El ingeniero Simón Yegres, miembro y coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Caroní para la gestión del Aseo Urbano, ha emitido una contundente declaración sobre una nueva arremetida judicial de Fospuca Caroní contra los empresarios de la zona, verificable en la aplicación de medidas judiciales de embargo contra otras 08 firmas comerciales mientras se mantienen reuniones entre el gobierno regional, municipal y representantes de los empresarios para buscarle solución al problema de la adjudicataria del aseo que viene afectando el desenvolvimiento económico del municipio con sus elevas tarifas y acciones legales de embargo.
Todo esto, según destaca Yegres, a pesar de las reuniones entre una parte del sector empresarial, la gobernadora y el alcalde ahora electo de Caroní. Cosa que no logra explicarse pues si se supone que hay una mesa de diálogo es para soluciones concertadas entre las partes y dentro del marco legal vigente ; pero lo que ocurre es todo lo contrario, pues las empresas de Ciudad Guayana siguen enfrentando demandas y medidas preventivas de embargos que consideran violatorias de la Ley Orgánica de Armonización Tributaria y de una sentencia de la Sala Civil del TSJ del 4 de agosto de 2014, que establece que proformas usadas como base de las acciones de los abogados de la empresa de aseo no tienen valor fiscal ni legal.
El ingeniero también se refirió a la interpretación de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de Potestades Tributarias de Estado y Municipio (LOCAPTEN). Aclaró que la ley establece que las mediciones deben ser en masa o volumen. Explicó que si bien se pueden usar kilogramos y litros como ejemplos entre paréntesis, la ley es más amplia para incluir otras unidades como gramos, decilitros o metros cúbicos. como se hace a nivel mundial y no por la medida de metros cuadrados del local que aplica Fospuca Caroní. Cosa que automáticamente se traduce en un cobro de centenares o miles de dólares o euros que se achaca a un sector que desde la pandemia viene atravesando dificultades de ingresos para poder sostenerse.
Reunión con Fospuca sin resultados ni tratamiendo de temas cruciales
Según testimonios que se repiten en la ciudad, el presidente de Fospuca Caroní se habría reunido con la mandataria recién electa y el alcalde en el despacho del empresario, antes de un encuentro en un hotel de Ciudad Guayana, dónde participaron varios comerciantes y empresarios de la zona. Al respecto comenta Yegres «En ese encuentro hablaron varios. De hecho, yo tengo un resumen, una información de varias personas que hablaron y hasta amigos nuestros hablaron allí».
Si bien el encuentro se dá por la petición de un representante del sector empresarial, a quien por cierto muchos no consideran un interlocutor valido, pues en los últimos dos años nunca había levantado su voz de protesta ante la situación que viene afectando al sector comercial, empresarial e industrial de la ciudad por los desmedidos cobros de tarifas de aseo que aplica la empresa.
El coordinador de la Asamblea de Ciudadanos expresó su preocupación por lo que considera una omisión intencional de temas cruciales en estas reuniones. «Lo importante es que en esas reuniones y encuentros no hablaron, no mencionan, ni nunca lo han hecho, el inexistente relleno sanitario y su cobro ilegal», sentenció.
Asimismo, criticó que no se haga mención a la contratación irregular de la concesionaria de la basura, ni a la ilegalidad del contrato de concesión, ni a la violación de la LOCAPTEN por parte de la Ordenanza de la Seguridad Urbana. Yegres también calificó de «escandalosa» la «usurpación de funciones y cualidades de autoridades municipales» por parte de la concesionaria al «permitir modificar y fijar tarifas en acuerdos con comerciantes sometidos a coacción o presión». Recalcó que la fijación de tarifas es una «función legislativa de la Cámara Municipal».
Oferta de créditos y el «simulacro» de diálogo
En relación a la oferta de créditos por parte de un representante bancario, que además es el líder de Fospuca Caroní, Yegres explicó que eso «lo ofreció como un acto generoso para ayudar a los empresarios con dificultades económicas». Por ello calificó esta situación como «irónica», ya que «una de las causas de la situación económica difícil que atraviesan los comerciantes y empresarios de Ciudad Guayana, son precisamente las exageradas tarifas» del servicio. «Quienes están contribuyendo a crearle la situación difícil ahora aparecen o trata de aparentar un acto de generosidad ofreciéndole crédito. Eso es irónico», agregó.
La sorpresa es que aumentaron las demandas, embargos y sus montos
La sorpresa en cambio, es que mientras las autoridades se reunen con Fospuca Caroní, sus abogados han introducido ya más de una docena de acciones judiciales con embargos incluidos, con los mismos fallidos y violatorios argumentos de las anteriores y los tribunales las han aprobado.
Situación que ha generado una creciente preocupación entre los comerciantes, quienes denuncian que las autoridades no han asomado ninguna solución para el sector económico de la ciudad y que el por el contrario están sufriendo un incremento notable en las acciones judiciales de Fospuca Caroní.
Hace unos días se hablaba de 5 empresas que fueron demandas y víctimas de medidas de embargo por no pagar el servicio de aseo urbano. A esas aún hay que sumar otras 8 demandas entre el viernes pasado y el inicio de esta nueva semana.
Nuevas empresas afectadas y montos millonarios
La situación nueva afecta a numerosas empresas en la ciudad, con deudas que, en promedio, superan los 14.000 dólares, por empresa, sin incluir costas ni honorarios de abogados. Algunas de las nuevas industrias o comercios afectados son:
Rectificadora Nacional (en Unare)
Caucho Asaro CA (en Unare)
Zora Administradora de Hoteles
La Mansión de Leonel (en la Parroquia Cachamay)
La Boutique del Mar (frente al Mercadito de Puerto Ordaz )
El Bodegón de Nepito (en Unare)
Hotel, Bar, Restaurante Águila (en San Félix)
Por nombrar algunos de los nuevos afectados que se suman a la ya creciente lista de víctimas judiciales de Fospuca Caroní. Vale destacar que algunos como el Hotel Águila, por ejemplo presentan un monto mucho mayor de embargo, por que cabe preguntarse si a otros hoteles en la ciudad de mayor tamaño se les cobra lo mismo, pues hasta donde se sabe hay algunos a los que se les cobran montos muy diferentes, cosa que genera profundas dudas sobre la equidad tarifa o los supuestos montos definidos para el cobro de un servicio que se perfila como uno de los más costosos del continente, si bien la Ley Orgánica mencionada de Armonización Tributaria lo establece como de interés general y orden público.
En marcha medidas contra los inmuebles de deudores.
Lo más alarmante para la ciudad – según destaca Yegres-, son las nuevas medidas judiciales preventivas de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, que se están aplicando contra dos de las empresas ya embargadas anteriomente. Esto significa que los propietarios no pueden vender, hipotecar, ceder o donar sus propiedades, lo que ha llevado a la pregunta de si ahora la subsidiaria del aseo busca quedarse con los inmuebles.
Estas acciones, según el denunciante, se consideran una violación directa de la Ley Orgánica de Armonización Tributaria, pero además de la sentencia de la Sala Civil del TSJ donde se estableció que no se pueden usar facturas proforma para cobrar tarifas del servicio de aseo urbano. Hecho que implica abiertas acciones violatorias por parte de los tribunales involucrados en las acciones judiciales.
Preguntas sin respuesta y falta de avances
Ante tal situación bizarra, Simón Yegres sostiene que a la luz de lo ocurre es cuestionable la efectividad de las mesas de negociación, ya que, a pesar de los encuentros, las demandas y medidas cautelares continúan. Se pregunta además sobre la frecuencia y los participantes de estas reuniones, que parecieran envueltas en una nube de opacidad, así como los avances concretos que a todas vistas brillan pero por su ausencia.
La denuncia del ingeniero Yegres destaca que, mientras se habla de desbloqueo del portal de Tributos Municipales , cerrado en la gestión del ya saliente Alcalde Tito; y de tarifas justas como lo dispone la Ley de Armonización Tributaria para los Estados y Municipios, los tribunales continúan aplicando medidas coercitivas que, según los afectados, juristas y decisiones del TSJ violan la ley. Pareciera que las reuniones son más bien una suerte de estrategia para nuevas negociaciones sin un verdadero interés en resolver las arbitrariedades existentes.
El llamado es a que las autoridades respeten la Ley Orgánica de Armonización Tributaria para los estados y municipios, la cual es de orden público y fue aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, se reitera la validez de la sentencia de la Sala de Casación Civil que declara la invalidez fiscal y legal de las proformas.
Oferta de créditos y el «simulacro» de diálogo
En relación a la oferta de créditos por parte de un representante bancario, Yegres aclaró que no se ofrecieron para pagar la deuda de los empresarios con la concesionaria de aseo urbano. «Lo ofreció como un acto generoso para ayudar a los empresarios con dificultades económicas», explicó. Sin embargo, calificó esta situación como «irónica», ya que «una de las causas de la situación económica difícil que atraviesan los comerciantes y empresarios de Ciudad Guayana, es esa situación con los exageradas tarifas» del servicio. «Quienes están contribuyendo a crearle la situación difícil ahora aparece o trata de aparentar un acto de generosidad ofreciéndole crédito. Eso es irónico», agregó.
Finalmente, Yegres alertó nuevamente que, desde el inicio de las mesas de diálogo con «supuestos representantes gremiales, autoridades regionales y municipales y la concesionaria de la basura», se han tramitado «más de una docena de embargos». Esto, según él, «se explica como una burla y poca seriedad en una búsqueda real para resolver esa grave situación». Concluyó que «pareciera ser más bien que esto es un simulacro que se está haciendo», ya que lo «serio que se supone es que han debido paralizar la medida de mayor ensañamiento con la gente trabajadora del comercio y de las empresas en Guayana, como son esas medidas de embargo por esos montos tan exorbitantes.» (Redacción – CNP 8235)
