El jueves 26 de febrero de 2015 el Concejo Municipal de Páez (Guasdalito), en Apure, destituyó de su cargo a la alcaldesa Lumay Barreto, quien había viajado a Caracas por una reunión de emergencia del partido Voluntad Popular, en el cual milita, y luego debía trasladarse hasta Barquisimeto por una condición de salud de su hijo.
Mientras el Concejo Municipal tomaba la decisión de destituir a Barreto por abandono del cargo, el mismo día desde Caracas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una medida cautelar a la alcaldesa electa, que ya tenía un año y cuatro meses gobernando como primera autoridad del municipio apureño.
Barreto estuvo fuera del municipio por cinco días y el viernes regresó a la sede de la alcaldía. Cuando llegó, se encontró con el único documento que avalaba su destitución: el Acuerdo N° 049-2015 publicado en la Gaceta Municipal N° 028, en el cual se designaba a Víctor Blanco Sáez, presidente del Concejo Municipal, como alcalde encargado.
El Acuerdo 049 basa la decisión en “problemas colectivos y difusos” y las pruebas presentadas eran que había una cantidad de basura regada en la calle principal del pueblo. Barreto se negó a entregar la alcaldía mientras el Banco de Venezuela le entregaba las cuentas certificadas por los recursos que quedaron congelados al día siguiente de la destitución.
“Duré diez días para entregar la alcaldía porque el banco no quería darme los estados de cuenta y la única explicación era que tenían órdenes de no entregarme ningún documento. Pero en ese momento había 54 millones de bolívares que si desaparecían iban a decir que yo me los robé. Yo solo iba a entregar con las cuentas certificadas en la mano y así se lo dije al juez. Pero como querían obligarme minaron la alcaldía de militares y me pusieron al frente una tanqueta de guerra para que yo saliera”, explica Barreto.
La destitución ocurrió sin que se completara la primera mitad del período y el presidente del Concejo Municipal asumió el cargo pero no se convocaron nuevas elecciones porque la medida cautelar del TSJ indicaba que la destitución sería mientras se hacían las averiguaciones para determinar si efectivamente hubo abandono del cargo. “Y ahí estamos”, dice Barreto, dos años después que fuera desalojada de la sede municipal, aunque su período legalmente sigue vigente porque culmina en diciembre de 2017.
27 solicitudes de audiencia ha presentado Barreto ante la presidencia del TSJ sin ninguna respuesta. Dos veces al mes los abogados del caso solicitan información del avance y le entregaron al magistrado Calixto Ortega, quien ahora lleva el caso, actas, declaraciones juradas, fotografías, documentación jurídica y todo tipo de pruebas que demuestran que el municipio no estuvo abandonado.
“No hay ninguna justificación para que me destituyeran y todos los meses pedimos explicación de mi caso pero no tienen nada porque lo que hicieron fue armar un parapeto para sacarme”, dice quien fuera electa como alcaldesa con 11.000 votos.
