El canciller colombiano ha ido aumentado el tono de su discurso en exigencia de la entrega de las actas electorales del 28 de julio, lo que ha crispado los ánimos dentro del gobierno de Maduro
El 15 mayo de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro oficializó la designación de Luis Gilberto Murillo como canciller de su país, cargo que ya había asumido como “encargado” en febrero de 2024 cuando la procuraduría suspendió al anterior canciller colombiano, Álvaro Leyva, por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
A Murillo le ha tocado navegar por las complejidades de la situación política en Venezuela tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al gobernante Nicolás Maduro, sin hasta ahora mostrar los resultados desagregados que confirmen dicho “triunfo”.
Antes de asumir formalmente la cancillería de Colombia el 15 de mayo de 2024, Luis Gilberto Murillo tuvo un recorrido llamativo por varios espacios de la política colombiana como director de instituciones públicas, gobernador y hasta aspirante a la vicepresidencia.
El político fue uno de los gobernadores más jóvenes de Colombia, al ser electo apenas a los 31 años para dirigir a su natal departamento de Chocó en 1998.
Dos años después de ese hito fue víctima de un secuestro por parte de grupos paramilitares, un suceso que lo forzó a huir de su país y a refugiarse junto a su familia en Washington, Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar con organismos internacionales y multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de la que fue consultor externo.
En 2011, ganó nuevamente las elecciones en Chocó para el período 2012-2015, pero una sombra se atravesó en su camino: fue destituido por haber sido condenado en 1997 por un tribunal superior por un delito contra el patrimonio del estado, al destinar una supuesta suma millonaria, como director de la Corporación Nacional para el Desarrollo de Chocó, para arreglar una escuela.
En 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos lo incluyó a su gobierno como coordinador del “Plan Pacífico” y en 2016 le encargó el Ministerio del Medio Ambiente.
En 2017, Murillo renunció al partido Cambio Radical, que lo había llevado a ser gobernador y que formó parte de la coalición que respaldó a expresidentes colombianos como Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Para 2019 quedaría registrado como cofundador de “Colombia Demócrata”, un partido de centro izquierda.
De Washington a la cancillería colombiana
Antes de aterrizar en la cancillería, Murillo venía de ser embajador ante los Estados Unidos desde el año 2022, cargo al que llegó por sus contactos de alto nivel con la Casa Blanca presidida por Joe Biden.
En una entrevista tres días antes de la celebración de las polémicas presidenciales venezolanas, Murillo reconoció al diario El País que sí existió un borrador de un acuerdo de garantías políticas para Venezuela y que Petro le había encomendado la misión de alto voltaje de tejer canales de comunicación tanto con la oposición como con el gobernante Nicolás Maduro.
En esa conversación, el ingeniero de minas de 57 años graduado en la Universidad de Moscú, fue categórico al afirmar que tenía “muy buena relación” con el Gobierno de Venezuela.
“Es una relación muy productiva. Nosotros restablecimos relaciones diplomáticas y yo estoy en constante comunicación con el canciller Gil, con otros funcionarios y con el embajador aquí en Bogotá”, aseguraba.
Crónica de una luna de miel resquebrajada
Con el aumento de las tensiones en Venezuela producto de un resultado electoral desconocido por la oposición con actas electorales de por medio, las declaraciones de Murillo atravesaron distintas fases y se ubicaron en distintos gradientes de temperatura.
El 30 de julio, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió que “por la paz de Venezuela” se mostraran todas las actas de los resultados finales y que estas fuesen “auditadas por el mundo”.
El 9 de agosto de 2024, Murillo reveló ante periodistas que el gobierno de Petro había estado en contacto con cancilleres, vicecancilleres y embajadores en Venezuela para tener una interacción con el gobierno venezolano y reconoció que las conversaciones eran “delicadas y muy confidenciales”.
A finales de ese mes, el canciller reivindicaba la posición que estaba asumiendo su país, junto a los gobiernos de Brasil y México de “tender puentes” frente a la situación en Venezuela y apostaba por una mediación en la que creía que Colombia todavía podía jugar un papel “muy importante”.
Fue allí cuando comenzaron los señalamientos. El dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, acusó a Murillo de “querer meter las narices” en Venezuela y hasta dijo que Estados Unidos lo había puesto en su cargo de canciller, mientras que Maduro empezó a preguntar públicamente en sus actos si alguna vez habían visto al canciller venezolano opinando sobre Colombia.
El 23 de septiembre de 2024, hubo una especie de “tregua” cuando los cancilleres de Venezuela y Colombia se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero el acercamiento duró poco: Murillo sentenció pocos días después, durante un debate en el Senado de su país, que Colombia no reconocería la supuesta victoria de Maduro hasta que se disipara “cualquier duda” sobre la “legitimidad” de los resultados electorales y eso crispó los ánimos en Caracas.
La respuesta del canciller venezolano, Yván Gil, fue tildarlo de “inmoral”: “No le debemos explicaciones ni a usted ni a su decrépito Congreso, dedíquense a sus problemas”. Murillo no tardó en ripostar que la reacción de su homólogo estaba “sobredimensionada”.
Ese no fue el único intercambio conflictivo entre ambos funcionarios. Gil acusó a Murillo semanas después de “atacar por la espalda” al gobierno de Maduro por exigir que presentara pruebas de su controvertida reelección y denunció que estaba cediendo a supuestos “chantajes” de EEUU.
“Se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos», fue la rimbombante frase de Gil que se volvió titular en medios colombianos, y a la que Murillo respondió: “Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países».
Luego de los comicios presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, en los que resultó ganador Donald Trump, Murillo comentó que Colombia se mantendría en su postura de seguir pidiendo las actas en Venezuela y que están expectantes de saber cuál será la posición del mandatario electo en ese país.
“Yo no sé qué piensa Trump (…) nosotros tenemos una posición frente a Venezuela; esperemos que plantea EEUU”, dijo a la prensa.
Aunque Murillo parece estar orgulloso de la postura de Colombia sobre el conflicto poselectoral venezolano, lo cierto es que el gobierno de Petro sigue eludiendo el pedido del congreso colombiano de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Escalando de a poquito en el gobierno petrista
En 2022, Murillo fue compañero de fórmula del candidato presidencial Sergio Fajardo. La dupla alcanzó la cuarta posición en la primera vuelta de la contienda por la presidencia colombiana, con el 4,2% de los votos de los ciudadanos, pero eso no fue el final de sus aspiraciones por formar parte del próximo gobierno colombiano y enseguida se anotó a ganador: extendió la mano a Petro y participó activamente en la campaña que llevó al exguerrillero a la presidencia.
La colaboración rindió frutos de inmediato, y en julio de 2022, Petro le encomendó a Murillo la misión de ser embajador de Colombia en Estados Unidos, para lo cual tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense.
En mayo de 2024, como se mencionó antes, Petro lo ratificó en el cargo de canciller que tuvo que asumir de manera intempestiva tres meses antes cuando al anterior titular de relaciones exteriores, Álvaro Leyva, lo destituyeron en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
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