José Carlos Blanco Rodríguez
Siempre se ha considerado como un valor de la actividad abogadil el respeto a los magistrados. No solo por reverencia sumisa a la autoridad, sino por la necesidad de que la difícil función judicial no se vea perjudicada por la comprensible animadversión que causan sus decisiones. Pero como todo en la vida, no se puede exigir respeto cuando no se respeta, porque ningún cargo concede licencia para irrespetar, ni las personas renuncian a su dignidad por el hecho de que sean partes en un proceso judicial gobernado por la autoridad de un magistrado.
La semana pasada, en un reñido proceso, un juez dijo a un abogado que objetaba su actuación, “que no se peleara con los jueces”. Considerando que, en ese caso, el verbo intransitivo “pelear” se utiliza metafóricamente, y que, la fuerza física es inaceptable en el campo del derecho, tampoco pueden pretender los magistrados que los abogados acepten de rodillas todo lo que ellos hacen. Más aún, cuando actúan de manera arbitraria favoreciendo desproporcionadamente a una parte en perjuicio de la otra.
Aceptando que hay muchos chismes y denuncias irracionales, también hay que decir que, observando la cronología de las decisiones judiciales, en los tribunales de Ciudad Guayana, no todos los litigantes son iguales ante los jueces. Y eso no es una apreciación subjetiva, es algo que se puedes demostrar con hechos que están documentados en los expedientes. Hay abogados que tienen que esperar pacientemente, meses e inclusive años, para que les den respuesta a sus solicitudes, pero hay otros que tienen mejor suerte y les acuerdan en “tiempo record”, casi de inmediato, todo lo que piden. En estos días, tres tribunales diferentes proveyeron de manera presurosa, en un mismo día, mejor dicho, en cuestión de horas, sobre una solicitud de una medida de embrago: al medio día se decretó la medida y se comisionó para su ejecución oficiando al distribuidor; a la una de la tarde, se distribuyó, y en el mismo acto se envió al Tribunal ejecutor seleccionado, y éste, antes de cerrar el Despacho le dio entrada y fijó oportunidad para el traslado. ¡Esto si es tutela judicial efectiva! Lástima que solo esté al alcance de unos pocos.
En el año 1992, en el teatro de Edelca cercano, al Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, se organizó un foro sobre derecho probatorio, allí, Jesús Eduardo Cabrera, quien posteriormente fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, pronunció su famosa Frase: “La Corte suprema de Justicia es una gran sastrería, que produce sentencias a la medida de las partes”. Hoy la antigua Corte Suprema de Justicia desapareció, pero parece que la idea de la sastrería se desplazó a muchos lugares y despachos del país.
Si la Inspectoría de Tribunales quiere cumplir una buena labor en favor de la defensa de los principios constitucionales de los justiciables, entre otras cosas, debería hacer un seguimiento a la ejecución de las medidas cautelares; desde su decreto hasta su ejecución, porque en muchos casos, bajo la apariencia de la tutela cautelar, se oculta una manipulación dolosa, a la que no se debe prestar el Poder Judicial.
El tema que aquí se trata, no se refiere exclusivamente a intereses individuales, sino al derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a los órganos de administración de justicia en condiciones de igualdad. Y esto es lo que tienen que garantizar los jueces. Si no lo hacen, los abogados están moral y legalmente obligados a ejercer los recursos que ponen en sus manos las leyes, para defender los derechos de sus clientes y su derecho a ejercer la profesión sin tener que soportar las consecuencias de la arbitrariedad. En estos casos, “pelear” contra los jueces arbitrarios es obligatorio. Si no lo hacen tienen que dedicarse a otra cosa. (twitter @zaqueoo)
