Portachuelo: Calidad de vida democrática

21 julio 2020 | Opinión

René Núñez

La falta de integridad en el ejercicio democrático suele terminar en vicios, corruptelas y desconfianza en las instituciones como en los ciudadanos. Giovanni Sartori decía “La democracia solo es capaz de sobrevivir cuando sea entendida por los ciudadanos”.

La democracia no es simplemente salir los electores a votar por sus representantes de gobierno. Se trata de que el sistema garantice la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para prevenir o evitar las crisis políticas, económicas y sociales en las sociedades.

La democracia, insisto, no se inicia y concluye en la urna. El voto es el paso inicial para estructurar la complejidad de gobierno que se precie de serlo. Se exige un voto ejercido con conciencia y calidad, asociado esta última a la pertinencia de una institucionalidad garante de amplios derechos civiles, políticos y humanos más allá del mero ejercicio del sufragio. Igualmente, a la selección de los más capacitados y probos como autoridades políticas y legislativas, para asegurar una democracia abierta y funcional.

La democracia descansa fundamentalmente en 5 principios: 1. La libertad de: opinión, de asociación, de reunión, de creación, de protesta, de comunicación social. 2. El trato igualitario de todos los ciudadanos ante la Constitución y las leyes. 3. El respeto a la diversidad de pensamientos y acciones (la tolerancia) 4. La solidaridad (inteligente no incondicional) y 5. La participación de los ciudadanos en todos los espacios previstos en la normativa constitucional y legal.

El régimen democrático “per se” es transparente. Garante de que la gestión y los resultados sean conocidos por el pueblo mediante la rendición de cuentas claras y oportuna. La ciudadanía le asiste el derecho de exigir explicaciones cuando sus gobernantes y legisladores cometen abusos, corruptela, fraude o despilfarro con los dineros públicos.

Se trata, entonces, de un compromiso holístico de eficiencia, probidad y justicia sistémica. La estructura justiciera constituida es la responsable de velar por que el mandato constitucional se ejerza ajustado a derecho, a la ética, a los valores y a los planes de compromisos convenidos con los nacionales.

Las deficiencias en estas materias son muy marcadas y evidentes en las democracias latinoamericanas. Las instituciones vigilantes y responsables de controlar la gobernabilidad como el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales ordinarios, la Fiscalía General del Estado, la Controla General de la Republica, están altamente politizadas y, por ende, viciadas.

Un sistema de libertades es abierto y participativo. La tecnología comunicacional de estos tiempos modernos permite, facilita y garantiza la inclusión de los pueblos en procesos de toma de decisiones públicas. Hay países, como el novedoso caso de Islandia; donde la población utilizó las redes sociales como medio de debate, redacción y aprobación de su constitución nacional. Después de tantos años de desencuentros y conflictos domésticos. Un acto de conciencia soberana y avance democrático sin precedentes.

La calidad de la democracia tiene que ver también con la profesionalización, competencia y meritocracia de los funcionarios públicos. No cabe duda, el conocimiento y la competencia contribuye significativamente a combatir el mal común de los pueblos atrasados en desarrollo como lo son el nepotismo y las influencias partidistas en el ejercicio de gobierno.

Los partidos, por su lado, han de ser los primeros en dar ejemplo de democracia interna y representativa. Procurando y permitiendo a la militancia escoger sus líderes o autoridades mediante elecciones primarias; evitando el autoritarismo y la oligarquía en los partidos que tanto daño han hecho a la gobernabilidad política. Si a la mayoría de las organizaciones partidistas latinoamericanas se les aplicara los 5 principios antes referidos, muy pocas de ellas pasarían el examen.

También se hace necesario la regulación de los grupos y medios de presión a favor de determinados intereses políticos y de gobiernos (Grupos económicos, financieros y medios de comunicación social)

En resumen, se puede concluir, para que el Estado pueda cumplir con sus tres fines a los que se debe: proporcionar a sus ciudadanos bienestar, seguridad y justicia en libertad; se requiere contar con una democracia y una ciudadanía de calidad.

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. Enrique Múgica Herzog

Instagram nunezrodriguezrenejesus   Edición 1534  

Facebook Rene Núñez Rodriguez

@renenunez51

Esta columna se publica también en soynuevaprensadigital.com y el correofinanciero.com

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