En la Mesa de la Unidad Democrática no hubo sorpresa por la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó que en la recolección de manifestaciones de voluntad, que activa el revocatorio, se exija un mínimo de 20% por estado pues, aunque no estaba escrita, ya era una decisión tomada por las rectoras del Poder Electoral.
“Esa sentencia es un mondongo recalentado; es la decisión de las cuatro comadres, redactada por Indira Alfonso (magistrado de la Sala Electoral), secretaria de Francisco Ameliach, coordinador electoral del PSUV”, señaló el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
Y como la decisión no sorprendió, la MUD mantendrá su posición: irá al proceso a hacer cumplir la Constitución, que no exige un mínimo de firmas por estado.
“La Constitución es clara, el 20% es nacional. Sin embargo, estoy convencido de que en todos los estados del país hay mucho más del 20% que están esperando para salir a firmar”, dijo en la misma rueda de prensa el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz.
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, lamentó que, como la mayoría de las decisiones del TSJ, la sentencia se publicara cerca de la medianoche: “Nos dan más razones para luchar. El miércoles de la semana que viene podremos poner nuestra huella para cambiar esta situación”, dijo.
Persecución. La oposición aprovechó la ocasión para respaldar al alcalde Carlos Ocariz, que fue citado ayer por el Sebin por una supuesta vinculación con el lanzamiento de una granada fragmentaria a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en su municipio.
Ocariz no asistió a la citación (lo convocaron ocho minutos antes) y Ramos Allup le recomendó no ir a ninguna de las próximas que reciba porque, aseguró, solo quieren meterlo preso por ser el jefe de campaña de la oposición para el revocatorio. El alcalde evaluará con sus abogados las acciones a tomar.
Ramos Allup advirtió que se pretende juzgar a Ocariz en jurisdicción militar: “Los civiles tienen que ser juzgadoEn la Mesa de la Unidad Democrática no hubo sorpresa por la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó que en la recolección de manifestaciones de voluntad, que activa el revocatorio, se exija un mínimo de 20% por estado pues, aunque no estaba escrita, ya era una decisión tomada por las rectoras del Poder Electoral.
“Esa sentencia es un mondongo recalentado; es la decisión de las cuatro comadres, redactada por Indira Alfonso (magistrado de la Sala Electoral), secretaria de Francisco Ameliach, coordinador electoral del PSUV”, señaló el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
Y como la decisión no sorprendió, la MUD mantendrá su posición: irá al proceso a hacer cumplir la Constitución, que no exige un mínimo de firmas por estado.
“La Constitución es clara, el 20% es nacional. Sin embargo, estoy convencido de que en todos los estados del país hay mucho más del 20% que están esperando para salir a firmar”, dijo en la misma rueda de prensa el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz.
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, lamentó que, como la mayoría de las decisiones del TSJ, la sentencia se publicara cerca de la medianoche: “Nos dan más razones para luchar. El miércoles de la semana que viene podremos poner nuestra huella para cambiar esta situación”, dijo.
Persecución. La oposición aprovechó la ocasión para respaldar al alcalde Carlos Ocariz, que fue citado ayer por el Sebin por una supuesta vinculación con el lanzamiento de una granada fragmentaria a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en su municipio.
Ocariz no asistió a la citación (lo convocaron ocho minutos antes) y Ramos Allup le recomendó no ir a ninguna de las próximas que reciba porque, aseguró, solo quieren meterlo preso por ser el jefe de campaña de la oposición para el revocatorio. El alcalde evaluará con sus abogados las acciones a tomar.
Ramos Allup advirtió que se pretende juzgar a Ocariz en jurisdicción militar: “Los civiles tienen que ser juzgados por sus jueces naturales, no en una jurisdicción militar. Quieren evitar que el caso tenga resonancia, que se noten los atropellos y las violaciones a la Constitución”.
El alcalde dijo que la persecución en su contra es otro de los frentes que ha abierto el chavismo contra el revocatorio, que incluye las sentencias del TSJ, la detención de opositores (ayer el Sebin apresó a José Vicente García, concejal de San Cristóbal), y el asedio al Parlamento.
María Alejandra de García, esposa del concejal tachirense, escribió en la cuenta de Twitter de Vicente García, que su esposo estaba siendo perseguido por el Sebin desde el sábado: “Sabemos q sembraron en su vehículo granadas, uniformes militares”.
Luego en Twitter se publicó una fotografía del concejal en medio de dos funcionarios encapuchados, detrás de una mesa en la que se observan uniformes y granadas.s por sus jueces naturales, no en una jurisdicción militar. Quieren evitar que el caso tenga resonancia, que se noten los atropellos y las violaciones a la Constitución”.
El alcalde dijo que la persecución en su contra es otro de los frentes que ha abierto el chavismo contra el revocatorio, que incluye las sentencias del TSJ, la detención de opositores (ayer el Sebin apresó a José Vicente García, concejal de San Cristóbal), y el asedio al Parlamento.
María Alejandra de García, esposa del concejal tachirense, escribió en la cuenta de Twitter de Vicente García, que su esposo estaba siendo perseguido por el Sebin desde el sábado: “Sabemos q sembraron en su vehículo granadas, uniformes militares”.
Luego en Twitter se publicó una fotografía del concejal en medio de dos funcionarios encapuchados, detrás de una mesa en la que se observan uniformes y granadas.
