La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela reveló nuevos casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra opositores bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas.
No es la primera vez que organizaciones internacionales advierten del deterioro de los derechos humanos en Venezuela en este último tiempo. Pero el último informe publicado este martes por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela es de los más contundentes, pues asegura que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato”, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, ha documentado “violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas” y lejos de ser actos aislados, asegura, se trata de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición” del país, donde Maduro lleva once años gobernando, desde que asumió como presidente en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez.
Según un informe publicado este martes, la misión acreditó al menos siete casos de tortura cometidos antes del 28 de julio de 2024 y sigue recibiendo denuncias de otros casos que todavía no se han investigado a fondo por temor a represalias.
Golpes con bates, asfixia y descargas eléctricas
Detalla que los métodos de tortura incluyen golpes con planchas de madera o bates envueltos en espuma, puñetazos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación del sueño mediante luces intensas o música a alto volumen.
Estos métodos coinciden con los utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, ya documentados en informes previos.
El caso de John Álvarez
Uno de los casos más destacados es el de John Álvarez, líder juvenil del partido político Bandera Roja, a quien detuvieron en Caracas el 30 de agosto de 2023.
Álvarez sufrió tortura física y sexual, recibió golpes y descargas eléctricas en los genitales para forzarlo a incriminar a líderes sindicales, políticos y periodistas en actos ilegales. Como consecuencia, Álvarez enfrenta secuelas físicas graves.
El informe también señala que en otros nueve casos investigados, las autoridades emplearon coerción e intimidación, obligando a los detenidos a grabar videos autoincriminatorios o incriminando a terceros. Usaron además amenazas contra sus familias.
Estas prácticas, sin la presencia de un abogado defensor, son violaciones graves al derecho de no autoincriminación, y en algunos casos podrían constituir actos de tortura, destaca la misión de la ONU.
Falta de información sobre casos recientes
Los expertos expresaron su preocupación por la falta de acceso a información sobre los casos posteriores al 28 de julio de 2024 y sugirió que muchos no han sido reportados por miedo. También señaló que, en fases anteriores de protestas, la mayoría de los actos de tortura ocurrieron en las horas o días inmediatamente posteriores a las detenciones.
El informe resalta finalmente que las víctimas de tortura no han recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado venezolano y que las secuelas físicas y mentales siguen afectándoles gravemente.
«Ninguna institución estatal está llevando a cabo programas de atención y apoyo para estas víctimas», subraya la misión.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, ha señalado Marta Valiñas, presidenta de esta Misión que fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país latinoamericano. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El grupo de la ONU ha constatado que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 51,9% de los votos y el antichavismo denunció “fraude”, se ha producido un “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” en el país, de forma que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”. El informe también indica que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.
“Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”, concluye el informe.
Recomendaciones
Por todo ello, la misión de la ONU sobre Venezuela recomienda al Gobierno de Maduro “investigar las alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos en el marco de las protestas electorales”, así como garantizar la rendición de cuentas de los responsables. También insta al país latinoamericano a “terminar con la práctica de las detenciones arbitrarias” y poner en libertad a todas las personas detenidas de forma injusta.
Asimismo, la misión recomienda al Ejecutivo venezolano “acabar con la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración”, asegurando que todos los registros de personas detenidas sean de libre acceso para familiares y abogados, así como que establezca “condiciones de detención adecuadas”, teniendo en cuenta las necesidades y la situación concreta de cada persona privada de libertad, incluidas las mujeres, niñas y personas LGBTI+.
Debido al delicado momento que atraviesa Venezuela tras las elecciones, el futuro de la misión de la ONU se decidirá este mes, por lo que el propio grupo también recomienda a la comunidad internacional “mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos”, y que insista, sobre todo, en la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas. (EN/Infobae)
