La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española desplegó este miércoles un macrooperativo simultáneo ordenado por la Audiencia Nacional. La operación, que mantiene al gobierno de Pedro Sánchez bajo extrema presión, incluye el requerimiento de documentación en la sede federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid y el allanamiento de múltiples inmuebles.
Fuentes próximas a la investigación confirmaron a la agencia de noticias EFE que la operación está relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez.
Además de esta actuación, los agentes de la UCO también acudieron al despacho en Madrid del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
No se descartan otras actuaciones de la UCO en relación a esta operación, según indicaron las fuentes.
Santos Cerdán y otros detenidos
En este caso, el juez investiga presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos a través de una trama en la que también estarían implicados el expresidente de la Sepi (organismo que reúne a las empresas con capital público) Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
De hecho, este mismo miércoles, agentes de la UCO están registrando los domicilios de Cerdán y también el del empresario Javier Pérez Dolset.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en vasco) que se habría dedicado a orientar «diversos expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros», para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener «el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones».
La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.
El despliegue de la Guardia Civil ha generado una inmediata tormenta política en España, donde líderes de agrupaciones opositoras como el Partido Popular ya califican la situación institucional del Ejecutivo central como «insostenible».
Sánchez admite la gravedad de investigación a su partido
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, admitió la «gravedad» de las investigaciones de la Audiencia Nacional y ha garantizado la «total colaboración» con la justicia por parte de la dirección socialista.
En rueda de prensa desde Roma tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, Sánchez ha insistido en que lo que ha hecho la UCO de la Guardia Civil es cumplir con un requerimiento de documentación, como muchos otros que hacen en el marco de sus indagaciones, y no un registro de la sede socialista.
Sin «minusvalorar», ha dicho, la «gravedad» de la investigación dirigida por la Audiencia Nacional, el también secretario general socialista ha recordado que tiene que ver con el caso de Diez.
«Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes», expresó Sánchez, una idea que ha vuelto a repetir en otro momento al expresar su «compromiso firme» como líder del PSOE a responder si es necesario con la «contundencia» con la que «siempre» lo ha hecho.(Agencias y EN)
