La Justicia argentina convocó al gendarme argentino Nahuel Gallo para declarar como testigo en la causa abierta en ese país, la cual investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro.
La audiencia, convocada por el juez federal Sebastián Ramos, fue fijada para el 30 de abril y se realizará por videoconferencia, en el marco de un expediente tramitado bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales argentinos investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas fuera de su territorio.
Gallo, que estuvo detenido durante 448 días en Venezuela tras ser arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a su familia, también solicitó ser reconocido como parte querellante en la causa, lo que le permitiría aportar pruebas y participar activamente en el desarrollo del expediente.
La citación fue autorizada por el magistrado luego de que la Gendarmería Nacional habilitara su participación, con el aval del equipo interdisciplinario que lo asistió tras su regreso.
La querella, impulsada por los Foros por la Democracia FADER y FADD, había sugerido su testimonio al considerar que constituye “una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales”.
El testimonio de Gallo es considerado clave porque podría aportar información directa sobre condiciones de detención y eventuales torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas al gobierno chavista dentro del sistema carcelario venezolano.
Detención de Nahuel Gallo en Venezuela
El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Nahuel Gallo permaneció detenido en Venezuela luego de ser arrestado el 8 de diciembre de 2024 al ingresar al país por la frontera entre Venezuela y Colombia. Fue trasladado sin proceso formal al centro de detención El Helicoide en Caracas y luego enviado a la cárcel de El Rodeo I.
Las autoridades venezolanas lo acusaron de espionaje y de participar en supuestos planes desestabilizadores, incluyendo un presunto intento de atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En tanto, el gobierno argentino denunció su detención como arbitraria y lo calificó como preso político.
Tras su liberación el 2 de marzo de 2026, regresó a Argentina, donde inició un proceso de recuperación física y psicológica. En sus primeras declaraciones públicas evitó detallar las “atrocidades” sufridas, aunque describió El Rodeo I como un lugar de fuerte tortura psicológica donde se mantenía a presos políticos de diversas nacionalidades.
Posteriormente, decidió asumir un rol activo en el proceso judicial. “No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, expresó en declaraciones públicas.
Investigación por crímeres de lesa humanidad en Venezuela
El expediente fue abierto en Argentina en 2023 y se sustenta en el principio de jurisdicción universal. En él se analizan denuncias de víctimas venezolanas residentes en Argentina sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas al aparato estatal venezolano.
Como parte de la causa, se incorporaron al menos 17 informes de organismos internacionales que documentan patrones de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, la justicia argentina avanzó en un pedido de extradición contra Nicolás Maduro, con una orden de captura internacional para que preste declaración indagatoria. (EN)
