El Estado venezolano ha perdido soberanía sobre gran parte del territorio nacional por la presencia de actores no estatales, grupos armados, organizaciones terroristas, y organizaciones criminales internacionales que operan con la aquiescencia del gobierno ilegítimo. Esta situación no es fortuita, por el contrario, obedece a la toma de decisiones políticas desde la estructura organizada de poder, que han permitido que estos grupos se instalen y funcionen en el país.
Actualmente Venezuela continúa sumergida en una crisis multifacética con implicaciones mundiales. En los foros internacionales se analiza el impacto de esta crisis en la geopolítica internacional y en los nuevos equilibrios en la región latinoamericana, debido a las vulneraciones de derechos humanos fundamentales, el quebrantamiento de la democracia y el estado de derecho. El carácter transfronterizo de los delitos atribuidos al régimen venezolano hace necesaria la cooperación internacional para hacer frente a este fenómeno de criminalidad organizada transnacional y del apoyo al terrorismo, que diversos estudios e investigaciones atribuyen al régimen venezolano.
Datos alarmantes señalan que el tráfico de drogas vía marítima hacia Europa provenía de Venezuela; que nuestro país forma parte de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se anunció la existencia de “…bolsas de terrorismo en Venezuela…”; que el narcotráfico ha permeado en toda la estructura estatal; que el sistema de gobierno venezolano ha sido categorizado como un régimen autoritario, lo cual connota la fragilidad de su orden institucional; que la Comisión Europea incluyó a Irán (socio comercial de Venezuela) en la lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; que además el Estado venezolano fue objeto de análisis de un listado de la Comisión Europea (entre 54 países y territorios prioritarios) en la que se evaluaron “…el nivel de amenaza de cada país, el marco jurídico y los controles adoptados para evitar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo..”. El listado es largo, podríamos seguir, pero son datos que nos deshonran como ciudadanos de una nación, en otrora, respetuosa del Estado de Derecho, y que ha perdido la soberanía sobre su propio territorio.
Ahora bien, ante esta circunstancia ¿cómo se está enfrentando la delincuencia organizada transnacional, y cuáles mecanismos son aplicables al caso venezolano?: actualmente se desarrollan acciones globales por parte de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros grupos de acción como el GAFI, Gafilat, Grupo Egmont y el Gafic.
Objetivo 10 de la Agenda 2030
El rol de las Naciones Unidas en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional se desarrolla por una parte en la Meta 16.a del Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU sobre desarrollo sostenible (ODS) el cual persigue “fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia”. Y por la otra, en la meta 16.4 de los ODS que expresa el compromiso para “reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”. Sobre este tema, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha observado “con preocupación las graves amenazas que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional plantean en algunos caos para la seguridad internacional en diferentes regiones del mundo” destacando además “la necesidad de trabajar en forma colectiva para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, incluido el terrorismo que se beneficia de la delincuencia organizada transnacional”.
Para dar respuesta a estas cuestiones, el Sistema Universal de protección de Derechos Humanos dispone de diversos instrumentos internacionales en la materia, como lo son: la Convención de Viena de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas); la Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional); la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas; el Programa Mundial contra el Lavado de Dinero.
En el sistema europeo se desarrollan planes de acción y se adoptan actos políticos y jurídicos para hacer frente a este flagelo. Así el Parlamento Europeo, anunció una Resolución sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina (2017/2027(INI))en la cual destaca: “que la intensificación del diálogo político y la cooperación en materia… de lucha contra la delincuencia organizada… son prioridades para la acción exterior de la Unión con los países ALC”; “… que los desafíos mundiales actuales, entre los cuales se incluyen los derechos humanos, la paz, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la falta de buena gobernanza, el terrorismo y la delincuencia organizada, el tráfico de drogas… abren la puerta a nuevas posibilidades y canales de cooperación para un funcionamiento estratégico de la asociación UE-ALC en el que convendría compartir una visión y un programa comunes”.
En mayo de 2020 la Comisión Europea comunicó un Plan de Acción sobre la la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT), que contempla entre sus objetivos revisar el enfoque de los riesgos que representan otros países no pertenecientes a la UE en la lucha contra estos delitos. Adicionalmente, evaluará las medidas que la Unión debería adoptar en el escenario internacional en conjunto con otros países, para reforzar su posición global vinculada con la política común exterior en la materia.
Poniendo el foco sobre el combate de esta forma de criminalidad a nivel latinoamericano, debemos destacar el rol de la UE en el marco de la cooperación birregional euro- latinoamericana. Entre sus iniciativas se destaca la VI Cumbre U.E.-A.L.C., en la cual se manifestó a través de la Declaración de Madrid la necesidad de reforzar —en la nueva etapa de asociación birregional UE-Latinoamérica— la cooperación “…en relación con los retos del terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el tráfico ilícito de armas y municiones, el problema mundial de las drogas y el tráfico de armas relacionado con ellas, el blanqueo de dinero…”.
Esta asistencia se ha cristalizado mediante la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). Estos vínculos institucionales entre la UE, Latinoamérica y el Caribe son de importancia capital para activar y fortalecer la cooperación birregional en relación con los conflictos transnacionales, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, y el tráfico de drogas. Flagelos de alcance y repercusión global que demandan actuar bajo la “corresponsabilidad” en el contexto de la seguridad pública, estatal y regional.
A nivel interamericano, la Organización de Estados Americanos ha impulsado el “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, con la finalidad de que los Estados miembros apliquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, y que además obligará a los Estados a adoptar las medidas convenidas para luchar contra este flagelo. En el Sistema Interamericano se cuenta con: la Convención Interamericana contra el Terrorismo; la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y su Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves; el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT); la Reunión de Ministros de Justicia (REMJA), que evalúan “las diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional infringen y la amenaza que representan tanto para las democracias como para el desarrollo económico y social de los Estados, y la necesidad y urgencia de fortalecer y perfeccionar la cooperación jurídica y judicial mutua a nivel hemisférico”; y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).
Finalmente, en el ámbito geográfico latinoamericano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dispuso crear la “Red Sudamericana contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, y el “Consejo Sectorial permanente para la coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.
Las acciones de la comunidad internacional
La comunidad internacional debe asegurar que todas estas obligaciones internacionales contraídas en instrumentos internacionales vinculantes, y acuerdos en materia de lucha contra la criminalidad organizada transnacional —que caracterizan al régimen ilegítimo de Venezuela— se cumplan y se ejecuten.
La lucha contra este tipo de delincuencia debe activar urgentemente la cooperación internacional. El régimen venezolano opera como una empresa criminal común a través de su estructura organizada de poder, y ha internacionalizado sus actos criminales a través de sus aliados a nivel global. Las consecuencias de estas acciones documentadas en Informes especializados de organizaciones internacionales, evidencian las violaciones graves de derechos humanos y perpetración de crímenes internacionales, la pobreza extrema, la exclusión social que padecen millones de venezolanos, y recientemente la extracción de recursos minerales en Venezuela con fines ilícitos.
La criminalidad organizada transnacional del régimen venezolano constituye un factor de desestabilización para el hemisferio, y unas de las más graves amenazas a nivel internacional. Es competencia del Sistema Universal, Interamericano y Europeo de Derechos Humanos adoptar medidas para investigar, perseguir, capturar, extraditar, y sancionar a personas vinculadas con esta red. Congelarle activos, restringirle el tránsito aéreo, marítimo y terrestre, reforzar la cooperación en materia judicial y penal. Estos son sólo algunos de los planteamientos y medidas contempladas en el marco del Derecho internacional para controlar y combatir este flagelo.
Venezuela es un Estado frágil que ha cedido casi en su totalidad el territorio a estos actores no estatales, grupos armados, organizaciones terroristas, y organizaciones criminales internacionales, como una estrategia interna para aterrorizar a la población civil y los grupos políticos opositores. Ahora bien, aunque el objetivo principal de permitir que estos grupos operen en el país sin ninguna restricción es conservar el poder a toda costa, no obstante, esta dinámica ha desmantelado la institucionalidad de la Nación, el Estado de derecho, la seguridad, el respeto de los derechos humanos y civiles. En definitiva hemos pedido la soberanía nacional por la criminalidad organizada transnacional, una situación que pone en riesgo la paz y seguridad internacional. La comunidad internacional no puede esperar que Venezuela se convierta en un Estado fallido, debe actuar ya. (Soranib Nathali Hernández de Deffendini es doctoranda en Derecho Internacional; máster en Derecho Internacional y RRII; experto univ. Política y DI.; MBA; grado CCS Sociales y Jurídicas.)
