Mientras la atención internacional estaba puesta en la crisis de Gaza y en la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, el gobierno de Gustavo Petro avanzó discretamente en las negociaciones diplomáticas para lograr la liberación de los 38 colombianos detenidos irregularmente en ese país tras las elecciones del 28 de julio.
Los términos que las autoridades colombianas han comenzado a usar en las últimas horas no son casuales. Hasta hace unos meses, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se hablaba únicamente de gestiones para garantizar asistencia consular y respeto al debido proceso, pues varios de los detenidos fueron privados de la libertad y trasladados a la cárcel El Rodeo I sin que se conocieran cargos en su contra. A muchos se los ha señalado, sin pruebas, de promover actos de terrorismo.
Sin embargo, este fin de semana fue la propia canciller quien por primera vez habló de negociaciones para una posible liberación y reconoció -como vienen denunciando las familias de los connacionales desde hace un año- que se trata de detenciones arbitrarias. “Estamos, en este caso de estas detenciones arbitrarias, llamando para que puedan ser liberadas”, dijo Rosa Villavicencio.
Lo que Bogotá le ha propuesto a Caracas es que quienes hayan sido formalmente acusados de algún delito puedan ejercer su derecho a la defensa ante la justicia, y que aquellos para quienes no existan cargos sean liberados.
EL TIEMPO conoció que, de manera extraoficial, el gobierno colombiano recibió información sobre una fecha que estarían evaluando las autoridades venezolanas para conceder la libertad a varios ciudadanos colombianos. El día que se maneja en el calendario es el 19 de octubre, fecha que el régimen buscaría hacer coincidir simbólicamente con la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos.
“Es probable”, dijo una alta fuente consultada. No obstante, la cautela es máxima: saben que se trata de un trabajo de paciencia y que un paso en falso podría poner en riesgo las gestiones. Para llegar a este punto, ha habido conversaciones con todo tipo de actores: la Cancillería venezolana, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo e incluso con países con experiencias exitosas en negociaciones con el régimen chavista.
“Venezuela negoció con Estados Unidos y liberaron a seis personas. Entonces estamos en estas negociaciones diplomáticas para que también sean liberados los colombianos», comentó la canciller Villavicencio. La ministra se refirió a lo que sucedió a inicios de 2025 cuando el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Richard Grenell, logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses.
Según Amnistía Internacional (AI), la diplomacia de detenidos como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países se ha vuelto una costumbre en el chavismo. En Bogotá aseguran que el gobierno no está ofreciendo nada a cambio para la liberación de este grupo que integran 35 hombres y 3 mujeres.
En los últimos meses Caracas ha recibido gestos de Bogotá que le han costado fuertes críticas a Petro, por percibirse como concesiones a un vecino antidemocrático. Uno de ellos fue la firma del memorando de entendimiento para la creación de una zona económica binacional en la frontera. Y, ante la eventualidad de una invasión de Estados Unidos, el gobierno colombiano ha expresado su respaldo a la soberanía del vecino.
Por ahora, la salida del grupo de colombianos no sería completa, pues las autoridades venezolanas insisten en que algunos estarían vinculados a una “conspiración”. “Lo que les decimos (al régimen) es que, así como tienen derecho a defenderse, ellos (los colombianos) también, entonces llévenlos a tribunales”, dicen desde el Ejecutivo.
Pese a múltiples solicitudes y notas verbales, el Consulado en Caracas no ha logrado realizar una visita consular a El Rodeo I. Hace cinco meses se permitió una visita de la Cancillería venezolana, la Defensoría del Pueblo y un organismo internacional, que derivó en un permiso excepcional con el que 20 colombianos pudieron llamar a sus familias en Colombia durante cinco minutos, la única ocasión en la que han podido comunicarse.
Recientemente, embajadores de la Unión Europea visitaron esa prisión. Según datos que manejan las autoridades, allí permanecen 80 extranjeros de 25 nacionalidades -entre ellos españoles, italianos, franceses y argentinos- detenidos en los meses posteriores a las cuestionadas elecciones del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador sin mostrar las actas.
Según pudo averiguar EL TIEMPO, en los pasillos de la prisión les dicen a los reclusos que la única manera de salir es mediante negociaciones de alto nivel con el chavismo. Las familias de los colombianos, que la semana pasada se reunieron por primera vez con la canciller Villavicencio, insisten en que no ven otra salida distinta a que el presidente Gustavo Petro se apersone del tema y han pedido a la Cancillería gestionar una reunión con el jefe de Estado.
Este fin de semana se conoció que las autoridades venezolanas liberaron a Jaime Alexander Peña, colombiano que, trabajando como conductor de Indrive, fue detenido en agosto por llevar en un servicio al otro lado de la frontera a dos venezolanos que resultaron tener antecedentes penales. También se habla de la liberación de dos colombianas en Arauca. Según pudo averiguar este diario, estos connacionales no formaban parte del grupo que se encuentra recluido en El Rodeo I.
La expectativa, sin embargo, podría aumentar con el correr de los días. A nivel diplomático todo se intenta manejar con discreción. / El Grupo de Diarios América (GDA)
