El Instituto Casla solicitó este miércoles al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que
emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango de su
gobierno, al considerarlos como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El instituto señaló que la represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación,
detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual no han
cesado en Venezuela.
«Al día de hoy, son más de 2500 las personas detenidas, en su mayoría, han sido sometidos a
desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, intimidación, amenazas y, en varios casos, detención de familiares y amigos más
cercanos, y en la mayoría de los casos, ha intervenido el Dgcim, el Sebin, la PNB y la GNB», expresó
en un comunicado de prensa.
Para el Instituto Casla, esto demuestra que el régimen venezolano no está dispuesto a cesar la
represión, sino a desatar su «furia» contra la población civil y la diligencia política venezolana por
los resultados contrarios al gobierno, obtenidos en las elecciones presidenciales del 28 de Julio.
«La represión y persecución sistemática generalizada continua, se agrava, no se detiene. Nicolás
Maduro está dispuesto a continuar con los crímenes por el cual el Estado está siendo investigado,
con tal de mantenerse en el poder, a costa de la vida de los venezolanos».
Instituto Casla pide órdenes de arresto contra funcionarios de inteligencia venezolanos
El Instituto Casla pidió el pasado mes de julio a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de
arresto contra cuatro funcionarios de alto rango de cuerpos de inteligencia y policiales
venezolanos.
Los señalados pertenecen a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La solicitud se ampara en el Artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite a la Sala de Cuestiones
Preliminares de la CPI ordenar arrestos si hay pruebas suficientes de que se ha cometido un
crimen bajo su jurisdicción.
El Instituto Casla argumenta que estas personas han cometido crímenes graves y que su arresto es
necesario para impedir que sigan cometiendo crímenes o crímenes conexos.
Afirma tener múltiples casos de denuncias de víctimas, familiares y testigos que acusan a estos
funcionarios de represión y persecución sistemática.
«El Instituto Casla lleva sendos expedientes con múltiples casos de denuncias de víctimas,
familiares y testigos que han acusado y señalado a estas personas directamente, como parte de la
represión y persecución sistemática que el Estado venezolano ejecuta contra la población civil y
militar», expresa.
Entre las acusaciones se incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución
política. Según el Instituto, estos crímenes continúan cometiéndose. (EN)
