Informe anual del Instituto Casla: “El gobierno de Maduro tiene a la población acechada y vigilada, y a la oposición infiltrada”

13 junio 2024 | Política

El Instituto Casla presentó su informe anual sobre Venezuela. El documento fue enviado a la Corte Penal Internacional como respaldo a las denuncias. Titulado Venezuela: la instauración de un régimen del terror y persecución sistemática generalizada con la impunidad del poder y la injerencia del régimen cubano, documenta las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

En el acto estuvieron presentes Felipe González, que fuera jefe de gobierno de España, y Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas.

“En este informe, contentivo de seis capítulos, el lector podrá comprender la importancia e insistencia que hemos hecho sobre cómo funciona la estructura represiva y de espías del gobierno de Nicolás Maduro, que le permite tener a la población acechada y vigilada, a la oposición política totalmente infiltrada, con capacidad para introducir patriotas cooperantes en las filas de los partidos políticos, en las asociaciones civiles y sindicatos, en comercios, empresas, colegios, universidades, hoteles, clubes, asociaciones vecinales, donde todo el mundo es vigilado y los espías utilizados en su momento para los montajes de expedientes y acusaciones cuando quieren neutralizar a una persona, a un grupo, a una organización o a un partido político”, se lee en la introducción escrita por Tamara Suju, directora del instituto.

“Escribir sobre el dolor y el horror que viven día a día los venezolanos es sumamente desgarrador”, señala.

“Es ver la misma película desde hace 20 años y que la situación no cambie, sino que empeora con el tiempo que han tenido para multiplicar su estructura criminal y sus métodos y legalización de la persecución sistemática y generalizada”, continúa.

“Venezuela se ha convertido en un país donde los padres se han quedado sin sus hijos y los abuelos sin sus nietos”, agrega.

El Instituto Casla detalla la persecución y la represión

El Instituto Casla expone la intensa persecución y la represión sistemática contra civiles y militares, “con la suma de decenas de nuevos detenidos, incluyendo dirigentes políticos, sindicalistas, directores y miembros de ONG, influencers de las redes sociales, familiares de personas perseguidas, además de la persecución ejercida contra decenas de venezolanos en el exilio, que incluyen órdenes de aprehensión, señalamientos e intimidaciones sobre sus actividades y localización”.

Indica asimismo que el gobierno de Nicolás Maduro emprendió “la persecución contra María Corina Machado y el partido Vente Venezuela” utilizando “herramientas jurídicas y las instituciones que le responden políticamente sin ningún indicio de independencia para mantener la inhabilitación de opositores”.

Señala, de igual forma, que durante 2023 y lo que ha transcurrido de 2024, “el Estado venezolano no ha dejado de montar tramas conspirativas para acusar a la oposición y continuar con la persecución”.

El documento detalla los casos de Jhon Álvarez; de los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes; el de Yosida Vanegas de Monasterio; de Didelis Corredor Acosta y Bruno Juárez Flores; todos injustamente detenidos y acusadas sin justificación.

En el informe se explica además que “el régimen ha utilizado la excusa de las conspiraciones para vincular a conveniencia al partido Vente Venezuela y sus miembros”. Así detalla las detenciones de gran número de dirigentes, lo que ha generado en el prácticamente desmantelamiento de la agrupación política.

Lo que quieren las víctimas

El Instituto Casla indica que las víctimas manifestaron que deseaban que la investigación adelantada por la Corte Penal Internacional continuara “para que sean investigados y enjuiciados todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano para que no se repitan”.

Añade que las víctimas dicen “que la represión sistemática continúa, que no cesa, y que el régimen se radicaliza y ensaña contra los que se atreven a denunciarlo o los que se oponen de frente a la imposición de un Estado autoritario”.

Detalla que un número importante de víctimas que están en Venezuela temen persecución, acoso y encarcelamiento. Las que están en el exterior tienen miedo del “espionaje del régimen” y tienen temor de ser ubicados.

La presencia cubana

En el informe se señala que en los testimonios recogidos se denuncia “la participación directa de oficiales, funcionarios y agentes cubanos en la formación y planificación de la represión y persecución sistemática, y en la inducción y ejecución de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad”.

El Instituto Casla formalizó ante el equipo de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “la solicitud formal de investigar la intervención del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

En el documento se exponen varios testimonios de víctimas que identificaron a sus agresores, para ejemplo uno de ellos: “Me quemaron los pies con un cautín caliente, me mojaban con agua fría todo el día y la madrugada. Fueron tantas las torturas que recibí que deseaba morir porque ya no las aguantaba. Esas torturas las dirigía y las realizaban militares cubanos. Todo lo que se hacia adentro lo dirigían cubanos, les daban instrucciones a los militares venezolanos”.

Represión sistemática

El último capítulo del informe del Instituto Casla se dedica a la represión sistemática, las detenciones arbitrarias, las torturas físicas, psicológicas y blancas, la violencia sexual y la violencia de género.

El Instituto Casla recopiló al menos 16 nuevas incidencias, en el período que abarca el informe, que fueron enviadas a la Corte Penal Internacional, “cuyo contenido en las denuncias de las víctimas podrían abarcar al menos a 35 personas, ya que por lo menos dos víctimas fueron torturadas con otros compañeros y encerrados en la misma celda, mientras esperaban su turno para ser torturados”.

La situación de los presos políticos se extremó en este período, se denuncia en el informe: “Algunos familiares se vieron con la necesidad de denunciar los organismos nacionales e internacionales una y otra vez, así́ como en redes sociales y medios de comunicación, las situaciones graves de salud que presentaban sus representados y la negativa de la estructura represiva de permitir su atención”.

Entre las torturas físicas se enumeran descargas eléctricas, asfixias, water boarding, colgamiento, golpes y patadas, golpes en las uñas, azotes y extracción de piezas dentales.

Una de las víctimas dijo lo siguiente: “Bajaron mi short blanco y mi ropa interior y amarraron los cables a mis testículos y pasaron electricidad en múltiples ocasiones. El dolor que me hicieron sentir es indescriptible, lloré, rogué, grite auxilio sin encontrar respuesta. A cada brutal interrogatorio mi respuesta seguía siendo la misma, no sé de qué me hablan. Debo destacar que en mi tobillo izquierdo, en ambas piernas. específicamente en la espinilla y en mi mano derecha, quedaron cicatrices de las torturas a las que fui sometido, algunas heridas eran agravadas con cada tortura”.

Se documentó asimismo una violación de un oficial y al menos dos casos de intentos de violación mientras los torturaban.

Otra de las víctimas señaló: “Me dijeron que iban a presentarme al empalador, que era la persona que estaba encargada de meterle un palo por el recto a los hombres, violando así su humanidad, ya que no hablaba ni decía quién nos pagaba por ir a las protestas, ya que aseguraban que alguien lo hacía”.

Lo que recomienda el Instituto Casla

En el informe se concluye que los crímenes de lesa humanidad por los cuales el Estado venezolano está siendo investigado en la Corte Penal Internacional “continúan cometiéndose de forma sistemática y generalizada con el propósito de acorralar a la ciudadanía, de quitarles las esperanzas de sus luchas cívicas, bien sea por mejoras salariales, por  expresar su opinión, por denunciar irregularidades en el manejo de fondos públicos, o por su derecho a elegir y ser elegido libremente”.

El Instituto Casla recomienda, por eso, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “para que avance en el proceso de investigación y pueda identificar a los altos responsables de la planificación y ejecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano y el gobierno cubano, para que realicen las acciones que sean necesarias para asegurar el enjuiciamiento y las víctimas y sus familias puedan conseguir justicia y reparación”.(EFE)

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