La historia de los pueblos no se escribe únicamente a través de sus momentos de
gloria, sino fundamentalmente por la manera en que enfrentan y superan sus
horas más oscuras. En el caso venezolano, las últimas dos décadas han estado
marcadas por una acumulación de adversidades que han puesto a prueba la fibra
moral, la paciencia y la resistencia de cada ciudadano. No se trata de simples
golpes de mala fortuna, sino de una cadena de acontecimientos catastróficos.
Revisar el período comprendido entre los años 2014 y 2019 es encontrarse con el
inicio de un desplome estructural sin precedentes en la era moderna de nuestra
región. La aplicación dogmática de controles de cambio asfixiantes y políticas de
precios destructivas terminaron por pulverizar el aparato productivo nacional,
generando niveles de escasez de alimentos superiores al ochenta por ciento. Las
interminables colas kilométricas para adquirir rubros básicos se convirtieron en el
paisaje cotidiano de las familias.
A esto se sumó un ciclo de hiperinflación salvaje que diluyó por completo el poder
adquisitivo del salario, despojando a los trabajadores de su derecho a una vida
digna. Lejos de encontrar un alivio, el país recibió otro impacto devastador en
marzo de 2019 con el colapso del sistema eléctrico nacional. Ese mega-apagón
mantuvo a oscuras al territorio por más de cinco días consecutivos, paralizando el
comercio, las telecomunicaciones y el suministro de agua potable.
Esta grave parálisis energética provocó escenas dantescas en las salas de
urgencias de los hospitales públicos, demostrando cómo la desatención estatal
transforma fallas técnicas en tragedias humanitarias. La sumatoria de estas
calamidades económicas y de infraestructura generó el escenario propicio para un
éxodo forzoso que continúa descapitalizando a la nación. Las estadísticas calculan
que cerca de nueve millones de venezolanos han tenido que cruzar las fronteras
en busca de oportunidades.
Este movimiento migratorio masivo representa aproximadamente el treinta por
ciento de la población total del país, una cifra alarmante que se traduce en familias
fracturadas y abuelos en soledad. En medio de esta vulnerabilidad extrema, el
país encaró la llegada de la pandemia del coronavirus entre los años 2020 y 2022.
La emergencia sanitaria encontró un sistema de salud pública en ruinas, carente
de insumos básicos y con fallas constantes de servicios.
La realidad en las comunidades evidenció una alta mortalidad, cobrando además
la vida de cientos de valientes profesionales de la salud que entregaron su
existencia en el cumplimiento del deber. La naturaleza también dejó sentir su
fuerza sobre una infraestructura ya debilitada por el abandono institucional y la
falta de prevención. En octubre de 2022, las intensas precipitaciones causaron
deslaves en Aragua, arrasando sectores enteros de Las Tejerías y golpeando El
Castaño.
Estas tragedias climáticas desnudaron la inexistencia de sistemas de alerta
temprana y la precaria capacidad de respuesta inmediata de los organismos de
protección civil. Cuando la ciudadanía buscaba caminos para una tímida
estabilización, el violento doble sismo de junio de 2026 volvió a sacudir la región
centro-norte. Teniendo como zona cero la costa de Vargas y Caracas, este
movimiento telúrico provocó el colapso inmediato de numerosas estructuras
residenciales y comerciales.
Más allá del daño físico visible, el terremoto expuso una inacción inicial por parte
de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales tardaron horas cruciales en
iniciar rescates. El manejo de esta última emergencia estuvo marcado por una
preocupante desconexión institucional, evidenciada en el decreto de luto emitido
una semana después. Durante esa vital ventana de tiempo inicial, la burocracia
estatal priorizó los controles centralizados por encima de la ayuda humanitaria.
Asimismo, las familias de los deudos han tenido que enfrentar las rigideces de la
voracidad fiscal y los costosos trámites sucesorales tras el fallecimiento de sus
seres queridos. Esta acumulación de acontecimientos trágicos a lo largo de los
últimos años guarda relación con nuestra forma de pensar, los principios
esenciales y los valores fundamentales de la organización. Consideramos que la
recurrencia de estas calamidades no es un destino inevitable, sino una mala
gestión.
Un Estado con vocación verdaderamente humana debe estructurar sus políticas
sobre el valor de la previsión institucional, dignificando y equipando
adecuadamente a sus cuerpos de rescate. La reconstrucción integral que
Venezuela reclama con urgencia de cara al porvenir no puede limitarse a la
reparación material de edificios caídos. El verdadero desafío histórico pasa
obligatoriamente por una profunda regeneración moral y civil de todas las
instituciones de la administración pública de la nación.
Es imperativo desmantelar las prácticas del chantaje burocrático y erradicar los
focos de corrupción que pretenden lucrarse con las necesidades más apremiantes
de los ciudadanos. El respeto absoluto a la dignidad humana, la transparencia en
el manejo de los fondos de auxilio y la contraloría social activa son los únicos
pilares capaces de sostener el renacimiento de la patria. Necesitamos edificar una
nación próspera, decente y con capacidad real de respuesta ante la adversidad.
Apostar por el cambio institucional es el único camino seguro para devolver la
tranquilidad y la seguridad a cada familia venezolana. Tenemos el deber de
aprender de estas horas oscuras para no repetir los errores de la improvisación
que tanto dolor nos han costado. La fuerza de nuestro pueblo y la voluntad de
trabajo unido nos darán los fundamentos necesarios para levantar un país
moderno, sólido, transparente y preparado para enfrentar cualquier desafío del
futuro.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE
noelalvarez10@gmail.com
