En las entrañas de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, donde el rugido del agua suele ser la única voz dominante, hoy impera un silencio sepulcral. No es el silencio del mantenimiento, sino el de la ausencia. Desde finales de agosto de 2024, once familias de Guri, en el estado Bolívar, viven con un vacío que la justicia venezolana se niega a llenar. Lo que comenzó como un apagón nacional terminó en una «cacería de brujas» contra técnicos y ciudadanos, cuyas vidas quedaron atrapadas en los engranajes de una persecución política que no distingue entre operatividad técnica y opinión ciudadana.
Corpoelec, la empresa matriz de casi todos ellos, simplemente ha sido una más de sus verdugos mudos, pues ni siquiera una diligencia oficial intentó nunca, dando una muestra de la complicidad oficial ante medidas que desde el principio carecen siquiera de sustento, pues nunca se demostró ni se compilaron pruebas reales ni de intentos de saboteo al sistema eléctrico ni de activismo político opositor agresivo o terrorismo, como se ha pretendido en casi el 80 % de todos los presos políticos del país. En muchos casos simplemente formar parte de un grupo de whatsapp fue el delito, aunque ya ni siquiera estuvieran usando esa plataforma.
Presos después de las elecciones del 2024
Las capturas de este grupo de presos del silencio comenzaron entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2024, luego de las elecciones y de un apagón masivo en el país, como tantos otros que ya se han registrado, los apresaron inmediatamente después de que el servicio fuera restablecido parcialmente tras el apagón nacional.
El procedimiento fue similar en casi todos los casos, pues funcionarios del SEBIN y la DGCIM ingresaron a las instalaciones de la represa y a las residencias de los trabajadores en las villas de Guri en varias de las captura. A otros trabajadores les llegó la comisión en la empresa y fueron sacados de sus puestos de mando bajo el argumento de «averiguaciones de rutina» que terminaron en arrestos formales.
Gran parte de este grupo fue trasladado de forma hermética y subrepticia desde el estado Bolívar hacia Caracas (presuntamente a la sede del SEBIN en El Helicoide o centros de detención militar), dificultando el contacto con sus familiares y abogados privados. De hecho en el estado se conoció varios días después de las detenciones y los nombres tardaron semanas en conocerse, pues habían presionado o amenazado a los familiares para que no hicieran ni el menor comentario.
Delitos Imputados a granel
Aunque el proceso judicial ha sido manejado con gran opacidad, los cargos generales que el Ministerio Público ha aplicado en estos casos de «sabotaje eléctrico» incluyen:
-Terrorismo.
-Sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional.
-Asociación para delinquir.
-Traición a la patria.
Tres de ellos son comunes a muchos de los presos políticos del país, en el caso particular de Guri, se les agregó uno propio y original, el sabotaje al sistema eléctrico nacional, aunque una de las detenidas ni siquiera trabaja en la empresa, sino que simplemente vive en Guri.
Cacería de brujas de dirigentes políticos locales
A la detención de los trabajadores de corpoelec, se sumó una suerte de cacería de brujas encabezada por los organismos del estado que batieron el sector de Guri y hasta se extendieron incluso a Ciudad Bolívar, en una suerte de conseguir culpables de cualquier forma para tratar de hablar de una presunta red regional. Las detenciones de diciembre (Mora, Sarabia, Sambrano) se centraron en las estructuras políticas de los municipios aledaños a la represa, buscando desarticular el apoyo logístico de la oposición en la zona estratégica.
Producto de esa batida del DGCIM y Sebin fue apresado el dirigente comunitario y abogado. Jorge Francisco Sambrano, vinculado al caso de Guri el 10 de diciembre del 2024 y detenido en la Comisaría Ciudad Bolívar. La pruebas carentes de base, como mencionó hace muchos meses su tío el reconocido abogado Edwin Sambrano. Este mes de enero fue, afortunadamente, excarcelado.
Al día siguiente de la detención de Sambrano, el 11 de diciembre, en la zona de Guri, en los predios del municipio Bolivariano Angostura fue detenido Álvaro Mora, líder político del sector. Y el mismo día atraparon en la capital del estado a Edgar Sarabia, Coordinador regional de un partido político opositor. Estos dos fueron trasladados a la Comisaría Ciudad Bolívar, no al Helicoide como los trabajadores, y como Sambrano fueron liberados en este mes de enero.
Protesta por los presos políticos realizada esta semana en Ciudad Guayana (foto cortesía)
Situación Actual (Enero 2026)
A diferencia de los presos políticos con perfiles partidistas que han recibido medidas de excarcelación en las últimas semanas, los trabajadores de Guri han sido tratados bajo un régimen de mayor severidad. Sus familias han denunciado:
Incomunicación: Largos períodos sin derecho a visitas. De hecho cuando fueron detenidos los familiares ni siquiera sabían donde los habían llevado e hicieron una inútil y torturante peregrinación por los centros de detención en ciudad Guayana y Ciudad Bolívar
Defensa Pública Forzosa: En muchos casos, casi todos según los familiares, no se les permitió la designación de abogados de confianza, sino se les asignó el consabido defensor público de la gran mayoría de presos políticos, que se sabe por múltiples denuncias que no ejerce ninguna labor de defensa real de los detenidos.
Falta de Pruebas: Los técnicos sostienen que las fallas fueron producto de la falta de mantenimiento y obsolescencia del sistema, no de actos intencionales. Pero igualmente se les acusa de ello. Y Corpoelec simplemente hace un silencio cómplice, pues nunca a informado con pruebas en la mano de las causas de los apagones, y por supuesto menos de los problemas de mantenimiento que viene enfrentando hace tiempo. Siempre es posible hecharle la culpa a la famosa “iguana” o en su defecto a sus propios trabajadores.
Y sí; seguramente muchos dirán, eso es común a la gran mayoría de presos políticos de Venezuela, muchos de los cuales han sufrido torturas de diverso tipo a manos de sus captores. Sin embargo este grupo tiene un elemento particular, casi todos son trabajadores de Corpoelec, por ello organizaciones de derechos humanos en el estado Bolívar (como la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Codehciu) han señalado que este grupo de 11 trabajadores representa una de las persecuciones laborales más agudas en la historia reciente de las empresas estratégicas del Estado.
La Trampa del Algoritmo: El Testimonio de la Infamia
La narrativa oficial insiste en «sabotajes» y «ataques cibernéticos». Sin embargo, la realidad a pie de calle —en ese pueblo pequeño y aislado que es Guri— cuenta una historia mucho más pedestre y aterradora: la criminalización de la comunicación comunitaria.
La hija de una de las detenidas, Mirlay González, relata con crudeza el absurdo legal que mantiene a su madre tras las rejas:
«El caso de mi mamá, como tal, ella está detenida es por el simple hecho de ser administradora de un grupo de WhatsApp. ¿Qué sucede? En el grupo de WhatsApp varias personas dieron su opinión con respecto a temas políticos, después de las elecciones, de hecho, después del apagón y después de las elecciones. Este grupo fue creado en el 2016, o sea, no fue un grupo creado con fines políticos ni mucho menos, es un grupo comunitario. Como bien sabemos, Guri es un pueblo pequeño, entonces, en el 2016, cuando la cuestión se había puesto un poquito ruda, ellos decidieron crear este grupo. No lo creó mi mamá, una señora aparte lo creó para que la comunidad se mantuviera en comunicación, porque allá no hay transporte público, la comunicación es un poquito difícil, no hay acceso a muchos productos, en fin. ¿Qué pasa? La señora que había creado este grupo en el 2016, la señora falleció. Cuando la señora falleció, salió del grupo, fue seleccionada mi mamá como administradora del grupo, junto a la señora Yosmary Yepes, que es la otra señora que está detenida en el INOF. Les repito, ellos están detenidos por un tema de grupo de WhatsApp, por eso ellos los acusan, porque mi mamá y la señora Yosmary eran las administradoras de ese grupo de WhatsApp, donde diferentes personas dieron su opinión sobre lo acontecido en esos momentos. De hecho, mi mamá ya ni siquiera tenía WhatsApp, porque por políticas de la empresa Corpoelec, ellos le habían mandado a eliminar WhatsApp y solamente se podían comunicar por Telegram. Entonces mi mamá no tenía control de lo que se decía o lo que se manejara en el grupo en absoluto. Otra acotación es que ellos los involucran a todos como trabajadores de Corpoelec. Sin embargo, la señora Yosmary Yepes no es trabajadora de Corpoelec. Su esposo sí, pero ella no. Y mi mamá estaba de vacaciones cuando el apagón, cuando la detuvieron. Ella ya estaba de vacaciones en la empresa».
Los Nombres del «Sabotaje» Inexistente
El volante o flyer que circula clandestinamente y en redes sociales es un grito desesperado por justicia. No son solo números; son rostros que representan el conocimiento técnico que mantiene encendido al país:
Mirlay González: Trabajadora de Corpoelec, detenida por administrar la comunicación de sus vecinos.
Yosmari Yépez: Civil, detenida sin ser empleada de la estatal eléctrica, recluida en el INOF. Aunque igual le imputaron el sabotaje al sistema eléctrico.
Enrique Kikuchima: Ingeniero cuya experiencia fue ignorada frente a la urgencia de hallar culpables.
José Calderón, Reinaldo Gómez, Miguel Mejías, Leonardo González, David Maza, José Salcedo, Freddy Yeguez: Operarios y técnicos de Corpoelec, que, lejos de sabotear, han sostenido un sistema en crisis por años.
Familiares y dirigentes políticos solicitan la libertad de los presos políticos (foto cortesía)
El Camino a una Democracia Real pasa por la libertad de los presos políticos
La situación en Guri no es un incidente aislado; es el microcosmos de una Venezuela donde el derecho a la libre expresión y la presunción de inocencia han sido reemplazados por la sospecha permanente. Hasta enero de 2026, si bien se han registrado excarcelaciones aisladas, la persistencia de ciudadanos detenidos por «opinar en WhatsApp» o por estar de guardia durante una falla técnica evidencia una herida abierta en el tejido social.
La liberación plena de los presos de Guri y de todos los presos políticos en el territorio nacional no es una concesión política, sino un requisito obligatorio para cualquier intento de reconciliación. Una democracia real no se construye sobre cimientos de persecución laboral ni bajo el miedo a un grupo de chat comunitario. Se construye con la libertad de quienes, desde las salas de máquinas en Bolívar o desde las calles de Caracas, sueñan con un país donde el único apagón sea el de la injusticia.
Mientras las turbinas de Guri siguen girando, estas once familias esperan que la luz de la libertad finalmente alcance a quienes nunca debieron estar en la oscuridad de una celda. (Gustavo Montaña-CNP 8235)
