La forma subrepticia en que Jorge Rodríguez ha tramitado la
anunciada Ley de Amnistía revela, una vez más, la naturaleza
fraudulenta que caracteriza a la cúpula oficialista. No se trata de un
simple vicio procedimental, sino de una práctica política sistemática: el
uso del lenguaje jurídico y político para encubrir la arbitrariedad y la
negación del Estado de derecho.
En abierta violación de la Constitución y del Reglamento Interior y de
Debates, se inició la discusión de un proyecto de ley sin que los
diputados tuvieran acceso al texto íntegro. Acto seguido, se abrió un
apurado proceso de consulta pública sobre un documento que no ha
sido formalmente publicado, mientras se exige a los consejos
legislativos y municipales del país que avalen un contenido que
desconocen. Hasta el momento, no existe publicación oficial; solo
circula un borrador difundido en redes sociales por un diputado ajeno a
la directiva. Este proceder tiene un solo nombre: fraude legislativo.
La lectura del primer borrador confirma las peores sospechas. Es un
texto incompleto y peligroso, diseñado más para lavar la imagen del
régimen que para cerrar esta tragedia y desmontar el aparato
represivo construido durante más de dos décadas. El proyecto consta
de apenas trece artículos y restringe su ámbito de aplicación a diez
momentos específicos de la vida política reciente, calificados de
manera sesgada como ;violencia política. Se mencionan desde el
golpe de 2002 y el paro petrolero, hasta los ciclos de protesta de 2014,
2017, 2019 y las manifestaciones post-electorales de 2024.
Esta delimitación no es fortuita. Al circunscribir la amnistía a episodios
estigmatizados por el discurso oficial, el poder busca reafirmar su
narrativa de criminalización de la disidencia, en lugar de reconocer la
existencia de una persecución política estructural.
Más grave aún es lo que el proyecto excluye. Quedan fuera quienes
han sido judicializados bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley contra el Odio
y otros instrumentos de represión vigentes. Tampoco se contempla la
derogatoria del marco legal que hace posible la persecución; al
mantener estas leyes, se deja la puerta abierta para nuevas
detenciones. El proyecto no garantiza el retorno seguro de los
exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas ni establece
mecanismos de reparación integral para las víctimas. Es, en esencia,
una amnistía sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición.
Debe subrayarse que esta amnistía no es automática. Su aplicación
debe ser solicitada individualmente y queda sujeta a una verificación
judicial, manteniendo la discrecionalidad en manos del mismo sistema
que ejecutó la persecución. Se subordina la libertad de los presos
políticos al arbitrio de sus propios carceleros. Es fundamental acordar
el cese del proceso penal de forma directa o, en su defecto, la
intervención de jueces ad hoc cuya imparcialidad sea incuestionable.
Por otra parte, la propuesta busca proteger a quienes, desde el
sistema de justicia, han participado en la criminalización de
ciudadanos inocentes, ignorando la prohibición expresa de amnistía
para tales delitos. El artículo 29 de nuestra Constitución es taxativo:
;Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa
humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios.
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan
conllevar la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Todo ello convierte esta propuesta en un instrumento insuficiente para
una verdadera reconciliación nacional. La sociedad democrática
—desde sectores académicos, sociales y religiosos— ha presentado
propuestas para transformar este proyecto inicial. Esperamos que
dichos cambios se incorporen.
Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, la
derogatoria del ;derecho penal del enemigo y el desmontaje del
sistema represivo. Lo demás es simulación. Y Venezuela ya ha
pagado un precio demasiado alto por las simulaciones.
