La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del preso político venezolano Aldo Roso Vargas, un activista de 70 años, ante el riesgo de que su vida corra peligro por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a brindarle atención médica.
La condición de Roso, una hernia inguinal que degeneró en un tumor, se agravó significativamente mientras permanece en lo que su propia hija describe como “condiciones infrahumanas”.
De acuerdo a una reseña de Infobae, el caso de Aldo Roso, maestro de albañilería y profesor de fútbol, se catalogó por la CIDH como una situación de «gravedad y urgencia». El organismo internacional solicitó al Estado venezolano que adopte de inmediato las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Roso Vargas, y que le garantice una valoración y tratamiento médico oportuno.
Conexión con el empresario Ricardo Albacete
La detención de Roso Vargas se produjo el 4 de julio de 2024, cuando lo arrestaron funcionarios que lo vincularon con el empresario Ricardo Albacete, supuestamente como parte de un plan de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional.
Según la información disponible, a Roso se le acusó de delitos como traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, a pesar de que no conocía a Albacete, cuya verdadera acusación se dio por dar posada a la líder opositora María Corina Machado durante su campaña presidencial.
Mientras a Albacete lo liberaron y desterraron a España tras más de cinco meses de prisión, Aldo Roso permanece en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PBN) en La Yaguara, en condiciones deplorables.
Su hija, Yuly del Valle Roso Quintero, denunció que el recinto alberga a 600 detenidos en un espacio reducido, con escaso acceso a servicios básicos, comida de mala calidad, plagas de insectos y brotes de enfermedades.
Atención médica y medidas de la CIDH
A pesar de que un informe médico forense de febrero de 2025 ordenó que Roso se le trasladara a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente, las autoridades penitenciarias niegan la autorización, un hecho que se denunció ante la Fiscalía General y los tribunales sin éxito.
La familia de Roso asegura que la burocracia y la inacción impidieron que el informe forense llegue al tribunal correspondiente, lo que pone en peligro la vida del activista. (Infobae)
