A mitad de semana se conoció una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estremeció a Venezuela, país en crisis bajo el dominio de Nicolás Maduro.
El canciller del régimen, Jorge Arreaza, salió a descalificar la investigación que se inició desde 2014 y que documentó al menos 223 casos de violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, las autoridades de al menos dos países creen que aún falta por explorar un capítulo clave: las labores de incursión y espionaje de hombres de Maduro para desestabilizar a Colombia y otros gobiernos.
En menos de 10 meses, las autoridades colombianas han ubicado y expulsado a al menos 20 miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Maduro (FAES). Así como otros tantos miembros del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin).
De acuerdo con fuentes oficiales, ingresaron para atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización. Ante la ofensiva, Colombia avanza en la posibilidad de cambiar la expulsión por judicialización. Pero la inteligencia del régimen desarrolló otro mecanismo para seguir actuando.
El medio colombiano El Tiempo tuvo acceso exclusivo a un documento secreto que revela la nueva ofensiva de varios de los mejores elementos del Sebin contra Colombia.
Oficiales de inteligencia colombianos empezaron a detectar que miembros de ese servicio de inteligencia, adscritos a la base territorial de San Cristóbal, comenzaron a cruzar la frontera. Cruzaron a Colombia con frecuencia y facilidad. El trasiego se inició en 2019, e inicialmente se creyó que se trataba de casos puntuales y esporádicos. Pero luego se detectó un modus operandi. Además, no se trataba de simples oficinistas.
Los 29
Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del Sebin San Cristóbal, es uno de ellos. También se detectó la presencia de Felipe José Bustamante Pérez, con su mismo rango. Así como la presencia de Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández, Gilbert René Vivas Colmenares. La lista se amplió a otros miembros de ese cuerpo de inteligencia que incluían desde inspectores jefe hasta detectives y hoy están plenamente detectados 29 de ellos, reseñó El Tiempo.
“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia. Así como también autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”. Así se lee en el documento, con el rótulo de confidencial.
El denominador común es que todos tramitaron y obtuvieron la llamada tarjeta de movilidad fronteriza (TMF). Este es un documento que Colombia habilitó para los venezolanos residentes en el país vecino y permite su libre movilidad por las zonas de frontera.
Este sistema de identificación empezó a funcionar en mayo de 2017, y alcanzó a registrar un total de 1.637.778 extranjeros. Pero se suspendió por primera vez durante el gobierno de Santos, tras el hallazgo de 90.222 tarjetas falsificadas con fines extorsivos.
Su expedición se reanudó temporalmente. Pero, en febrero, Migración Colombia anunció una nueva suspensión y alertó sobre la judicialización de quienes falsifiquen las tarjetas.
Otros 200
Sin embargo, las que usan los miembros del Sebin son originales. De hecho, El Tiempo estableció que ya existe la alerta de que ninguno de los 29 venezolanos vinculados al Sebin con esa tarjeta se encuentra legalmente en Colombia. Esto se comprobó con las bases de datos de Migración Colombia.
Asimismo, fuentes cercanas a la entidad advirtieron que los documentos que facilitarían la movilidad de estas personas por zona de frontera ya estaban suspendidos.
Pero hay otro dato clave y revelador: el mismo procedimiento de suspensión se hizo con más de 200 personas cercanas al círculo más íntimo de Nicolás Maduro. Esto generaría una restricción de entrada al país. En el caso de los 29 del Sebin, sus nombres se cruzaron con documentos oficiales de ese organismo que señalan jerarquía, cédula y estatus de todos sus miembros activos.
Para los oficiales de inteligencia es claro que la consecución de las tarjetas buscaba evadir los controles de Migración Colombia y autoridades policiales. Además, les permitía transitar libremente en la frontera, pasando inadvertidos pese a la contingencia sanitaria del coronavirus.
“Los espías venezolanos tienen como base jurisdiccional Cúcuta y municipios aledaños, desde donde realizan actividades de espionaje. También realizan control ilegal de pasos irregulares (trochas), seguimiento a opositores y desertores militares del régimen y reclutamiento de colaboradores”, dice el informe. El reporte está en manos del presidente Iván Duque, quien intervendrá el lunes ante la Asamblea General de la ONU.
Y agrega: “Estos espías venezolanos, además, serían responsables de la incitación a la población civil en la frontera. De esta forma, buscan realizar actos de subversión contra la Fuerza Pública. Tienen el claro objetivo de generar acciones de desestabilización y desprestigio al Estado Colombiano y a otras instituciones”.
El propio Maduro admitió a comienzos del año que desplegó en Colombia un dispositivo de espionaje y supuesta infiltración a oficiales. De hecho, se indaga si la operación Gedeón, que supuestamente estaba planeada en su contra, fue un simple montaje para salpicar a Colombia.(El Tiempo)
