El sistema judicial venezolano ha consolidado un modelo de «libertad condicionada» que sustituye las celdas de concreto por un régimen de inmovilidad forzada, afectando no solo a los presos políticos, sino a muchos de una población penal que supera los 30,000 detenidos.
Indudablemente que el caso más llamativo es el de los presos políticos, privados de libertad por motivos tan fútiles como enviar un mensaje de Whatsapp, hasta cargos que carecen de la menor prueba y terminan con frecuencia embutidos en la calificación de “terrorismo y traición a la patria”. A estos especialmente, que carecen de motivos reales en la mayoría de los casos, y desde hace tiempo deberían estar en libertad; se les aplica ahora, a pesar de las declaraciones oficiales de altos personeros del gobierno, una suerte de libertad a cuentagotas que además deja al excarcelado sometido a una larga lista de medidas cautelares que simplemente los atan de manos y los convierten en liberados mudos.
Excarcelación no es Libertad: El Estatus de «Rehén Judicial»
Las recientes medidas no representan una liberación plena. Bajo la figura de medidas cautelares sustitutivas, los ciudadanos salen de los centros de reclusión pero quedan sujetos a:
Presentaciones periódicas en Caracas: Obligación de reportarse ante tribunales, sin considerar que muchos residen en el interior del país. Est
Riesgo de Revocación: La medida puede ser revertida unilateralmente por el tribunal, devolviendo al ciudadano a prisión preventiva sin previo aviso. Quedando sometidos al albedrío del juez del tribunal y a las medidas de
Inmovilidad Forzada: La carga económica de traslados, sumada a la prohibición de salida del país, anula la capacidad del individuo de retomar su vida productiva.
El Vicio del Sistema: Defensa Cautiva y Retardo Procesal
La información recopilada destaca una violación sistemática al derecho de la defensa. En la mayoría de las detenciones arbitrarias, se impide el acceso a defensa privada, imponiendo una defensa pública que, en la práctica, deja a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad absoluta. No se trata de hablar aquí de la politización de la defensa pública, sino del derecho a la defensa que las leyes venezolanas otorgan a todos los presos, políticos y comunes. Se trata de que la defensa no puede estar cautiva, sino debe servir al privado de libertad.
Otro de los graves problemas del sistema judicial que se evidenciado un poco con el tema de los presos políticos es el retardo procesal. Que si es malo con los detenidos por razones políticas, es mucho peor aún para los presos comunes; pues existen internos que ya cumplieron sus penas o califican para redenciones por trabajo y estudio, pero permanecen tras las rejas por la falta de firmas de jueces o fallas logísticas. Proceso que puede a veces extenderse por meses o años.
Crisis Sanitaria: La Cárcel como Condena de Salud
El retardo procesal no solo roba tiempo; roba vidas. La falta de traslados médicos por «falta de vehículos» o «autorización judicial» ha convertido a las cárceles en centros de propagación de enfermedades:
Tuberculosis, una enfermedad erradicada hace años en Venezuela y otras patologías graves se extienden sin control en nuestras cárceles. El drama de la falta de atención médica no es nuevo, sino de muy vieja data, lo grave es que en los últimos años se ha multiplicado exponencial.
La falta de atención oportuna está convirtiendo sentencias breves en condenas de salud permanentes o, en el peor de los casos, en penas de muerte de facto. Una dolorosa y larga lista de presos políticos fallecidos la refrenda. Lamentablemente hay una lista de fallecidos en prisión entre los presos comunes que es muy superior y de ella no se habla. Nadie dice que muchos de ellos fallecieron de enfermedades que podrían haber sido curadas si hubieran recibido el tratamiento médico oportuno.
Un Llamado a la Reforma Urgente
Es imperativo que el sistema judicial en Venezuela sea sometido a una revisión profunda que garantice, primeramente la vida de los privados de libertad, que están según la Ley, bajo el cuidado del Estado; por ello se deberían imponer unas reformas legales urgentes sobre tres grandes puntos:
Cierre definitivo de causas para quienes reciben beneficios, evitando el «limbo jurídico».
Respeto irrestricto a los Derechos Humanos por parte de los funcionarios públicos.
Atención médica inmediata y traslados garantizados para enfermos crónicos.
No se trata de medidas por capricho, ni por política partidista, se trata de un cambio humanitario, que por encima de todo entienda que los privados de libertad, presos políticos y comunes son venezolanos, personas que tienen derechos, familias; que merecen una verdadera oportunidad de rehacer sus vidas. «El tiempo en el ser humano no regresa. Mientras el sistema judicial se toma meses en firmar una boleta, la salud y la integridad de miles de venezolanos se desvanecen en el olvido.» (Palabras de un preso político venezolano) (Gustavo Montaña / CNP 8235)
