Al menos 163 militares permanecen encarcelados en Venezuela por motivos políticos y fueron excluidos de la Ley de Amnistía. Sus familiares y abogados denuncian que las autoridades los retienen como fichas de canje para presionar en las negociaciones de transición.
Más de 200 días han pasado desde que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y otros 178 transcurrieron desde que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía bajo la cual han sido liberados, según el gobierno encargado, 1.046 presos por razones políticas.
Pero hay un grupo de prisioneros por razones políticas que permanece encarcelado, que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos, de torturas, a quienes se les ha vulnerado el debido proceso, el derecho a la defensa y que, según sus propios familiares, son utilizados como fichas de canje por quienes ahora ostentan el poder: ellos son los militares.
De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, en el país hay al menos 163 militares encarcelados por causas políticas. La Operación Gedeón, el asalto al Fuerte Paramacay o los supuestos planes de magnicidio son solo algunas de las causas que el régimen de Nicolás Maduro utilizó como argumento para encarcelar a uniformados.
Los militares encarcelados permanecen tras las rejas y quedaron excluidos de las liberaciones otorgadas por la Ley de Amnistía, porque, según las autoridades gubernamentales, la ley prohíbe que sean beneficiados todos aquellos que estén acusados de cometer actos contra la seguridad y la integridad territorial.
“Lo que hay que recordarle al régimen es que históricamente los militares han sido beneficiados en distintas etapas de la historia, por diferentes leyes e indultos y que esa exclusión que están haciendo con la Ley de Amnistía es absurda”, expresó el abogado Alonso Medina Roa.
Hugo Chávez, el militar golpista de 1992 y luego presidente de Venezuela, fue indultado por el presidente Rafael Caldera en 1994, después de haber estado preso en la cárcel de Yare tan solo dos años.
El jurista destacó que en todos los casos que han sido públicos en el país, ha quedado en evidencia que los militares han entrado o salido de prisión por meras decisiones políticas y no porque hayan cometido delitos, lo que, a su juicio, constituye una clara violación a la institucionalidad militar, más allá de las violaciones a los derechos de los uniformados.
Fichas de canje, control e intimidación
La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida el 3 de enero, dejó en una posición comprometida a todos los componentes militares del país. El desprestigio de la institución, de cara a los ciudadanos, se ha ido incrementando con los años, debido al uso represivo de la Fuerza Armada Nacional contra la población civil en momentos de tensión política. Por esa razón, el grupo de los militares que permanecen presos por razones políticas muchas veces ha quedado relegado en las menciones y denuncias que hacen sus familiares y defensores.
Tanto el abogado Alonso Medina Roa como algunos familiares de militares que están tras las rejas por motivos políticos coinciden en que las liberaciones de los uniformados han sido más lentas y selectivas, porque son utilizados como fichas de canje y como parte de los planes de control político del oficialismo.
“Si se tratara de un tema de prevención de alzamientos dentro de los cuarteles, lo que existe es un trato desigual frente a la justicia que evidentemente viola la Constitución y eso, al final, lo que muestra es debilidad frente a los demás militares y demuestra una gran inseguridad política”, comentó Medina Roa.
Igner Marín, hermana del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, asegura que ha denunciado esta situación en reiteradas oportunidades, pues según su experiencia, el gobierno ha demostrado que los mantiene como rehenes políticos y fichas de alto valor estratégico que van liberando para aliviar la presión internacional o buscar legitimidad en el exterior.
Con ella coincide Verónica Noya, esposa del capitán Antonio Sequea, uno de los detenidos por la Operación Gedeón, quien advierte que los militares presos por razones políticas son un tema sensible para el gobierno, que incomoda a la cúpula en el poder y que quizá sean piezas para las negociaciones políticas que se están dando y que se darán dentro de una eventual transición en el país.
El caos del sistema de justicia
El quiebre institucional en Venezuela ha alcanzado todos los ámbitos, pero es en la justicia ordinaria y en la militar donde el daño y los excesos han sido evidentes y donde los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado mantienen tras las rejas a personas inocentes.
“Los tribunales del país se han convertido en cómplices del régimen, hay una violación constante del Código Orgánico Procesal Penal y a los principios de cumplimiento de las penas. A diario vemos jueces que incurren frecuentemente en silencios que atentan contra el sistema de justicia y pasa lo mismo en los tribunales militares y ordinarios. No cumplen con los procesos que establece la ley, y los procesos son cada vez más lentos. Hay casos como el de los militares de la causa Aurora cuyos juicios tardaron tres y cuatro años y eso viola el debido proceso y la Constitución”, declaró Medina Roa.
El abogado señaló, entre otras irregularidades, la celebración de audiencias telemáticas en las cuales el detenido no está junto a su abogado defensor, lo que constituye una violación de los derechos y una irregularidad del proceso. “Eso es lo más contrario al Derecho que puede existir, porque el Código Orgánico Procesal Penal establece que debe haber una comunicación directa entre el defensor y el acusado al lado, y lo que demuestra es que hay una violación a los derechos del acusado, porque el sistema actualmente no está diseñado para que haya audiencias telemáticas, y menos en un país como Venezuela que no cuenta con la tecnología necesaria para que el procesado pueda tener comunicación con su defensa al mismo tiempo que se celebra la audiencia”, dijo Medina Roa.
La realidad es que después del 3 de enero la situación de los militares presos ha tomado otro significado, debido a las presiones que existen dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional. Las lealtades han cambiado y las autoridades se han visto obligadas a gestionar los mandos de manera que los uniformados atiendan a las jerarquías, pese al quiebre que hubo ante el ataque militar de Estados Unidos.
Sin embargo, todavía hay más de 160 hombres que un día juraron defender a una institución y a un país que permanecen tras las rejas sin saber si la transición política que se desarrolla en Venezuela les permitirá ver la libertad y reencontrarse con sus familiares. (EN)
