El Miranda Center for Democracy presentó en Washington un informe que analiza la expansión económica de las Fuerzas Armadas en Venezuela y la compara con el modelo desarrollado en Cuba alrededor de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial controlado por los militares de la isla.
El estudio, titulado Armies that Own Economies: Military-Commercial Capture in Cuba and Venezuela, sostiene que Venezuela construyó durante las últimas décadas una estructura empresarial militar mucho más dispersa que la cubana, pero basada en una lógica semejante: otorgar a las Fuerzas Armadas participación directa en sectores estratégicos de la economía y acceso a fuentes de ingresos propias.
De acuerdo con el reporte, el Ministerio de Defensa venezolano supervisa al menos 44 entidades, divididas entre 24 empresas y 20 fundaciones o servicios autónomos, con actividades que abarcan finanzas, petróleo, oro, manufactura, agricultura y comercio minorista.
Una red empresarial bajo control militar
El informe señala que la penetración económica de las Fuerzas Armadas venezolanas se extiende mucho más allá de las actividades relacionadas directamente con la defensa.
El Ministerio de Defensa posee, según la investigación, 99% del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) y controla Seguros Horizonte, descrita en el estudio como la segunda mayor aseguradora del país.
A esto se suma una extensa participación en actividades productivas y comerciales.
Empresas vinculadas al aparato militar fabrican textiles, uniformes, agua embotellada y electrodomésticos; administran producción agrícola y ganadera; participan en transporte pesado, ensamblaje de vehículos, distribución de neumáticos, construcción naval, servicios de impresión, turismo y televisión digital.
El Miranda Center sostiene que estas compañías disfrutan en determinados sectores de acceso preferencial a recursos controlados por el Estado, lo que puede alterar las condiciones de competencia frente a empresas privadas independientes.
Al menos 103 militares en juntas directivas de empresas estatales
Otra de las cifras destacadas por el reporte es la participación de oficiales en la administración de compañías públicas.
Al menos 103 oficiales militares ocuparon puestos en juntas directivas de empresas estatales, muchas de ellas compañías que pasaron al control del Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de acuerdo con la investigación.
El resumen del estudio añade que el Ministerio de Defensa no publica su informe anual de actividades y cuentas desde 2015, lo que, según los autores, limita el acceso público a información financiera y administrativa sobre ese entramado empresarial.
Para el Miranda Center, esta combinación de empresas, cargos administrativos y acceso a recursos permite construir una estructura de incentivos económicos alrededor del estamento militar.
CAMIMPEG y el control sobre petróleo, oro y coltán
El informe presta especial atención a CAMIMPEG, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas.
La empresa –según el estudio– participa en operaciones vinculadas con Pdvsa y posee licencias para explorar y explotar oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco.
El resumen preparado por Miranda Center señala además que en esa región operan grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua.
La investigación argumenta que esta presencia en actividades extractivas coloca a las Fuerzas Armadas en un punto central del circuito mediante el cual algunos de los recursos naturales más importantes del país se convierten en ingresos.
Empresas mixtas y socios privados
El reporte también analiza la relación entre el entramado militar y empresas privadas.
Miranda Center afirma que algunas sociedades mixtas han sido estructuradas bajo una fórmula de 51% de participación militar y 49% de capital privado.
En este esquema, los socios privados pueden aportar capital, tecnología y experiencia técnica, mientras que las entidades militares aportan acceso a licencias, infraestructura estatal y recursos estratégicos.
El estudio sostiene que este modelo puede favorecer a empresarios con vínculos cercanos al poder mediante acceso preferencial a contratos públicos, recursos estatales o divisas.
La comparación con GAESA
Para explicar la estructura venezolana, el informe utiliza como referencia el modelo desarrollado en Cuba alrededor del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
A diferencia de Venezuela, donde el entramado está distribuido entre decenas de entidades, GAESA concentra bajo una sola estructura militar buena parte de las actividades económicas estratégicas.
El Miranda Center estima que el conglomerado controla entre 40% y 50% de la economía cubana, principalmente a través de empresas de turismo, comercio exterior, banca, remesas y logística.
Documentos filtrados citados en la investigación indican que GAESA tenía en 2024 alrededor de 17.900 millones de dólares en activos, incluidos más de 14.400 millones en cuentas bancarias.
El informe destaca que el conglomerado no publica estados financieros, no aparece de manera transparente en el presupuesto cubano y no está sometido a los mecanismos ordinarios de auditoría pública.
Un pequeño círculo de poder
Miranda Center sostiene que la dirección de GAESA estaría concentrada en un grupo de menos de 15 personas cercanas al círculo de poder de la familia Castro.
El conglomerado creció especialmente bajo el liderazgo del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, quien lo dirigió hasta su muerte en 2022.
Durante esa etapa, GAESA amplió su presencia hacia turismo, puertos, logística, importaciones minoristas, comercio exterior y sectores relacionados con la distribución y comercialización de combustible.
Venezuela transfirió al menos 63.800 millones de dólares a Cuba
La relación entre ambos modelos también aparece en el análisis de la cooperación energética entre Caracas y La Habana.
El Miranda Center calcula que desde el año 2000 Venezuela transfirió a Cuba el equivalente de al menos 63.800 millones de dólares mediante petróleo subsidiado, inversiones en infraestructura, alivio de deuda y acuerdos energéticos preferenciales.
De esa cantidad, aproximadamente 57.400 millones de dólares corresponderían al valor ajustado por inflación de los suministros petroleros venezolanos.
El reporte indica que para 2008 Venezuela enviaba alrededor de 115.000 barriles diarios de petróleo a Cuba, mientras que entre 2005 y 2013 los suministros se situaron normalmente entre 90.000 y 105.000 barriles diarios.
Estos flujos, según la investigación, fortalecieron sectores estratégicos de la economía cubana que progresivamente quedaron bajo la influencia de GAESA.
El peso de GAESA en el combustible cubano
El informe estima que entidades vinculadas al conglomerado militar cubano influyen o controlan más de 80% de la infraestructura y logística asociadas al combustible que entra en Cuba, incluidos puertos, almacenamiento, transporte, canales de importación y operaciones en divisas.
El propio documento reconoce que el porcentaje exacto resulta difícil de verificar de forma independiente debido a la opacidad del sistema cubano.
Miranda Center cita además una investigación de CubaNet sobre las empresas recientemente autorizadas a importar combustibles, en la que se identificaron vínculos de varios de esos actores con GAESA, instituciones estatales o personas relacionadas con la familia Castro.
La conclusión citada por el informe fue que “GAESA no ha renunciado a su monopolio”.
AME5598. CARACAS (VENEZUELA), 19/03/2026.- Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando en una reunión junto a la cúpula militar de Venezuela este jueves, en Caracas (Venezuela).EFE/ Prensa Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Economía, lealtad militar y poder político
La principal tesis del informe es que la expansión empresarial de las Fuerzas Armadas en Cuba y Venezuela no debe entenderse exclusivamente como un fenómeno de corrupción o mala gestión económica.
El Miranda Center considera que el control de empresas y recursos genera incentivos que ayudan a consolidar la lealtad de los altos mandos y a fortalecer la capacidad de las estructuras militares para intervenir en la vida política.
“El patrón en ambos países es el mismo”, sostiene el resumen del documento: oficiales militares adquieren control sobre empresas y sectores económicos, mientras que las rentas obtenidas contribuyen a financiar y sostener el aparato político.
El centro resume su advertencia con una frase incluida en el informe: “Un aparato militar que posee la mitad de la economía no necesita dar un golpe de Estado; simplemente puede comprar su supervivencia política”.
Por ello, cualquier proceso de democratización en Venezuela debería abordar también la estructura económica construida alrededor de las Fuerzas Armadas.
Separar al sector militar de actividades comerciales que no estén relacionadas con la defensa, someter sus empresas a mecanismos de auditoría y transparencia y revisar sus participaciones en sectores estratégicos serían pasos necesarios para evitar que esa arquitectura económica sobreviva a eventuales cambios políticos, según la investigación. (EN)
