ONU determinó que Maduro incurre en graves crímenes de lesa humanidad

17 septiembre 2020 | Internacionales, Política

 

Una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajuciciales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, vinculando al mandatario socialista con crímenes de lesa humanidad.

«La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.

El informe también apunta a los funcionarios chavistas así como a las fuerzas de seguridad al servicio de Maduro, específicamente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quienes señalaron de ejecutar, incluso, “violencia sexual y de género” a las víctimas.

“Personas de diferentes niveles institucionales y jerárquicos estuvieron involucradas en estas violaciones. Actores institucionales clave dentro del poder ejecutivo, los servicios policiales y el poder judicial, han tenido un papel. Los servicios de inteligencia del Estado han desempeñado un papel integral en los patrones de las violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron los blancos de la represión, realizaron arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a las personas detenidas”, reza el informe.

En tanto, el documento precisó que un exempleado del Sebin dijo a los funcionarios de la Misión que las órdenes “que determinaban quién sería investigado a menudo venían del Presidente Maduro y de Diosdado Cabello”.

La Comisión reiteró que los altos funcionarios de estos “cuerpos de seguridad” tenían conocimiento de todas las ejecuciones extrajudiciales por lo que sugiere investigaciones a directivos. Asimismo, a jueces y fiscales partícipes de procesos irregulares.

En este contexto, la ONU dice tener motivos razonables para creer que Nicolás Maduro, así como el ministro de Relaciones Justicia y Paz, Néstor Reverol “ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos” documentados en el informe, por lo que instaron a una investigación que determine la responsabilidad individual.

“Los contornos exactos y el alcance de esas contribuciones deben ser debidamente investigados y las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o internacional”.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y jefe del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba «detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso» y casos de «tortura y desapariciones forzadas».

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para «corroborar los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que «el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes» y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce «la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público», constató que «el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela». (NTN24/AFP)

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