La ciudad de Miami, la de mayor proporción de extranjeros en Estados Unidos, aprobó este martes un acuerdo que permitiría al Departamento de Policía asociarse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar a migrantes a pesar de las protestas contra las redadas.
Pese a los cientos de ciudadanos que se manifestaron en contra en el Ayuntamiento, los comisionados de Miami avalaron por tres votos contra dos el «acuerdo 287(g)», con el que la policía local detendrá a migrantes indocumentados para que después ICE los deporte.
El convenio preocupa en particular porque el condado de Miami-Dade es el único en todo el país con más de la mitad de su población nacida en el extranjero, cerca de 54%, según la organización USAFacts.
Además, 70% de estos residentes se considera hispano o latino, expuso Dariel Gómez, organizador de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU).
«Estamos aquí para mandar un mensaje claro y urgente, convertir a la policía local en agentes de inmigración bajo el acuerdo 287(g) es peligroso para Miami. Miami es una ciudad construida por inmigrantes», declaró el activista.
Gómez y decenas de manifestantes protestaron antes y durante la votación fuera del Ayuntamiento, con pancartas en español con leyendas como «El pueblo unido defenderá a las familias migrantes» y las «familias merecen estar juntas».
Otras en inglés rezaban «ICE es la nueva Gestapo (la policía secreta de la Alemania nazi)», «detengan los secuestros» y «paren las detenciones inhumanas y la deportación».
ICE llega a todas partes en Florida
La decisión de Miami refleja que el estado de Florida es líder en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump, pues el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ha impulsado leyes que obligan a las autoridades de los 67 condados a cooperar con ICE mediante los acuerdos 287(g).
El fiscal general, James Uthmeier, anunció el jueves que Florida es el primer estado en tener asignado un oficial de enlace de ICE para «fortalecer la aplicación de la ley migratoria» y tener «una línea directa de comunicación» entre el Servicio de Inmigración federal y autoridades estatales y locales.
Por ello, el jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, argumentó en la asamblea de este martes que la ley estatal los obliga a entrar en el acuerdo con ICE, o de lo contrario perderían recursos estatales.
Pero Will Mann, asociado legal del Community Justice Project, considera que los acuerdos 287(g) son peligrosos, son discriminatorios y son caros», además de que las ciudades no están obligadas a suscribirlos.
«Cuando convertimos a la policía local en agentes federales de inmigración, eso significa que ellos hacen suposiciones del estatus inmigratorio de alguien con base en su apariencia, su color de piel, su idioma, y cuando hacen eso están violando los derechos civiles, y sabemos que eso está pasando en todo el país», expuso.
Además de este voto, organizaciones civiles denunciaron la semana pasada que otro acuerdo de ICE con las cárceles del condado de Miami-Dade, donde hay más de 430 migrantes detenidos, permitiría “desaparecerlos” y agravaría las condiciones que afrontan.
El condado, el más poblado de Florida, aplazó para el 26 de junio el voto que permitiría a ICE pagar 50 dólares para aprehender a un migrante por 48 horas en una prisión local, además de otorgarle “acceso razonable a todos los detenidos” y “discreción” sobre qué información compartir. (EFE)
Jueza declara al fiscal de Florida en desacato por ordenar a policías arrestar a migrantes
Una jueza federal en Estados Unidos declaró este martes en desacato civil al fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, por haber instruido a los cuerpos policiales a arrestar a migrantes indocumentados que ingresen al estado, desobedeciendo una orden judicial previa que suspendía temporalmente la ley SB 4-C.
La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, concluyó que «encontró a Uthmeier en desacato civil de una orden de la corte del 18 de abril», la cual había congelado provisionalmente la implementación de la controvertida normativa que criminaliza como delito grave estatal la entrada de migrantes sin documentos al estado.
Williams subrayó en su fallo que «los litigantes no pueden cambiar el significado llano de las palabras según les convenga, especialmente cuando se trata de la orden clara e inequívoca de una corte. La fidelidad al Estado de derecho no puede tener otro significado».
La decisión de la jueza -conocida por Efe- se produjo tras una demanda presentada por organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF), que acusaron a Uthmeier de ignorar la orden judicial. Argumentaron que el 23 de abril envió una carta a las fuerzas del orden afirmando que el fallo no les era aplicable, por lo que podían continuar efectuando arrestos.
La decisión de la juez de Florida
El fallo judicial de abril que detuvo la aplicación de la SB 4-C, promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis, indicó que la ley «es probablemente inconstitucional», por lo que se otorgó una orden judicial preliminar mientras se resuelve la disputa legal.
La normativa permitía detener y encarcelar personas por ingresar a Florida sin pasar por inspección, incluso si ya habían regularizado su situación migratoria y no cometieron otro delito, además de imponer prisión preventiva obligatoria sin considerar factores personales.
Ante esta situación, la jueza ordenó este martes que a partir del primero de julio, el fiscal de Florida deberá presentar informes quincenales durante al menos seis meses, detallando cuántas detenciones se han efectuado bajo la SB 4-C.
«Además, si los acusados saben de cualquier arresto con motivo de la SB 4-C, Uthmeier debe entregar inmediatamente una notificación a la corte que informe los detalles de los arrestos», concluyó la magistrada.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es migrante -alrededor de 5 millones de personas nacidas en el extranjero-, ha sido referente en la aplicación de políticas migratorias restrictivas, alineadas con las del presidente Donald Trump. El gobierno de DeSantis ha promovido leyes que obligan a las autoridades locales a cooperar con el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas).
