A simple vista, las oficinas de los gremios empresariales en Caracas celebran aniversarios, firman convenios internacionales con la ONU y discuten diplomáticamente agendas de despolarización con el Ejecutivo Nacional. Se respira el aire de un pragmatismo pactado. Pero si se viaja ochocientos kilómetros hacia el sur, cruzar el río Orinoco revela un paisaje institucional completamente arrasado. En el estado Bolívar, la realidad económica no se negocia en los salones alfombrados de la capital; se impone mediante sentencias judiciales fulminantes, algoritmos tributarios implacables y el control militar del combustible en las inmediaciones del Arco Minero.
Esta es la reconstrucción de cómo Fedecámaras Bolívar pasó de ser el bastión defensivo de los comerciantes e industriales de la región a convertirse en una cáscara burocrática tutelada, víctima de lo que los analistas denominan una «arquitectura impecable de cooptación institucional».
El Cisma de la Idoneidad: Un Caballo de Troya en Caracas
Todo comenzó con una grieta interna, el catalizador perfecto que abrió las puertas al control absoluto del Estado. El 16 de junio de 2023, la segunda vuelta de las elecciones de Fedecámaras Bolívar proclamó ganador a David Bermúdez. La Comisión Electoral validó los voto, pero la facción derrotada, liderada por José Ángel Bruzual (con algunos poderosos amigos bien enchufados), se negó a aceptar el resultado. En lugar de dirimir la contienda mediante los mecanismos democráticos internos del gremio, Bruzual trasladó la controversia al fuero contencioso-electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
La demanda no alegó un fraude matemático en las urnas. El ataque fue mucho más sutil y destructivo: invocó la cláusula estatutaria de la «idoneidad subjetiva», un constructo moral abstracto sobre la solvencia moral y la probidad de los candidatos.
Al llevar este argumento ante los magistrados de la Sala Electoral, la facción demandante despojó a la asamblea de agremiados de su soberanía. A partir de ese momento, el criterio sobre quién tenía la solvencia moral para dirigir al empresariado de Guayana quedó en manos de un juez estatal en la capital. El Caballo de Troya legal ya estaba adentro.
La Celada Procesal: Celeridad para Castrar, Dilación para Asfixiar
El TSJ operó con una asimetría procesal quirúrgica. Apenas 22 días después de introducida la demanda de Bruzual, la Sala Electoral emitió la Sentencia Nro. 088 (25 de julio de 2023). El dictamen suspendió los efectos de la elección de Bermúdez e impuso un Régimen de Simple Administración.
Para guardar las apariencias, el tribunal reinstaló temporalmente al presidente saliente, Austerio González, pero bajo una camisa de fuerza legal restrictiva. González podía pagar nóminas, cancelar servicios básicos y realizar la conservación rutinaria del patrimonio de la sede; o sea lo convirtió en un simple conserje y no el representante de un gremio. Esto se evidencia en que la sentencia le prohibió taxativamente los «actos de disposición». El gremio quedó inhabilitado para:
-Pronunciarse políticamente o emitir opiniones institucionales de peso.
-Convocar huelgas fiscales o protestas corporativas.
-Organizar una defensa jurídica masiva en favor de sus agremiados.
Mientras el Estado actuaba con celeridad fulminante para descabezar al empresariado , la justicia se tornaba exasperadamente lenta cuando los ciudadanos buscaban protección frente a los abusos gubernamentales. Meses antes, un grupo de comerciantes locales había introducido un amparo constitucional contra los portales fiscales del municipio Caroní. La Sala Político Administrativa del TSJ se tomó más de cinco meses solo para solicitar informes genéricos, prolongando intencionalmente la asfixia económica del sector comercial.
El Frente Urbano: El Terrorismo Algorítmico de Fospuca
Con una federación empresarial amordazada e incapaz de reaccionar legalmente , la Alcaldía de Caroní desató un incremento al bucle de coerción tecnológica en las zonas comerciales, que venía aplicando desde que se otorgó la concesión del servicio de aseo urbano a la empresa Fospuca. El mecanismo de extracción fiscal funcionaba de manera circular y automatizada varias medidas que coliden por cierto con la constitución y otras leyes vigentes:
Tarifas Confiscatorias: La alcaldía implementó tarifas de aseo urbano a través de la empresa privada Fospuca, calculadas sobre la base de los metros cuadrados de los locales comerciales y no por el volumen de desechos producidos. En plena recesión económica, las facturas mensuales de muchos usuarios, incluso con sus empresas parcialmente cerradas, superaban con creces los $1,500 dólares.
Bloqueo Algorítmico: Si el comerciante se negaba o era incapaz de pagar la exorbitante tarifa del aseo, el sistema enlazaba automáticamente esa «deuda privada» con el portal fiscal municipal. Sin la solvencia del aseo, el algoritmo bloqueaba el perfil electrónico del contribuyente.
Mora Forzada: Al tener el acceso bloqueado, el comerciante quedaba imposibilitado física y electrónicamente para declarar su Impuesto sobre Actividades Económicas. De la noche a la mañana, el sistema generaba un ilícito tributario automático por mora.
Ejecución y Embargo: El ciclo cerraba con la llegada de los funcionarios municipales imponiendo multas extorsivas, órdenes de clausura temporal y embargos mercantiles definitivos. Todo basado en facturas proformas que una sentencia del propio TSJ declaró inválidas para este tipo de medidas. Pese a ello los tribunales guayaneses siguieron adelante y el mismo TSJ a estas alturas sigue sin un pronunciamiento definitivo.
El resultado de este engranaje no fue la recaudación eficiente, sino un auténtico terrorismo empresarial que obligó al cierre definitivo de más de 400 empresas formales en la región.
El Frente Rural: La Caída del Campo ante el Oro
Mientras las zonas comerciales de las ciudades sufrían el acoso tecnológico , el sector agropecuario de Bolívar colapsaba por asfixia logística. Durante el primer trimestre de 2023, la producción agropecuaria en el estado Bolívar se desplomó un 70% debido a la paralización masiva de maquinaria pesada y tractores.
La razón no era la falta de repuestos, sino el desvío sistemático del diésel. La Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y los entes estatales centralizaron el monopolio de la asignación de combustible. Cada litro de gasoil disponible fue priorizado y succionado hacia el engranaje del Arco Minero del Orinoco para alimentar la extracción de oro. La escasez de hidrocarburos dejó de ser una deficiencia de infraestructura para convertirse en un instrumento de control territorial destinado a subordinar la periferia rural.
La Guillotina de Desacato y el Pacto de la Gracia
Desesperado ante las llamadas de auxilio de sus agremiados, Austerio González intentó romper el cerco el 13 de mayo de 2024. En un acto de cumplimiento de su deber gremial, exigió públicamente el desbloqueo inmediato del portal fiscal de Caroní para detener la quiebra masiva de los locales.
La reacción de la facción pro-judicialización fue inmediata; denunciaron la declaración pública como un «Acto de Disposición» prohibido por la cautelar del TSJ. Activando el expediente de desacato, la Sala Electoral publicó la Sentencia Nro. 022, decretando la destitución fulminante de González y de toda la junta interina. La celada procesal se había cerrado por completo.
En lugar de convocar a nuevas elecciones libres para que las bases empresariales eligieran un nuevo liderazgo, el TSJ usurpó la soberanía institucional e instaló «a dedo» una cúpula de transición prediseñada para la pacificación de la región, encabezada por Joni Houda Faress como presidente temporal y Noel Naar Cova como vicepresidente.
Naar Cova, quien también lideraba la federación de productores agropecuarios (Feproagro), se convirtió -según las voces acalladas de miembros de fedec[amaras Bolívar-, en el artífice del denominado «Pacto de Subordinación y Sobrevivencia Pragmática». Ante la imposibilidad de contar con una Fedecámaras beligerante que los defendiera, el sector agrícola renunció formalmente a la confrontación institucional. A cambio, la Corporación Venezolana de Minería (CVM), dirigida por el Mayor General Carlos Osorio, les otorgó una «cuota de gracia»; la asignación estratégica de 148,000 litros de gasoil y salvoconductos especiales para sortear la extorsión de los funcionarios en las alcabalas viales.
El sector agroproductivo de Guayana salvó sus cosechas, pero el precio fue altísimo, aceptó convertirse en una clientela tutelada y dependiente de la macroestructura militar-minera de la región.
Epílogo: El Nuevo Manual de la Interdicción
El caso de Fedecámaras Bolívar demuestra que las expropiaciones directas e intempestivas de activos comerciales pertenecen al pasado. El control estatal contemporáneo opera con mayor sofisticación. Mediante el uso pretoriano del desacato judicial, los letargos intencionales de los amparos constitucionales y la coerción de los algoritmos fiscales, el Estado neutralizó la resistencia civil organizada de Guayana sin generar fricciones visibles en las estadísticas de Caracas.
Hoy, mientras el liderazgo gremial nacional mantiene su narrativa de despolarización y entendimiento mutuo en la capital, en el estado Bolívar el derecho a la libre asociación yace congelado bajo una jurisprudencia de interdicción permanente. El gremio sigue operando, las santamarías de algunas oficinas siguen abiertas, pero su voz defensiva fue definitivamente acallada en el sur de Venezuela. La segunda Fedecámaras más grande de Venezuela, tiene ya 3 años sin una voz que la represente a nivel del gremio en el país. Y esto indudablemente deja una pregunta incómoda en el aire ?Quién se beneficia con el daño sostenido a todo el gremio en el estado y su subordinación a las estructuras de poder oficial? (Redacción Correo Financiero / CNP 8235)
