La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, designó este jueves a los abogados Larry Devoe fiscal general y a Eglée González defensora del pueblo, luego de que los titulares de estos organismos renunciaron en febrero en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía. El nombramiento de Fiscal se concretó luego de que el funcionario ejerciera el cargo de forma temporal desde finales de ese mes, cuando el Legislativo lo eligió para encabezar la institución durante el proceso de recepción de postulaciones.
Devoe ocupó distintos cargos dentro de la administración estatal durante el régimen de Nicolás Maduro y mantuvo un perfil más bajo que su predecesor, Tarek William Saab. Su trayectoria incluye funciones como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y representante del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También integra el Programa de Convivencia y Paz, creado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El funcionario formó parte además de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. A esto se suma su rol como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras responsabilidades dentro del aparato estatal.
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, cuestionó su designación y señaló a EFE que Devoe es un “funcionario de absoluta confianza” de Rodríguez. A su juicio, este vínculo pone en duda la independencia del Ministerio Público. En esa línea, lo describió como un “funcionario multicargos” y sostuvo que mantiene una relación estrecha con la dirigencia gubernamental.
Delegados Maduro México
El funcionario formó parte además de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos
Murillo también afirmó que el nuevo fiscal mostró “actitudes despectivas” frente a organizaciones que denunciaron violaciones de derechos humanos. Sobre su desempeño en este ámbito, agregó que “su acercamiento al mundo de los derechos humanos ha sido desde la posición arrogante de quien ostenta poder”, en referencia a su participación en espacios internacionales donde se presentaron denuncias contra el Estado venezolano.
Por su parte, el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo ofreció una lectura distinta sobre el nombramiento. Señaló que parecía ser “una apuesta por la especialización técnica” en el contexto político actual y definió a Devoe como “un operador jurídico práctico que conoce profundamente el lenguaje del cumplimiento ante organismos internacionales”.
Durante su presentación, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la formación académica del nuevo fiscal. Indicó que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en derecho constitucional y en democracia, derechos humanos y Estado de derecho. También es especialista en ciencias penales y criminalísticas y cuenta con diplomados en derechos humanos.
El nuevo titular del Ministerio Público asume en un contexto marcado por la implementación de la Ley de Amnistía y por el “nuevo momento político” declarado por el Ejecutivo. Este escenario incluye el restablecimiento pleno de relaciones con Estados Unidos, acordado en marzo bajo la Administración de Donald Trump.
En ese marco, Aveledo consideró que Devoe posee el “perfil ideal” en función de los intereses políticos en juego. Explicó que “en el marco de un ‘cuasi-protectorado’ que busca legitimidad externa para estabilizarse, su perfil es ideal para transitar de la fase de resistencia penal a una fase de arbitraje tutelado”.
Murillo, en tanto, insistió en sus cuestionamientos y sostuvo que la cercanía con el poder político genera dudas sobre su desempeño. Recordó que la Constitución exige independencia en el cargo y afirmó que se necesita “un fiscal que le hable al país” y que “genere confianza”, en referencia a las expectativas sobre la conducción del Ministerio Público. (Con información de EFE)
Según Rodríguez no militó en ningún partido
En una transmisión de la AN, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, juramentó a Devoe, colaborador cercano del chavismo, y también a González, de quien subrayó previamente que «jamás ha militado en un partido político» y consideró esto como una «gran oportunidad».
El diputado Henri Falcón rechazó la designación de ambos funcionarios en nombre de su bancada opositora, Libertad, al considerar que no respaldará la designación de un fiscal ni de un defensor que no reúna las condiciones de «idoneidad, autonomía, independencia y pluralidad democrática».
«Sabemos que las instituciones han sido habilitadas como trincheras ideológicas de una parcialidad política en Venezuela», subrayó Falcón.
En marzo, un total de 11 organizaciones no gubernamentales denunciaron la «ausencia de reglas claras y públicas» sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares de la Fiscalía General y Defensoría del Pueblo.
En un comunicado, reclamaron entonces que el 25 de febrero se conformara un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado «únicamente por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de diversos sectores de la sociedad conforme lo requieren la Constitución y la ley». (EN)
Nombramientos desatan rechazo por falta de independencia institucional
Diversas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y actores políticos manifestaron su rechazo a las recientes designaciones de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo, al considerar que estos nombramientos profundizan la falta de independencia institucional en Venezuela.
La organización Un Mundo Sin Mordaza denunció que estos nombramientos representan “la consolidación de la captura política del Poder Ciudadano y la demolición de la independencia institucional en Venezuela”. Según la ONG “bajo el pretexto de una supuesta ‘normalidad institucional’, el régimen ha designado figuras que no garantizan la autonomía frente al poder”, advirtiendo que Devoe simboliza “la continuidad de la impunidad y el control político del Ministerio Público”, mientras que el perfil de González Lobato “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en DDHH”.
En ese sentido, alertaron que la Defensoría del Pueblo podría convertirse “en un espacio para la administración del conflicto y no para la protección de las víctimas”, y subrayaron que el proceso de designación “ignora las advertencias de la ONU y la sociedad civil, violando los principios de transparencia y mérito exigidos por la Constitución”.
Eglee González Lobato es la nueva defensora designada a dedo.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels cuestionó la idoneidad del nuevo fiscal al afirmar: “Quisiera ver el baremo según el cual Larry Devoe tiene más credenciales que la profesora Magaly Vásquez”, agregando que no podrá verlo “simplemente porque no las tiene”.
Nombramientos judiciales polarizan Venezuela
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostuvo que estas designaciones “terminan de desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela”, al considerar que “no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”. Asimismo, advirtió que será difícil generar confianza en las víctimas, señalando que el nuevo fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos”.
JEP también cuestionó la falta de transparencia del proceso, indicando que “la verdadera legitimidad de estos cargos no debería depender solo de una firma en la Asamblea Nacional, sino de un proceso de selección que la gente pueda auditar”, lo cual —según afirmó— no ocurrió, ya que “las evaluaciones ocurrieron a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”.
La organización alertó además sobre el impacto institucional de estas decisiones, asegurando que “para cualquier venezolano, esta situación genera una sensación de orfandad jurídica”, y advirtió que sin independencia “la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política”.
En la misma línea, el abogado Joel García planteó que la legitimidad de la nueva defensora del pueblo dependerá de su actuación inmediata frente a posibles abusos, señalando que “la prueba de fuego (…) es exigir la investigación y sanción de los represores de los manifestantes”, recordando que, conforme a la Constitución, su deber es “defender los DDHH ante abusos del poder” y advirtiendo que “si calla ante la represión, su gestión nace muerta”.
Entretanto, el partido político opositor Primero Justicia también rechazó las designaciones, destacando que ocurrieron “en un día marcado por la represión de una marcha de trabajadores en Caracas”. La organización afirmó que “Venezuela merece una Fiscalía y una Defensoría del lado del pueblo y de los derechos humanos, no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”, y reiteró que “los venezolanos no queremos más impunidad, queremos justicia”.
Las distintas voces coinciden en que estos nombramientos profundizan la desconfianza en el sistema de justicia venezolano y refuerzan las preocupaciones sobre la falta de independencia de los poderes públicos, en un contexto marcado por denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. (EN)
