Liceo Marcelino Zambrano.
Municipio Sucre:
Liceo Cruz Carrillo (sector Sabana de Mendoza).
Municipio Andrés Bello:
Complejo Educativo Arturo Uslar Pietri (parroquia El Jaguito).
Escuela Pascual Ignacio Villasmil (parroquia Santa Isabel).
Instituciones en sectores como Asfalto, Sabana Libre, Las Palmas, Cuatrobocas y Carretera Vieja, incluyendo la Escuela Simón Rodríguez y el Centro Educativo José Félix Ribas.
Municipio Rafael Rangel:
Unidad Educativa Manuela Sáez de Vergara y Aispuru (parroquia Betijoque).
La falta de un pronunciamiento oficial detallado y la expansión de denuncias en varios municipios incrementan la incertidumbre y la preocupación colectiva. Por ello, la comunidad exige una investigación rigurosa que permita determinar las causas, esclarecer responsabilidades y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de las actividades educativas. (EN)
