Este miércoles 24 de junio del 2026, la tierra venezolana fue
brutalmente impactada por un terremoto de enorme magnitud. Hacía
muchos años que nuestro país no sufría un movimiento sísmico de
estas dimensiones.
El fenómeno afectó de manera directa a la región norte-costera de
Venezuela. El estado La Guaira, las poblaciones del litoral central,
Caracas y diversas ciudades de los estados Miranda, Aragua y
Carabobo recibieron el fuerte impacto de este evento natural. Los
daños sobre la vida humana y la salud humana, sobre la
infraestructura y los servicios fueron devastadores y, a estas horas, ya
se cuentan por miles las víctimas fatales.
Este terremoto llegó en el peor momento posible: cuando Venezuela
atraviesa una tragedia nacional de carácter multidimensional,
consecuencia del fracaso del llamado socialismo del siglo XXI. Ahora
la tragedia que padecemos, se agrava a niveles descomunales.
Ese modelo destruyó nuestra economía, provocó la diáspora de más
de nueve millones de venezolanos y vació de capacidades a las
instituciones públicas y privadas que en el pasado estaban llamadas a
prevenir y atender emergencias como la que hoy padecemos.
El mundo ha podido observar, en tiempo real, cómo se pierden vidas
humanas por la insuficiente capacidad de respuesta de la sociedad y,
sobre todo, del Estado venezolano frente a una catástrofe de esta
naturaleza.
Un país cuyas instituciones no hubiesen sido destruidas habría
respondido con mayor rapidez, coordinación y eficiencia. Del mismo
modo, si se hubiesen respetado las normas sobre planificación
urbana, ordenación del territorio y construcción antisísmica, las
consecuencias humanas y materiales habrían sido considerablemente
menores.
Numerosos países han enfrentado terremotos de igual o mayor
intensidad con pérdidas mucho menos severas. Venezuela también
aprendió importantes lecciones después del terremoto de 1967. A
partir de entonces se desarrolló una rigurosa normativa de ingeniería
antisísmica que permitió elevar los estándares de construcción en el
país.
Las edificaciones levantadas conforme a esas normas resistieron el
movimiento telúrico. En cambio, muchas de las construcciones
ejecutadas al margen de la ley colapsaron. La corrupción, el tráfico de
influencias y la ausencia de supervisión técnica generaron una
infraestructura habitacional y de servicios extremadamente vulnerable.
Especialmente dramático resulta el caso de numerosos desarrollos
habitacionales construidos por la denominada Gran Misión Vivienda
Venezuela en La Guaira, Catia La Mar, Caraballeda y otras
localidades, donde el colapso de numerosas edificaciones pone en
evidencia la irresponsabilidad con la que fueron ejecutados muchos
proyectos, privilegiando el populismo y la corrupción sobre la calidad
técnica y la seguridad de las personas.
Hoy la comunidad internacional acude en ayuda de Venezuela ante la
incapacidad del Estado para responder por sí solo a la emergencia.
Afortunadamente, no estamos presenciando la actitud asumida
durante la tragedia de Vargas de 1999, cuando el entonces presidente
Hugo Chávez rechazó inicialmente parte de la ayuda internacional,
prolongando el sufrimiento de miles de venezolanos.
En las actuales circunstancias, las autoridades no tienen otra
alternativa que coordinar esfuerzos con los países que han acudido en
solidaridad con nuestro pueblo, particularmente con los Estados
Unidos de América y con todas las naciones dispuestas a contribuir en
las labores de rescate, atención humanitaria, recuperación y
reconstrucción de las zonas afectadas.
Los venezolanos tenemos la obligación de aprender de esta tragedia y
transmitir esas enseñanzas a las futuras generaciones. Debemos
comprender las características geológicas de nuestro territorio, asumir
los riesgos propios de las zonas sísmicas y fortalecer una cultura
permanente de prevención.
Es indispensable que el Estado, la sociedad, la academia, los gremios
profesionales, la empresa privada y las organizaciones comunitarias
trabajen conjuntamente para desarrollar capacidades de respuesta
frente a futuras emergencias.
Durante más de veintisiete años, Venezuela vivió un proceso
sistemático de destrucción institucional. Se persiguió y desplazó a
profesionales altamente calificados en distintas áreas del
conocimiento. Los sectores de la ingeniería, la construcción, la
protección civil, la planificación urbana y muchas otras disciplinas
indispensables para enfrentar desastres naturales fueron igualmente
afectados por esa política de exclusión.
La reconstrucción de Venezuela deberá sustentarse en principios
completamente distintos: respeto al conocimiento científico,
fortalecimiento institucional, cumplimiento estricto de las normas
técnicas, promoción de la iniciativa privada y participación activa de la
sociedad civil.
Debemos abandonar definitivamente la concepción de un Estado
omnipresente y totalitario que pretende sustituir a la empresa, a la
universidad, a las organizaciones sociales y a los ciudadanos. Ninguna
nación puede enfrentar con éxito desafíos de esta magnitud
excluyendo el talento y la capacidad creadora de su propio pueblo.
Esta catástrofe debe quedar grabada en la memoria colectiva de los
venezolanos. Solo si aprendemos las lecciones que nos deja este
doloroso episodio podremos construir un país más seguro, más
preparado y más digno para las generaciones presentes y futuras.
