Video cortesía de Francesca Díaz y Correo del Caroní
La sombra del embargo se cierne sobre la familia del empresario Omar Martínez, una situación que trasciende el ámbito mercantil para convertirse en un drama humano que pone en riesgo la salud y la vida de su hijo. La empresa de recolección de desechos, Fospuca Caroní, ha iniciado una acción judicial contra Fundiciones Marca CA, la compañía de Martínez, una medida que, de concretarse, aniquilaría el único sustento familiar destinado a la atención médica de su hijo enfermo.
Una empresa de 40 Años al Borde del Colapso
Omar Martínez, hoy al frente de Fundiciones Marca, una empresa fundada en septiembre de 1985 por su padre Pedro Martínez, con casi cuatro décadas de historia en Guayana, relata el lento y doloroso declive de su negocio. La compañía, cuyo principal cliente histórico fue Sidor, dependía en un 98% de las ventas a la acería. Con la estatización de Sidor y la crisis de las empresas básicas, Fundiciones Marca se vio abocada a un cierre técnico.
«Hemos estado por la crisis de Guayana muy cercanos al 2-3% de operatividad, que es muy bajo, prácticamente es un cierre técnico… hemos tenido periodos de hasta seis meses sin producir nada.»
En los últimos años, el empresario ha recurrido a una medida desesperada para sobrevivir: la venta de los equipos de la fundición, y se ha dedicado a otras actividades profesionales como el diseño y la asesoría. La empresa, operando apenas al 2% de su capacidad, ya no es la fuente de ingresos principal; sin embargo, representa el poco patrimonio que queda, la última reserva de la familia.
La Arremetida de Fospuca y la Crisis Familiar
En este contexto de fragilidad económica, irrumpe una demanda más de Fospuca Caroní. Martínez logró confirmar ya que la empresa introdujo una solicitud de embargo en el tribunal de primera instancia en lo civil y mercantil de Ciudad Guayana, una medida que está a la espera de la ejecución judicial. La acción se basa en el cobro de un servicio que, según el empresario, «nunca han prestado» y por el cual aplican tarifas «impagables» y que, además, se sustenta en una factura pro forma que, a su juicio, carece de validez legal. Cosa que por cierto determinó hace un tiempo en una sentencia la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero que extrañamente los tribunales guayaneses no toman en cuenta a la hora de aplicar la larga lista de embargo que lleva Fospuca Caroní.
Más allá de las consideraciones legales, de la ausencia de prestación de un servicio por el que ahora pretenden embargar los bienes de la empresa, del desconocimiento de la Constitución y otras leyes orgánicas nacionales. El caso de la familia Martínez se sustenta simplemente en un derecho humano básico, el derecho a la vida y la salud, pues comenta Omar: «El problema es que definitivamente nosotros como ente familiar no estamos en capacidad ni de pagar ni de negociar de verdad cualquier solicitud que haga esta empresa.» El motivo de la imposibilidad de pago no es meramente comercial: es una urgencia de vida o muerte. El segundo hijo de Omar, de 23 años, padece una enfermedad de base: artritis idiopática. Es un padecimiento crónico que afecta su sistema inmunológico y que ha marcado su vida con un historial de múltiples intervenciones quirúrgicas.
«Mi segundo hijo tiene un problema de salud, tiene una enfermedad de base que es la artritis idiopática y desde que ha nacido pues hemos guerreado con esa enfermedad.» Comenta el Ing. Martínez. Solo en el último año, el joven ha visitado el quirófano tres veces por un problema en la vesícula, sumando un total de siete operaciones en sus 23 años de vida. La enfermedad exige un cuidado médico constante y costoso.
Un Llamado de Derechos Humanos
Martínez es categórico: los pocos recursos que genera la familia se destinan íntegramente a costear el tratamiento y las operaciones pendientes de su hijo. «De concretarse las acciones que planea Fospuca contra el patrimonio y sustento de mi familia -explica preocupado-, de activarse eso entonces no podríamos correr con los gastos que implica la atención médica de mi hijo… porque en este momento no sabemos si la operación en este nuevo caso se hará aquí o en otro lugar, ni su costo… aún no sabemos siquiera cuál es la solución que se le va a dar al problema de la vesícula.»
El empresario ve la amenaza de embargo no solo como un despojo económico, sino como un acto que pone en riesgo directo la salud y la vida de su hijo, catalogándolo como una violación de derechos humanos. Su mensaje es claro y desesperado: «si se concretasen esos embargos, entonces perderíamos los recursos que en este momento tenemos y que podamos generar de aquí al próximo año, perderíamos la oportunidad de tener esos recursos para atenderlo, de verdad.»
Con la impotencia de no tener qué negociar —porque los recursos son para la cura de su hijo y «los recursos de mi hijo no se negocian»—, Omar Martínez hace un llamado directo al Fiscal General de la República para que intervenga en lo que considera un caso de violación de los derechos humanos. Que hace extensible a la Gobernadora del estado y al Alcalde Alonso.
Y este punto es bueno detenerse un minuto, pues las máximas autoridades locales a pesar de la gravedad de las afectaciones de Fospuca Caroní en los últimos tiempos, parecen sufrir el síndrome de Shakira “Ciegos y Sordomudos”; no fijan una postura, no se pronuncian ni procuran una solución ante lo que se configura como un cobro excesivo por un servicio básico, por acciones poco transperentes en los tribunales locales y por el silencio ominoso de los diversos órganos juridiscionales, incluido el TSJ cuyas sentencias se violan continuamente al aplicar estos embargos, que ahora además de arruinar las empresas guayaneses, ponen en riesgo la vida de los familiares de las mismas, pues el escaso dinero que producen están obligados bajo amenaza judicial a entregarselo a la recolectora de aseo antes incluso de velar por la salud y vida de los suyos. (Redacción – CNP 8235)
