Fernando Magís recibe una llamada mientras habla de pescado. Se interrumpe. Mira el teléfono. Es un cliente. Uno de los pocos que aún recuerda que él existe, que sigue allí, que su faena no concluyó cuando la tierra se movió dos veces y dejó al estado La Guaira con la geografía rota.
Magís tiene 40 años de edad en Playa Verde, en Puerto Espada. Llegó cuando el lugar todavía era un punto de trabajo antes que una postal turística. Levantó una casa, comenzó a pescar y enseñó el oficio a otros que, como él, buscaban resolver su sustento. Sus redes han capturado pargos, medregales, catalufas y meros. Por la orilla del mar Caribe pasaban compradores que llegaban buscando pescado fresco y terminaban llevándose una conversación, una bolsa con hielo y una recomendación sobre cómo freír el pargo.
Ahora llegan poco. Por no decir nadie.
Magís perdió su casa aquel miércoles 24 de junio. Con ella se quebró una parte menos visible de la economía costera: la cadena que une al pescador con el restaurante, al restaurante con el turista, al turista con la playa, y a la playa con el resto de una entidad que vivía de su movimiento.
No sale a pescar con la regularidad de antes. No porque el mar haya dejado de ofrecer peces, sino porque no hay a quién venderle. En Playa Grande, en la parroquia Catia La Mar, en los alrededores de los balnearios cerrados, el problema no es únicamente producir: es colocar la mercancía.
Capturar un pescado grande, transportarlo, preservarlo y luego no encontrar compradores puede convertirse en una pérdida que un pescador no está en condiciones de asumir.
Magís y otros 29 pescadores de la zona se enfrentan a esa realidad. Se reactivaron parcialmente un mes después de los sismos, pero sin entusiasmo. Asegura que cada trayecto por Playa Grande le devuelve un paisaje que quisiera evitar: edificaciones dañadas, negocios cerrados, áreas que antes generaban ingresos y ahora permanecen suspendidas en un tiempo incierto.
Se sostiene como puede con ruedas de atún que cocina en su pequeña tienda. Las deja hervir tres o cuatro horas; el procedimiento es propio, casi secreto. Vende el envase de 600 gramos en seis dólares. No sustituye la pesca, pero permite que la jornada no termine sin ingresos.
“Vengo todos los días, así no venda nada”, afirma.
Ruinas
Las cifras describen el tamaño del impacto, aunque no alcanzan a contar todo lo que queda fuera de la contabilidad: la casa perdida, el empleado que ya no recibe un sueldo, la familia que deja de bajar desde Caracas, el cliente que no vuelve porque teme que el pescado esté contaminado.
El sector productivo del estado La Guaira registra 78,3% de inoperatividad después de los terremotos. Un estudio de la Cámara de Comercio local indica que 80% de las empresas redujo considerablemente sus ingresos: 56,2% los perdió por completo y 23% los vio caer más de la mitad.
En la práctica, eso se traduce en santamarías abajo, vitrinas vacías, restaurantes que atienden con nóminas reducidas y locales que reabren sin saber si la venta del día cubrirá el transporte, los insumos o el personal.
El deterioro alcanza al empleo. 85,4% de las empresas no puede garantizar los puestos de trabajo y apenas 14,6% cree que podrá sostener su plantilla completa. Tres de cada cuatro comerciantes consultados calculan que solo pueden mantener a su personal durante los primeros tres meses posteriores a los terremotos.
La cifra tiene rostro en los negocios familiares, numerosos en la costa. Antes de los sismos, un local podía sostener a hermanos, hijos, primos, vecinos, proveedores de pescado, repartidores, mototaxistas y vendedores de hielo. Después de los movimientos telúricos, una reducción de ventas no queda contenida dentro del restaurante: se propaga.
Desde la vía se observan planicies donde antes había edificios, toneladas de concreto acumuladas junto al mar y grúas que avanzan sobre restos de hogares, comercios y miradores.
Las máquinas son ahora más visibles que los equipos de ayuda humanitaria. Quedan rescatistas, familiares y trabajadores que esperan alguna noticia, pero el sonido dominante es el de la remoción: aplanadoras, retroexcavadoras, camiones y estructuras que caen.
La economía no se reconstruye a la misma velocidad con que se limpia una calle.
La Guaira está fragmentada.
Bajando después del túnel Boquerón 2, una parada de camiones convertida en restaurante-churuata mantiene comensales un sábado a las 9:00 am. Las estaciones de servicio despachan combustible. En los bordes de la vía aparecen termos de café, dulces, arepas, empanadas y puestos ambulantes. Son negocios pequeños, de bajo costo de instalación, capaces de moverse y adaptarse cuando un local fijo se convierte en riesgo o en pérdida.
En las parroquias Maiquetía y Catia La Mar, grandes cadenas como Forum, Redvital, Makro y algunos comercios farmacéuticos reanudan operaciones. Hay personas haciendo mercado, diligencias, caminando bajo el intenso calor de la mañana. Sin embargo, esa aparente normalidad se interrumpe en las vías alternas, donde persisten carpas de personas que quedaron sin hogar, y en los centros comerciales dañados, con letreros caídos, paredes agrietadas y santamarías cerradas.
En Catia La Mar, una sede de Farmatodo continúa cerrada porque funciona como refugio. Cerca, los abastos y ferias de hortalizas se levantan entre viviendas afectadas. Las panaderías, carnicerías, ventas de materiales de construcción, talleres mecánicos, establecimientos de autolavado y negocios de repuestos buscan mantenerse activos.
Josefina García llega desde Carayaca cada viernes y sábado. Siembra en tierra fría, propia, y baja a vender aguacates, papas, cebollas, pimentones, batatas, remolachas, chayotas, cambures, plátanos y verduras. Lleva una década en el oficio. Comparte la calle con una vendedora de condimentos y otra mujer que prepara bollitos.
“Las ventas están pesadas”, dice.
Algunos de sus clientes fallecieron. Otros salieron del país. Otros no tienen la capacidad de compra de antes. Ella regresó 15 días después de los terremotos, a pesar de que tiene una dolencia cardíaca desde hace 18 años de edad. Paga el traslado, organiza la mercancía, soporta la jornada desde temprano y calcula si el ingreso alcanza para justificar el viaje.
Licor
En una economía deteriorada, los alimentos tienen una demanda básica. Pero el litoral central tiene una particularidad, visible en las calles y admitida por quienes la observan con incomodidad: las licorerías parecen conservar una capacidad de convocatoria que otros rubros no tienen.
En cinco de los establecimientos visitados, los trabajadores evitan hablar. Algunos sonríen ante la pregunta sobre su actividad. Otros dicen no estar autorizados. Pero una escena se repite: largas filas frente a negocios de bebidas alcohólicas, en una ciudad donde persisten los refugios, los derrumbes y la actividad comercial a media máquina.
En Caña Fina, en Punta de Mulatos, la fila se forma. En distintas zonas, las licorerías se mantienen como fuente relevante de ingresos y movimiento comercial, por encima de negocios de comida que dependen más directamente de la reapertura de playas, del turismo o del consumo familiar.
El dueño de una licorería, quien pidió mantener su identidad en reserva, cuenta que antes de los sismos podía facturar hasta 1.500 dólares en un día bueno. Tras los terremotos, las ventas son menores. Que haya filas no significa que el negocio esté sano ni que sus ingresos hayan regresado a los niveles anteriores. Pero sí revela que, dentro de una región golpeada, la compra de bebidas alcohólicas no se detiene.
El fenómeno tiene explicaciones económicas y sociales. El licor es un producto de rotación rápida, con márgenes comerciales que pueden ser más altos que los de ciertos alimentos y una demanda vinculada a fines de semana, reuniones, trabajadores de paso y vida nocturna.
En el estado La Guaira, además, forma parte de la dinámica playera. Cuando el turismo se contrae, las ventas bajan, pero el producto no desaparece del circuito cotidiano.
También está la otra dimensión: la necesidad de evasión. El encargado de un restaurante en Catia La Mar observa la contradicción sin juzgar a los involucrados. Considera desacertado ver a personas comprando bebidas o consumiéndolas en estas semanas, pero reconoce que es una de las actividades más visibles. “Cada quien a lo suyo”, dice.
¿Debe interpretarse eso como una celebración de la tragedia? Va más allá. Es una muestra de cómo funciona el consumo en una sociedad afectada. Las prioridades no son lineales, las respuestas no siempre son racionales y la economía local se sostiene también con hábitos que resultan difíciles de explicar desde la estadística.
Mientras las licorerías conservan movimiento, los pescadores lidian con rumores de contaminación que perjudican la comercialización. Magís insiste en que el pescado no se captura en la orilla, sino en altamar. Lo mismo repiten vendedores del mercado de pescadores El Mosquero: el producto llega de aguas profundas o de proveedores de Nueva Esparta, Sucre y Zulia.
Oficio
El mercado Mosquero está lleno de gente, aunque no necesariamente de compradores. En el estacionamiento hay automóviles. En la estructura en forma de U, decenas de puestos exhiben pescado fresco, mariscos y especies marinas. Hay color, hielo, ofertas en voz alta y competencia entre comerciantes que se conocen desde hace años.
Cuarenta y cuatro pescaderías están activas. Algunas familias volvieron el 1 de agosto. Otras todavía no pueden hacerlo porque perdieron a familiares, se quedaron sin casa o no tienen condiciones para retomar la actividad. Una de las encargadas explica que no esperaban visitantes. Pensaban que, sin playas abiertas y con tantos apartamentos dañados, el litoral quedaría desolado.
Sin embargo, comenzó a llegar otro tipo de clientes: ingenieros, rescatistas, personal de apoyo, funcionarios y trabajadores que circulan por las zonas intervenidas. No sustituyen la temporada vacacional, pero sostienen parte del consumo.
El cambio de clientes se repite a lo largo de la costa.
En Kiosko La Coca, conocido por sus platos de fosforera, los propietarios abrieron 15 días después de los dos terremotos. Primero atendieron a sus familiares, revisaron daños y afrontaron la pérdida de seres queridos. Luego vino la pregunta: ¿qué hacemos?
Pensaban que se repetiría la paralización de la pandemia, cuando vender 15 empanadas era una jornada aceptable. Sin embargo, el local comenzó a despachar entre 30 y 40 empanadas, además de hervidos, fosforeras, arroz a la marinera, papelón con limón y pescado frito.
No es la venta habitual, pero permite extender el horario hasta entrada la tarde, lo que se traduce en mayores ingresos.
En el restaurante Roselina, ubicado en la avenida El Ejército de Catia La Mar, Yorman Pérez abrió una semana después del terremoto. El inmueble cuenta con etiqueta amarilla: presenta daños parciales, pero puede funcionar bajo condiciones específicas. Repararon tuberías, revisaron mercancía, gestionaron las evaluaciones técnicas y volvieron a vender sus desayunos criollos, almuerzos y agua potable.
Son tres personas en el área de cocina y cuatro en el despacho de agua potable. Trabajan de 7:00 am a 6:00 pm. Después de esa hora, explica Pérez, la actividad disminuye debido a las fallas de alumbrado, la incomodidad y la inseguridad.
“Somos prácticamente los únicos en la avenida dando desayunos”, cuenta Pérez.
No habla de bonanza, sino de constancia. Un restaurante operativo se convierte en alternativa para residentes, trabajadores, cuerpos de seguridad y personas que todavía no encuentran otro sitio donde comer.
La recuperación de La Guaira depende de una actividad que sigue condicionada: el turismo.
La entidad federal no vive solo de los balnearios, pero las playas articulan un sector decisivo de su economía. Movilizan restaurantes, pescadores, licorerías, vendedores independientes, transporte, hospedaje, servicios, comercios y proveedores. Cuando están cerradas o restringidas, el impacto se distribuye por todo el litoral.
En Los Tres Reyes, en la vía carretera El Playón y Los Caballos, Josniel Ferreira abrió tres semanas después del sismo. No tenía expectativas elevadas, sobre todo tras perder su vivienda.
El restaurante sufrió daños menores: tuberías rotas, pisos agrietados y afectaciones en paredes. Tiene etiqueta verde y labora con cinco o seis empleados, cuando antes empleaba a diez. “En agosto estaríamos llenos de gente que sale de las playas. Ahora vienen funcionarios, transportistas e ingenieros”, relata.
El establecimiento opera a cerca de la mitad de su capacidad habitual. Para adaptarse, incorporaron opciones más económicas: macarrones con pollo, pasta a la boloñesa y alternativas distintas al pescado, que representan un gasto menor para el cliente. De este modo conservan la oferta marina tradicional y ofrecen alternativas accesibles.
En El Rey del Pescado Frito, José Daniel Ferreira –padre de Josniel– calcula que el negocio trabaja a 30% de su capacidad operativa previa. Abrieron la segunda semana después de los movimientos telúricos. No porque las condiciones fueran idóneas, sino por el temor de que el cierre prolongado deteriorara las instalaciones y porque 15 trabajadores dependen de esa fuente de empleo.
José Daniel Ferreira también perdió su casa. Su hermano, socio del local, perdió a su esposa y a sus hijos. Ambos continúan al frente del negocio. Subir una santamaría, sostiene, no repara una pérdida, pero evita que arrastre a las demás familias vinculadas.
Manuel Estévez, propietario del restaurante Pobre Juan, abrió el 24 de julio, un mes después del terremoto. Su local no presenta daños estructurales graves, pero el salón no se llena. Un sábado a las 3:00 pm hay cuatro mesas ocupadas. De lunes a viernes no registra rentabilidad. “Mientras no se reabran las playas y no regresen los temporadistas de Caracas, no habrá recuperación completa”, advierte.
Espera
En la parroquia Naiguatá, la Fritería Táchira reanudó actividades durante la segunda semana posterior al sismo. El comercio cumple 76 años de fundación el 8 de septiembre. La familia Camacaro administra el local desde hace décadas. Ofrecen desayunos criollos, arepas, empanadas de cazón, pargo frito, pabellón criollo, asado negro y callos a la madrileña. El inventario inicial es reducido debido a la falta de insumos, pero la pesca local se activó y quienes acuden a supervisar sus propiedades comenzaron a buscar locales de confianza.
Oscar Camacaro explica que muchos establecimientos playeros continúan cerrados debido a la prohibición de acceso a los balnearios. Su negocio funciona por estar ubicado en un sector con menores daños y porque la mano de obra familiar abarata costos operativos.
En el estado La Guaira cada reapertura enfrenta condiciones distintas. Hay locales clasificados con etiqueta verde, otros con etiqueta amarilla y varios clausurados por fallas estructurales. Algunos pudieron reparar averías menores en una semana, mientras otros requieren maquinaria pesada, peritajes técnicos, demoliciones o capital del que no disponen.
El establecimiento Empanadas de Margaret, en las adyacencias de Playa Verde, continúa inoperativo mientras limpian y recuperan el inmueble. El equipo prevé reabrir el 1° de septiembre con sus 50 variedades de relleno, aunque su segunda sucursal no volverá a funcionar.
En la urbanización Marina Grande, diversos clubes y negocios turísticos presentan daños severos. En varios de ellos, la prioridad se concentra en la remoción de escombros antes de evaluar fechas de reapertura.
La reactivación económica avanza a ritmos desiguales: el comerciante informal que regresó a los 15 días, el restaurante que abrió a la semana, el mercado que retomó labores al mes, los locales que esperan septiembre y los empresarios que desconocen si podrán resistir tres meses adicionales.
La Cámara de Comercio de La Guaira señala que los comerciantes requieren créditos blandos y financiamiento preferencial. 85,5% de los encuestados considera indispensable esta medida financiera, por encima de incentivos fiscales, trámites administrativos o suministro de materiales de construcción.
Un establecimiento no se reactiva únicamente con voluntad: necesita reposición de inventario, pago de nómina, servicios públicos estables, reparaciones estructurales, permisos sanitarios, transporte y clientes. En una economía previamente debilitada, los sismos agravaron los problemas preexistentes.
Fernando Magís observa de nuevo el mar en Playa Verde. Acude a su puesto de trabajo, evalúa alternativas para vender pescado en Caracas, prepara conservas de atún y aguarda llamadas de compradores.
No ofrece promesas de recuperación a corto plazo. Sin embargo, reitera una postura compartida por pescadores, cocineros, agricultores y dueños de locales: el litoral requiere visitantes, compras y oportunidades laborales.
“De aquí vamos a salir”, asegura Magís. “Tenemos ánimo guaireño, y eso es más de lo que muchos creen”.
Con ese esfuerzo cotidiano, los habitantes de la costa procuran reactivar la producción antes de que el cierre de negocios, la incertidumbre y las pérdidas prolonguen el impacto económico del sismo. (EN)
