La ONG Unión Venezolana en Perú (UVP), pidió este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU abrir un debate formal sobre la proliferación de armas de guerra en manos de grupos civiles armados en Venezuela.
A través de un comunicado la organización alertó sobre lo que describió como “la grave amenaza” que supone la expansión de estas estructuras armadas, a las que atribuye capacidades militares, control territorial y funciones de coerción política.
El presidente de la UVP y exdiputado opositor, Óscar Pérez, señaló que estos grupos —conocidos comúnmente como “colectivos revolucionarios”— operan como fuerzas paraestatales y han sido equipados con armamento de guerra, sistemas de comunicación y recursos operativos “que exceden cualquier forma de organización civil”.
Según la ONG, dichas estructuras son utilizadas de manera sistemática para intimidar, agredir y perseguir a ciudadanos que manifiestan su oposición política al poder establecido. Esta dinámica se mantiene, afirmó, en el contexto actual marcado por la estructura de poder que encabeza Delcy Rodríguez, quien asumió este lunes como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos.
“Este patrón constituye, en los hechos, una política de terror y represión contra la población civil, incompatible con el Estado de Derecho y con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos”, advirtió Pérez en el documento.
Armas de alto calibre socavan democracia
El dirigente subrayó además que la expansión de armas de alto calibre entre actores no estatales debilita uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: el monopolio legítimo del uso de la fuerza.
“No puede hablarse de paz ni de democracia donde existen grupos armados civiles con fusiles y armas de alto poder actuando como instrumentos de intimidación y persecución política”, sostuvo.
En su pronunciamiento, la UVP recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el mandato de velar por la paz y la seguridad internacionales, lo que le otorga la facultad de examinar situaciones internas cuando estas puedan derivar en desestabilización regional, violaciones sistemáticas de derechos humanos o expansión del crimen organizado transnacional.
Finalmente, la organización instó a la comunidad internacional a promover un mecanismo de control y rastreo de armas que permita frenar su desvío, transferencia ilícita y acumulación irregular. También reclamó garantías verificables para la protección de la población civil, incluyendo el fin de la intimidación armada y de la persecución política en Venezuela. (EN)
