Provea denunció este domingo que tiene más de 48 horas sin saber el paradero del abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres, miembro del equipo de exigibilidad legal de la ONG.
La organización dijo en X que la última vez que se tuvo comunicación con el activista fue el viernes a las 04:00 p.m., cuando avisó que iba a su casa, en Caracas.
«Eduardo ha sido víctima de amenazas por su labor. Exigimos conocer sobre su paradero. Ninguna autoridad policial o militar ha dado información sobre su paradero, ni sobre los posibles motivos o condiciones de detención en las que se encuentra», dijo la ONG.
Señaló que miembros de su equipo legal «han permanecido por más de cinco horas a las puertas del Palacio de Justicia, Caracas, esperando la ‘autorización superior’ que permita la consignación de un recurso de habeas corpus».
Esposa y colegas lo buscaron infructuosamente en centros de detención
La esposa de Eduardo Torres, Emiselys Núñez, relató en un video difundido en la red social X que la última comunicación con él fue el viernes a las 4:00 pm , cuando se despidió de una reunión para dirigirse a casa, a donde nunca llegó.
Núñez, acompañada por integrantes de la ONG, recorrió diversas dependencias policiales en Caracas, incluyendo El Helicoide del Sebin, la sede de la PNB en Maripérez (DIP), el Dgcim, la DIE de Boleíta, Zona 7 de la PNB y la Dcdo en Petare, sin obtener información sobre el paradero de su esposo.
Caso de Eduardo Torres
«Las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la CRBV (Constitución) y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Reiteramos que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Eduardo. También exigimos respeto al debido proceso y todos los procedimientos en el marco de la ley», expresó Provea.
Otras organizaciones, como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público y Laboratorio de Paz, también exigen información sobre su paradero.
La ONG Fundaredes denunció que «muchos defensores están siendo silenciados de manera arbitraria e injusta, incluyendo» su «director, Javier Tarazona, quien ha estado detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Helicoide», del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
Según Provea, Torres es «beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de DD HH (CIDH)».
Otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Espacio Público, Laboratorio de Paz y Fundaredes también manifestaron públicamente su preocupación y se solidarizaron con Provea, destacando el trabajo de Torres en defensa de los derechos humanos.
Enfatizaron que desde las elecciones presidenciales celebradas en julio del año pasado, las autoridades del gobierno chavista han intensificado los ataques y actos de persecución contra defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos. (EFE/EN)
El otro secuestrado en el estado Táchira Raúl Amiel
En el caso de Raúl Amiel, padre de dos niños, es hijo de la periodista Iris Hevia; él no es activista político ni social, se dedica al diseño y ventas en internet. Fue secuestrado, la noche del 5 de mayo, por sujetos armados vestidos de negro quienes, al no lograr controlarlo, lo golpearon brutalmente, le rasgaron la camisa, hasta que recibieron ayuda de tres hombres más con vestimenta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes se lo llevaron.
Amiel Hevia estaba en su casa de la avenida principal del sector Los Kioskos en San Cristóbal, del fronterizo estado Táchira, cuando llegaron tres funcionarios, sin identificarse y sin identificar a Raúl Amiel. La esposa del joven, al observar el extraño procedimiento de los funcionarios, que no llevaban ni siquiera la orden de allanamiento y mucho menos de detención, no les permitió el acceso a la vivienda familiar, pero los funcionarios pasaron de las amenazas a la acción, incluso golpeando a la esposa de Amiel y a un hijo adolescente, antes de llevarse al hijo de la periodista, en una camioneta de color blanca tipo Tacoma.
“Han pasado siete días y Raúl Amiel está en desaparición forzada”, denuncia la familia. La denuncia se encuentra en manos de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía encargada de Derechos Fundamentales; lo inaudito es que el fiscal le dijo a la familia que no publicara nada en redes. Familiares y amigos de Amiel han acudido a la sede del SEBIN, pero la respuesta de los funcionarios de ese cuerpo de inteligencia es que el joven no se encuentra ahí y como, en muchos otros casos, niegan la detención, mientras el Ministerio Público se niega a actuar. (Sebastiana Barráez)
