Ciudad Guayana no nació por azar ni creció a tientas. Diseñada en la década de 1960 sobre los tableros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard, junto a la entonces Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la urbe fue concebida como la metrópoli industrial del siglo XX venezolano: un engranaje perfecto de zonificación racional, amplios retiros de vía, áreas de equipamiento público y corredores ecológicos diseñados para amortiguar el impacto del progreso. Desde el inicio se concibió como la alternativa no petrolera Venezolana, llegando a aportar hasta 8 mil millones de dólares al erario nacional por la vía de exportaciones no dependientes del crudo.
Hoy, sin embargo, el modelo de gobernanza local que rige al municipio Caroní dista drásticamente de aquella arquitectura visionaria. Tras analizar la coyuntura municipal, la organización ciudadana Gente para Servir Caroní, encabezada por el Ing. Simón Yegres como vocero principal, ha sistematizado una categoría tan coloquial como precisa para calificar la gestión pública local: la «doctrina de hacerse el loco». Una estrategia institucional caracterizada por la opacidad, la omisión deliberada, la ausencia de presupuestos de contingencia y la evasión de responsabilidades ante el deterioro progresivo de los servicios y la infraestructura.
Cinco ejes sintomáticos revelan la magnitud de este vaciamiento institucional.
1. La ironía hídrica: Con sed junto a los más grandes ríos
Ubicada en la confluencia del Orinoco y el Caroní —fuentes que concentran la mayor reserva de agua dulce del país—, Ciudad Guayana padece una crisis estructural de abastecimiento. Datos recopilados por contraloría social indican que el 91,5% de la población municipal está sometida a racionamientos severos, sean programados o intempestivos. Solo sectores puntuales del suroeste de Puerto Ordaz (aproximadamente un 8,5% del tejido urbano) gozan de un flujo continuo.
El impacto socioeconómico en los hogares es devastador. Para subsistir, la ciudadanía recurre a un mercado informal e intrafamiliar de agua tratada y cruda:
Botellones comerciales: Se estima un consumo anual de 14.520.000 botellones en la ciudad.
Tambores de almacenamiento: Alrededor de 11.500.000 tambores son adquiridos o llenados de forma precaria al año.
La sumatoria del gasto privado familiar en agua supera con creces el presupuesto requerido para la ingeniería de rehabilitación de las plantas de potabilización y redes de distribución. Mientras comunidades como la Ruta 2 de Vista al Sol acumulan más de doce años sin suministro por tubería, el ente municipal evade la intermediación y la exigencia de soluciones ante la hidrológica regional.
2. Canibalismo urbanístico y desprecio por los planes maestros
La alteración del Plan de Desarrollo Urbano Local (PEDUL) y del Plan de Ordenación Urbanística (POU) ha derivado en la pérdida sistemática de las Variables Urbanas Fundamentales. Las aceras han sido invadidas, los retiros de frente violados y las parcelas destinadas a equipamiento público han sido desafectadas sin criterio técnico.
Un patrón alarmante es la proliferación del uso industrial no permitido dentro de zonas estrictamente residenciales (R1 a R7). La instalación de talleres mecánicos, de refrigeración y de latonería en sectores urbanizados violenta la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, introduciendo riesgos ambientales y de convivencia incompatible.
El caso más crítico lo constituye el Parque La Ceiba: un pulmón vegetal de 278 hectáreas decretado en 1966 entre San Félix y Puerto Ordaz para garantizar la calidad ambiental de la metrópoli. Hoy, dicho espacio reservado para la conservación sufre cambios arbitrarios de uso para dar paso a desarrollos habitacionales e institucionales sin estudios de impacto ambiental ni soporte de servicios básicos.
3. Las cárcavas: el colapso silencioso del suelo
La geología local, combinada con la falta de mantenimiento en el sistema de drenajes pluviales, ha provocado un fenómeno erosivo severo. Ciudad Guayana registra más de 70 cárcavas activas, varias de ellas con dimensiones que amenazan directamente avenidas principales, redes de servicios y conjuntos residenciales.
A pesar de la gravedad del problema, que en cualquier planificación global activaría estados de emergencia municipal, las cárcavas permanecen invisibilizadas en la partida presupuestaria del municipio. La intervención oficial se limita a respuestas reactivas de contención mínima solo cuando se produce el colapso inminente del terreno o el corte de vías.
Los socavamientos en arterias viales principales (como las zonas de Alta Vista, inmediaciones del Paseo Rotario, cerca de Ferrominera del Orinoco, del Iutirla Puerto Ordaz, sectores de San Félix como La Victoria y Cañón del Diablo) carecen de partidas estables de mitigación preventiva en el presupuesto municipal, reduciéndose la acción estatal a respuestas coyunturales tras colapsos viales o colapsos estructurales inminentes.
4. La agonía de los centros históricos
Tanto el casco histórico de San Félix como el centro fundador de Puerto Ordaz muestran signos de abandono estructural:
San Félix: Padece una anarquización del tránsito, deterioro del comercio tradicional y congestión desordenada.
Puerto Ordaz (Centro): Muestra un cese casi total de actividad comercial y cultural durante las horas vespertinas, transformándose en una zona desierta en riesgo de extinción funcional. Esto cuando además tiene el agregado de ser el centro histórico donde nació la urbe que hoy es Puerto Ordaz.
A pesar de ser competencias exclusivas de la autoridad municipal —según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal—, no existen proyectos de conservación patrimonial ni planes de incentivo económico para revitalizar el núcleo identitario de la ciudad.
5. Explotación minera no metálica y metálica en áreas periurbanas
El problema trasciende las fronteras asfaltadas. Denuncias documentadas confirman la actividad extractiva y de dragado no solo en los embalses de Macagua y Caruachi, sino en tierra firme dentro de la parroquia rural Pozo Verde.
La extracción minera en estas zonas genera dos efectos críticos e irreversibles:
Sedimentación acelerada: Reduce la profundidad operativa de los embalses hidroeléctricos.
Afectación de turbinas: La alta concentración de material en suspensión daña componentes electromecánicos clave en la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (Macagua), poniendo en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La respuesta de la administración municipal ante eventos graves reportados en estas zonas —incluyendo derrumbes con pérdidas humanas— ha sido el silencio. El reporte de siniestros laborales (tapiados en minas ilegales a orillas del Lago de Macagua) confirma la expansión de frentes de extracción artesanal e ilegal a las puertas mismas del complejo hidroeléctrico nacional, generando sedimentación acelerada que reduce la vida útil de los embalses y expone a los componentes de turbinas de generación a un desgaste abrasivo prematuro. Esto ha sido publicado y evidenciado en los medios de comunicación, que incluso han denunciado saques ilegales e improvisados de oro incluso en los predios del parque La Llovizna, y con denuncias como las formuladas hace apenas unas semanas por la ONG SOS Orinoco, sobre el lago de Macagua.
La respuesta ciudadana frente al muro institucional
Ante la ausencia de cabildos abiertos y consultas públicas formales, las organizaciones técnicas y comunitarias han intentado canalizar soluciones por vías institucionales:
-Se han presentado ante la Alcaldía más de 78 casos documentados de violaciones directas a las ordenanzas de zonificación.
-El Colegio de Ingenieros de la localidad y la plataforma Gente para Servir Caroní entregaron observaciones técnicas estructuradas para la revisión de la ordenanza urbana, las cuales fueron ignoradas en su totalidad.
-En asambleas vecinales organizadas por comunidades afectadas por cárcavas (como el sector Los Alacranes), la presencia municipal se ha limitado a funcionarios de cuerpos de socorro sin capacidad de decisión, enviados a levantar actas informales.
La omisión sistemática como política de gobierno no elimina las crisis: las acumula. La sustentabilidad de Ciudad Guayana, concebida para ser el polo del desarrollo del sur venezolano, se encuentra comprometida no por falta de territorio o recursos, sino por el abandono de la planificación técnica que le dio origen. Y esa política de “hacerse el loco” no es una innovación del actual alcalde, se trata de una politica sostenida por todas las administraciones municipales desde comienzos del siglo XXI, con la única excepción del periodo de Clemente Escoto, quien con una vergonzosa timidez – impropia del personaje -, fue el único que puso sobre el tapete temas como el del agua y la Minería.
Ciudad Guayana fue concebida para ser una ciudad del futuro, para ser lo más sostenible posible y mantener un equilibrio ambiental que terminó generando maravillas como el gran parque urbano Caroní, donde el desaparecido parque Punta Vista, junto al Cachamay, el Loefling y la Llovizna se edificaron para convertirse en el pulmón vegetal y el punto de conexión con la naturaleza de los guayaneses. Ese diseño de avanzada, exige algo que hace más de 20 años no tiene la ciudad, una alcaldía verdaderamente progresista y conectada a la realidad y problemas de su gente. Eso es lo que realmente pone en pantalla con reflectores la denuncia de Yegres y su gente. (Gustavo Montaña – CNP 8235)
