En Ciudad Guayana, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el planeta, la basura no se mide en kilogramos ni en el volumen de desperdicios que genera una familia tras una semana de consumo. Aquí, por obra y gracia de una ingeniería legal que desafía la lógica científica, la basura se mide con cinta métrica. Como lo lee por metros cuadrados y no de los desechos sino del inmueble al que se cobra. Una inaudita irregularidad que implementó Fospuca y que el actual alcalde Yanni Alonzo se empeña en continuar, perjudicando a un sector comercial y empresarial que estuvo por tres años sometido al saqueo de la ya ida empresa verde del aseo.
El ingeniero Simón Yegres, vocero de la Asamblea de Ciudadanos, camina sobre el terreno minado de las tarifas del aseo urbano con la precisión de quien conoce cada grieta del sistema. Su voz, pausada pero firme, desmenuza lo que califica como una «estafa continuada» que ha mutado de nombre, pero no de esencia.
El Fantasmal Concepto del «Metro Útil» en el limbo de los metros cuadrados
La última jugada del tablero municipal ha sido una ordenanza de remisión de deuda y un anuncio del alcalde Alonzo que, en teoría, traería alivio. Esto después que el consabido burgomaestre en un acto altamente publicitado con la Gobernadora hablara de como habían sacado a Fospuca por el bien de la ciudad. Así por encima cuando dicen Remisión de Deuda, suena bonito. Sin embargo, para Yegres, el diablo está en los detalles —o mejor dicho, en las dimensiones—. «Seguirán cobrando la tarifa basados en los metros cuadrados», advierte el ingeniero. «Ahora señalan ‘metros cuadrados útiles’, pero nadie explica qué es eso».
Desde la ingeniería, Yegres plantea el absurdo: ¿Es útil un depósito de estacionamiento? ¿Es útil un espacio construido pero vacío? Para la ley nacional, la respuesta es irrelevante porque el método mismo es ilegal. Tanto la LOCAPTEN como la Ley de Gestión Integral de la Basura son taxativas: la tarifa debe estimarse por volumen (litros, metros cúbicos) o masa (gramos, kilogramos).
«¿Qué es lo que no entienden o qué es lo que no saben leer?», se pregunta Yegres con una mezcla de indignación y asombro técnico. Cobrar por área, sin importar cuánta basura se produzca, es —en sus palabras— un vicio que ninguna variante objetiva puede subsanar.
La Rebaja de los Zapatos Caros
El segundo punto del reporte es un espejismo matemático. El alcalde anunció un descuento del 40%. A simple vista, parece un triunfo popular, pero Yegres saca la calculadora de la Asamblea de Ciudadanos para derribar el mito.
Si la tarifa base ya estaba inflada, un descuento es solo una «estafa un poco menor». Los estudios técnicos realizados por un equipo de ingenieros al inicio de esta crisis revelaron cifras de espanto:
Sector Residencial: Sobreprecio del 1.500% (15 veces más de lo debido).
Sector Comercial: Sobreprecio del 500%. (5 veces lo debido, o sea que si te rebajan 40 %, todavía te están cobrando tres veces lo que deberías pagar)
Para ilustrarlo, el ingeniero recurre a la economía doméstica: «Es como si vas a comprar unos zapatos que cuestan 12 dólares cuando su precio real es 1 dólar. Si te rebajan el 40%, terminas pagando 8. Te sientes feliz por la rebaja, pero te siguen estafando por 7 dólares extra». El promedio técnico calculado por los ciudadanos es de 0.76 USD, mientras que el sistema actual, incluso con «rebajas», se aleja por múltiplos groseros de esa realidad.
El Relleno que no Existe y el «Mono» que Acecha
Quizás lo más grave sea el silencio sepulcral sobre el destino final de los desechos. Ni la gobernación ni la alcaldía mencionan el relleno sanitario. Ese lugar, que por ley debería ser el receptor final de los pagos de los guayaneses, es hoy un espectro administrativo.
«Se hacen los locos», afirma Yegres. «La gobernadora no lo mencionó en campaña ni ahora en ejercicio». Mientras tanto, las facturas siguen acumulando un «mono monumental» (una deuda masiva) en las cuentas de las familias. Aunque el sector residencial no lo esté cancelando activamente ahora, la deuda persiste, agazapada, esperando el momento de ser cobrada bajo un esquema que nadie sabe a dónde va a parar. «¿Quién recibe esos reales ahora? Antes sabíamos que era Fospuca, ¿pero hoy?», cuestiona el vocero.
Y eso que el ing. Yegres no se metió con otros temas, como la misma legalidad de un alcalde que fue escogido – según las tardías cifras del CNE -, con apenas 77.058 votos en una ciudad con más de un cuarto de millón de votantes; pero cuyas decisiones además tienen validez de Ley para todos, aunque se salten lo establecido por las leyes nacionales.
El Camino a los Tribunales
La paciencia de la Asamblea de Ciudadanos se ha agotado entre comunicados y mesas técnicas que Yegres describe como «coros de empresarios que no dicen nada». La impunidad de cobrar por un servicio de relleno que no existe físicamente, o que no está debidamente soportado en Gaceta, ha llevado a la organización a tomar el paso definitivo.
«En cuestión de días, procederemos ante los tribunales con una demanda penal por estafa», sentencia. Ya no bastan las declaraciones; la lucha se traslada al terreno jurídico para frenar lo que consideran un cobro indebido que ha sangrado el bolsillo del guayanés desde noviembre de 2022.
Mientras tanto, en las gavetas de los tribunales, los expedientes de las demandas previas de Fospuca duermen un sueño burocrático, retenidos momentáneamente por razones que ni la ingeniería ni la ley logran explicar con claridad. En Ciudad Guayana, la basura sigue allí, pero lo que realmente huele mal es la factura que cobra la Alcaldía de Caroní y colateralmente la Gobernación del Estado con el cuento del Relleno Sanitario que se suma a la cuenta de electricidad, a veces sin que algunos se den cuenta. (CNP 8235)
